Socializar la energía Lecciones de las campañas radicales de vivienda en Alemanial

La resistencia  a la privatización es tan antigua como  el propio neoliberalismo. Aunque numerosas remunicipalizaciones exitosas y batallas defensivas han logrado frenar  la embestida neoliberal contra la propiedad pública  en Alemania, la izquierda sigue encontrándose a la zaga (Cumbers y Paul, 2022). Sin embargo, el 26 de septiembre de 2021 marcó  un  punto de inflexión significativo  cuando la trayectoria  de las batallas  contra los efectos perjudiciales de la propiedad privada  comenzó a cambiar. La campaña “Expropiar Deutsche Wohnen & Co.” triunfó en un  referéndum en la ciudad-estado de Berlín  que abogaba  por  la expropiación de todas  las empresas privadas de vivienda que poseyeran más de tres mil  viviendas  en  la ciudad.  Para sorpresa  de muchos observadores y participantes, una mayoría decisiva del 59,1 % de los votantes apoyó la resolución pro- puesta  por  la iniciativa, que  había  encabezado una  impresionante campaña durante tres años. Esta campaña galvanizó  a varios miles de berlineses y los transformó en activistas comprometidos con el desmantelamiento del dominio de las colosales corporaciones financiarizadas sobre el mercado inmobiliario de Berlín.

Los activistas lograron un éxito rotundo y desde entonces no han cejado en su empeño de garantizar que se respete la voluntad de los berlineses y se lleve a cabo el referéndum. Su lucha  persiste, ya que los representantes de los sectores inmobiliario y de la construcción están bien coordinados. A pesar de la mala reputación del sector inmobiliario privado entre los inquilinos berlineses, el Partido Social-demócrata (PSD), en el Gobierno de Berlín,  lo considera un  socio aceptable. La aversión  del PSD a la expropiación es tan  fuerte  que, tras su reelección en 2023, optó  por formar una coalición  con  los conservadores en lugar  de continuar la alianza  progresista con los verdes  y, sobre  todo,  la izquierda (partidarios de la socialización). El movimiento se mantiene firme en su lucha  por la aplicación del resultado del referéndum, a través de organizaciones de inquilinos, manifestaciones y otros medios.

La iniciativa de Berlín tiene su base jurídica  en un artículo de la Constitución alemana que no se ha utilizado en los setenta años de historia del Estado alemán (occidental). El artículo 15 de la Ley Fundamental alemana ofrece  la posibilidad de socializar  la tierra,  los medios de producción o los recursos naturales independientemente de la voluntad de los propietarios privados.  Aunque deja claro que los actuales  propietarios deben  ser indemnizados, la opinión de los expertos  es prácticamente unánime en cuanto a que la indemnización puede  ser inferior al valor de mercado. Curiosamente, especifica que la socialización significa no solo la expropiación de activos, sino también su transferencia a la economía común (Gemeinwirtschaft). Por  lo general,  se entiende que  esto  implica  la democratización  de la toma  de decisiones  y la orientación hacia el bienestar público en lugar del beneficio  privado.

La campaña se basó en el creciente consenso  de la sociedad  alemana de que las políticas neoliberales iban demasiado lejos. Tras las campañas de privatización en Alemania desde la época del canciller Helmut Kohl  en  las décadas  de 1980 y 1990, que  se prolongaron hasta  bien  entrada la década  de 2000, en  los últimos  veinte  años se ha  estado  gestando en  Alemania un  potente contramovimiento a favor de la remunicipalización. Entre  2005 y 2017, tan  solo en el  sector  energético  se  produjeron 284  remunicipalizaciones de infraestructuras públicas  previamente privatizadas (Becker, 2017). Esta oleada  fue impulsada por movimientos ciudadanos locales. En 2013, un referéndum ciudadano obligó  a la ciudad  de Hamburgo a readquirir toda  la infraestructura de red  municipal (incluida el agua, la energía  y la calefacción).  Los municipios rurales  volvieron a adquirir redes privatizadas y formaron asociaciones  municipales suprarregionales, y en Berlín  y otros  lugares  se readquirieron algunas viviendas que antes eran propiedad del Estado. La tendencia a la remunicipalización es una  señal prometedora para  la reactivación de la propiedad pública  de los servicios públicos y para  la transformación socioecológica.  Sin embargo, el impulso ha decaído  en los últimos años, lo que sugiere que el punto álgido de la ola de remunicipalización puede  haber  pasado ya (Cumbers et al., 2022).

La lucha  por  la expropiación en Berlín  se basa en un  punto de partida político  muy similar, pero va mucho más allá de los proyectos de remunicipalización. Berlín  sufrió una  ola masiva de privatizaciones en la década de 2000. Tras un escándalo bancario en el que estaba  implicado un  banco  estatal,  Berlín  se encontró al borde  de la quiebra, lo que llevó al Gobierno local a aplicar  un  estricto  pro- grama  de austeridad. Cientos  de miles de apartamentos y terrenos, antes  municipales se vendieron a precios vergonzosamente bajos a fondos de alto riesgo, empresas privadas o fondos de pensiones. Tras numerosas fusiones, adquisiciones y la consolidación general  del mercado, estas viviendas pertenecen ahora  a un puñado de grandes grupos  europeos como  Vonovia,  Heimstaden o Adler. A principios de la década de 1990, más de quinientos mil apartamentos en Berlín eran de propiedad estatal; a finales de la década de 2000, solo quedaban 250.000 (Holm, 2022).

Los berlineses son muy  conscientes de que  estas corporaciones hacen  poco  con estos edificios, aparte de explotarlos para  obtener beneficios  mediante la escalada de los alquileres y las valoraciones especulativas. En consecuencia, Berlín se encuentra ahora  en plena crisis de la vivienda. La ciudad  tiene una gran afluencia  de personas y una  fuerte  demanda de vivienda,  una  situación que las empresas privadas  explotan subiendo los alquileres desorbitadamente y construyendo nuevos edificios de apartamentos caros en lugar de viviendas  sociales  asequibles.  Como declaró la activista de  la campaña Isabella  Rogner  en  una  audiencia en  el Parlamento de Berlín  en 2023:

Cuando evalúo los dos últimos años, mi principal observación es que la situación del mercado inmobiliario berlinés es peor que nunca para nosotros, los inquilinos. Si esta tendencia continúa, en pocos años habremos  perdido la ciudad  que  todos  ustedes, el Gobierno de Berlín, dicen defender. Tienen la oportunidad de salvar este Berlín, de preservar los hogares de millones de personas  y de protegerlas del desplaza- miento. El instrumento para ello, la socialización, está frente a ustedes (Abgeordnetenhaus von Berlin [@agh_berlin], 29 de agosto de 2023).

La campaña de expropiación se centra  precisamente en el evidente fracaso de la privatización de la vivienda. En lugar de intentar remunicipalizar estos apartamentos comprándolos a precios de mercado  sobrevalorados y esperando que  los  propietarios privados estén dispuestos a venderlos, la campaña ha dado un gran paso más. Propone expropiar las grandes  empresas inmobiliarias a un precio muy inferior al del mercado y, curiosamente, no  devolverlas al Estado. La campaña ha presentado un concepto para la administración de los edificios que  van a ser expropiados, en el que  los inquilinos, así como  representantes de la sociedad  civil, toman las decisiones en las estructuras del consejo y el Estado solo desempeña un papel menor. Reflejando críticamente las experiencias de propiedad estatal  del siglo XX, la iniciativa presenta un modelo imaginativo centrado en la democratización radical  de la toma  de decisiones (Deutsche Wohnen & Co Enteignen, 2023).

La socialización que  proponía la campaña iba mucho más allá de los modelos clásicos de propiedad: expropiación de las grandes empresas, indemnización por debajo  del valor de mercado y democratización y desmercantilización radicales. Estas ambiciosas  reivindicaciones  fueron el punto de partida de la campaña y triunfaron.

La iniciativa presentó un  concepto que  resultó convincente: desde hace mucho tiempo los berlineses han  tenido buenas experiencias con las viviendas comunales o el suministro municipal de agua. Aunque distaban mucho de ser perfectas, existían  experiencias políticas y organizativas con la propiedad pública  de estos sectores de servicios  públicos.  Junto con  un  programa político  que  abordaba adecuadamente la magnitud de la crisis de vivienda  de Berlín, había amplias  mayorías a favor de la expropiación. En fechas tan  recientes como  2018, cuando se lanzó  la campaña, tal resultado parecía impensable.

En Alemania, hay  conciencia de diversas  formas  de propiedad estatal  en los servicios básicos, incluso  bajo  el capitalismo: las empresas municipales de agua, las escuelas estatales y las viviendas municipales forman parte  de la experiencia vivida de la gente. Sin embargo, la propiedad pública rara vez es plenamente democrática y pocas veces rechaza por completo el afán de lucro  para  centrarse en objetivos  públicos. Los Estados o los municipios son tan capaces como  los propietarios privados  de presionar para  que  se extraigan beneficios  y no se invierta lo suficiente  en infraestructuras críticas. Esto es especialmente cierto si los activos deben  recomprarse a precios de mercado, lo que  limita  las posibilidades de los agentes  públicos. Además,  la propiedad estatal  siempre corre  el riesgo de ser privatizada de nuevo  cuando los presupuestos son ajustados. A pesar de algunas  buenas experiencias de remunicipalización, que han permitido mejorar la calidad  del suministro y abaratar los precios, no se aprecia ninguna tendencia hacia una oleada de propiedad pública adecuada a los problemas del siglo xxi, sobre todo  en el sector energético.

La remunicipalización o la creación  de nuevas  empresas municipales o cooperativas no bastarán por sí solas para  gestionar la transición energética de forma rápida  y socialmente justa.  Es necesario socializar  las grandes  empresas para romper su poder de mercado, dirigir inversiones masivas  a la generación de energías  renovables a escala y transformar el sector en su conjunto, junto con  los trabajadores, que tienen tanto el poder  de organización como  los conocimientos necesarios  para  la transición. Mucho  depende de no tener que recomprar activos a valor de mercado y de democratizar adecuadamente las empresas energéticas. Y esto solo será posible en el marco  de la socialización.

Las actuales  estructuras de propiedad y la mercantilización del sistema  energético alemán son producto de la liberalización de los sistemas energéticos a escala europea que se viene impulsando desde los años noventa en el contexto de la creación  de un  mercado interior único  de la energía  en la UE. En esencia, los paquetes de medidas de desregulación energética de la UE desde  1996 han  fomentado un sistema en el que las empresas privadas han podido hacerse con importantes segmentos del sector energético, y la energía, antes  considerada un “monopolio natural”, se ha transformado en un bien comercializable.

Las actuales  estructuras de propiedad del sistema energético alemán también han sido moldeadas por leyes negociadas por la minoría verde en el Gobierno a principios de los años 2000. El fomento de las energías  renovables está regulado desde  2000 por  la Ley de Energías Renovables, que es básicamente un mecanismo para incentivar la construcción de energías  renovables mediante una  tarifa de alimentación pagada por el consumidor (Haas y Sander, 2016). Este mecanismo de subvención con una compra garantizada de electricidad verde creó un entorno de mercado seguro  para  las inversiones privadas  a pequeña escala y tuvo  un  gran éxito como  modelo para este periodo. En retrospectiva, sin embargo, este mecanismo de subvención ayudó a iniciar un modelo de reducción de riesgo de la transformación verde, que está en expansión y que se ha observado cada vez más intensamente en los últimos años (Gabor, 2023).

La transición energética alemana fue impulsada en gran medida por pequeños actores privados:  cooperativas energéticas, particulares con paneles  solares en su tejado, servicios públicos municipales o empresas energéticas medianas que invierten exclusivamente en renovables. La tarifa regulada proporcionó a los pequeños agentes del mercado un  marco  normativo y una  seguridad económica que han garantizado durante mucho tiempo las inversiones en energías renovables e incluso llevaron a la industria solar alemana a ser líder del mercado mundial durante un breve periodo de tiempo.

A partir de los años  2000, la “Energiewende” (transición energética) alemana fue un proyecto descentralizado de transformación energética en el que participaron diversos agentes  y que, en consecuencia, fue elogiado  y reproducido a escala internacional. Aunque la propiedad privada  a pequeña escala suele beneficiar a los consumidores de clase media  y no necesariamente a los trabajadores y a las poblaciones urbanas más pobres,  al menos  se invirtió en energías renovables. Hasta 2019, las cooperativas, los particulares y los agricultores poseían una cuota del 40,4 % de la energía  renovable en Alemania (Agentur für erneuerbare Energien, 15 de enero  de 2021). Sin embargo, esto está cambiando actualmente: la proporción de energía  ciudadana a pequeña escala (Bürgerenergie) está disminuyendo lenta pero inexorablemente. Los promotores de proyectos, los bancos, las empresas de inversión y las cuatro grandes  corporaciones energéticas que dominaban el mercado de los fósiles se están pasando rápidamente a las energías  renovables. Se espera  que  su cuota siga aumentando en los próximos años, mientras que los productores de energía  locales, cooperativos y a pequeña escala seguirán perdiendo cuota (Solarserver, 21 de diciembre de 2020).

La propiedad local a pequeña escala y la remunicipalización deben desempeñar un  papel  en la transición energética. Sin embargo, es evidente que una  transición energética social y ecológicamente justa debe centrarse además en la construcción de modelos públicos  y democráticos a gran escala con el objetivo a largo plazo de una completa  desmercantilización del sector  y la prestación como  servicio público universal.

La socialización propuesta  por  la iniciativa de Berlín  significa la expropiación a gran escala de los activos de propiedad privada  y su transferencia a instituciones gobernadas democráticamente y de propiedad pública  centradas en objetivos  públicos.  La socialización ha demostrado su viabilidad como  estrategia de movimiento, sobre todo  porque politiza  el antagonismo entre  las grandes  corporaciones de propiedad privada  y el público. En el sector energético esto es relevante y necesario  especialmente en lo que respecta a las grandes corporaciones de producción de energía  y a los operadores de las redes de transmisión.

La producción de energía en Alemania solía estar dominada por cuatro grandes  empresas de combustibles fósiles (Haas, Herberg y Löw-Beer, 2022). Aunque estas empresas llevan  mucho tiempo invirtiendo poco en energías  renovables, ahora  están  entrando en el sector  y amenazan con privatizar el futuro del sistema  energético. Al mismo  tiempo, estas corporaciones aún  conservan y están  ampliando en parte  sus activos de combustibles fósiles, por lo que tienen  un  enorme interés  en  mantener su producción. Su inversión en energías renovables es cada vez mayor, pero está supeditada a los beneficios  futuros. Una  transición energética rápida  y socialmente justa  no  será posible  sin los activos, así como  sin los conocimientos, las capacidades  y la mano de obra de los trabajadores del actual sector de los combustibles fósiles. En lugar de incentivar a los agentes privados y subvencionar de hecho los beneficios  privados  con dinero público, sería más eficiente  que  las empresas pasaran a ser de propiedad pública  y financiar directamente la transición, sobre todo si se tienen en cuenta los costos sociales de la misma  (Lawrence, 26 de septiembre de 2022). La socialización y la financiación esta- tal de inversiones considerables en capacidades  renovables a través de instituciones energéticas gobernadas democráticamente y de titularidad pública  podrían crear  puestos de trabajo sindicalizados y de calidad en  el sector  de las energías renovables y gestionar la pérdida de empleos  en industrias que deben  reducirse o eliminarse progresivamente, como  la minería del lignito  o la industria automovilística. Por el contrario, una  transición basada en la propiedad privada  nunca podrá ofrecer a los trabajadores vías seguras  hacia sectores futuros. Las empresas socializadas  también podrían realizar eficazmente las inversiones necesarias, ya que no están obligadas a proporcionar un rendimiento de mercado a los accionistas, y reducir así los costos de capital para la transición.

La socialización no solo implica  la transferencia de la propiedad, sino que también incluye  la gobernanza democrática y la atención al bienestar público. Las empresas de energía socializadas  tendrían que estar gobernadas por representantes de los consumidores, asociaciones  ecologistas  y trabajadores, y el Estado  tendría un  papel secundario. Al mismo  tiempo, tendrían que estar ancladas  en objetivos claros de política  pública,  como  el suministro de energía  asequible, los objetivos  de inversión en renovables y la transferencia de conocimientos al sur global.

La socialización presenta una solución a problemas similares en relación con las redes de transmisión. La red alemana de transmisión  a larga  distancia  está  actualmente dividida  entre  cuatro empresas privadas,  financiadas a través de las tarifas de red que pagan los consumidores. Estas tarifas  las determina una  agencia  estatal  e incluyen un importante rendimiento del capital. Por consiguiente, los accionistas  de estas empresas reciben  un  beneficio  garantizado, suscrito  por  los consumidores. Al mismo  tiempo, hay una  falta de inversión que crea desequilibrios regionales y obstaculiza la expansión de las energías renovables. En lugar de esto, la red de transporte a larga distancia  debería gobernarse democráticamente a nivel nacional. La gobernanza de las redes de transporte debería seguir unos objetivos  públicos  claros y fijados democráticamente, como una  expansión de las energías renovables basada en las necesidades  y estar dirigida por los trabajadores y los representantes electos.

La socialización de las grandes  empresas energéticas y de los operadores de redes debe complementarse con la propiedad democrática  pública  a nivel local. La producción local y descentralizada de energías  renovables podría  ser impulsada en parte  por cooperativas energéticas. En las ciudades,  los consejos de energía  elegidos podrían desarrollar planes  de descarbonización y reducción de la energía  que serían  aplicados  por proveedores de servicios públicos municipales democratizados. Los servicios públicos  regionales podrían  vincular los planes  locales de descarbonización con la expansión coordinada a nivel suprarregional de las energías  renovables y las capacidades  de almacenamiento.

Así pues, una  transición energética democrática en un  sector energético socializado  se sustenta en  diversos  modelos de propiedad  pública democrática. La complejidad del sistema  energético, con  diversas  funciones, como  la transmisión, la distribución y la producción que operan a diferentes escalas, exige una  multitud de mecanismos e instituciones de gobernanza democrática.

Por  lo tanto, un  sector  energético socializado  debe  entenderse como un sistema integrado de varios niveles que presenta una  amplia variedad  de modelos de propiedad pública  y democrática que se refuerzan y potencian mutuamente (Cumbers, 2012). No se trata solo de propiedad, sino también de gobernanza, participación y responsabilidad. También se trata  de crear estructuras en las que la toma  de decisiones sea compartida y los beneficios se distribuyan de forma  más equitativa. Esto incluye la socialización de las grandes empresas energéticas y los operadores de transmisión, la remunicipalización de las redes  locales  y la producción de energía,  así como  el apoyo  y la promoción de la propiedad local y cooperativa a pequeña escala. Se trata  de garantizar que las personas  afectadas por las políticas  energéticas tengan voz y voto en la elaboración de dichas políticas.  Un sistema  energético de este tipo  tiene  el potencial de llevar a cabo la transformación energética necesaria  de una manera no solo más rápida  y eficiente, sino también más equitativa. Se trata  de diseñar  un  futuro energético que  dé prioridad al bienestar de los ciudadanos y del planeta, y garantice que la energía  sea accesible, asequible y sostenible para todos.

Obviamente, este breve esbozo de transformación energética democrática basada en la socialización contrastaría enormemente con los planteamientos políticos dominantes en la actualidad. Proponemos que  la socialización puede  ser el núcleo  de un  proyecto emancipador  que  contrarreste la actual  captura capitalista de la transformación energética. La transformación hacia  un  capitalismo verde dirigido  por  el Estado  no  es en absoluto un  proyecto hegemónico firmemente establecido y sigue habiendo contradicciones significativas que  ofrecen  oportunidades para  una  nueva  oleada  de luchas en torno a la propiedad pública.

Un  contraproyecto emancipador al  capitalismo verde  aún  no está suficientemente definido  ni organizado y mucho menos  suficientemente preparado para generar estratégicamente un poder  de contrapeso a largo plazo. El reto de establecer  un proyecto hegemónico de este tipo  es doble.  Por  un  lado,  existe una  necesidad permanente de resistirse  a los retrasos  en la transición energética que propugna la facción reaccionaria-fosilista (y, en parte, de formar las alianzas  necesarias  con  los actores  del  proyecto verde-capitalista). Por otro lado, es necesario  articular una crítica inspiradora, que inste a la acción, del proyecto verde-capitalista emergente.

Aunque este proyecto alternativo emancipador aún  no esté plenamente establecido, actualmente existe un  terreno fértil  para nuevas  alianzas.  Proyectos  pioneros como  la cooperación entre  el movimiento juvenil  Fridays for Future y el sindicato del sector de servicios Ver.di para una  acción industrial conjunta en el sector del transporte público dan  esperanzas para  una  nueva  fase de luchas en el sector  de la movilidad. En 2024, los activistas del clima  y los sindicalistas  volverán a unirse  para reclamar mejoras  salariales y mayores  inversiones en el transporte público. El giro de parte  del movimiento climático hacia  los sindicatos,  así como  el correspondiente giro climático en parte de los sindicatos,  podría sentar las bases para nuevas alianzas. Las fracturas  y contradicciones internas del capitalismo verde ya ofrecen  puntos de entrada para separar  del proyecto verde-capitalista a actores  individuales como  los sindicatos y, en cierta medida, las asociaciones  ecologistas, y ganarlos  para alianzas entre  la izquierda y los verdes.

Todo proyecto político  exitoso requiere un  núcleo  popular que pueda  servir  de anclaje  para  las alianzas.  Estamos  convencidos de que un programa radical de propiedad pública  basado  en la socialización de la transformación energética puede formar este núcleo popular. Aunque un proyecto político emancipador no logrará la hegemonía a corto plazo, cada  vez se hace  más  hincapié en  construir poder  en torno a la propiedad pública  y la socialización. En Renania, parte  del movimiento climático alemán se inspira  en  la exitosa iniciativa de expropiación de Berlín. La campaña “Expropiar RWE & Co.” pretende socializar  la infraestructura energética privada en el estado  federal  de Renania del Norte-Westfalia; desafía, de este modo, a las dos grandes  empresas energéticas, RWE y E.ON, y se propone transferirlas a una  estructura pública  y democrática para  impulsar la transición energética local. La iniciativa está contemplando las posibilidades legales de expropiación, así como  en conceptos para un sistema energético democratizado; realiza así un trabajo pionero para  un  sector energético socializado.  Otras partes del  movimiento por  el  clima  también están  empezando a  desarrollar estrategias  sobre  la socialización en el contexto de la crisis climática (en el sector energético y más allá) y pretenden exponer ideas de campaña concretas en una  conferencia estratégica  a principios de 2024.

La socialización de la transformación energética podría  presentar un núcleo unificador para la política  emancipadora, ya que ofrece mejoras concretas en los medios de vida de las personas al reducir y trasladar los costos de la transición, al tiempo que  proporciona un curso de acción acorde con la magnitud de la crisis climática. La socialización puede  ser −y ha sido− un objetivo de campaña exitoso y convincente, ya que permite que la mayoría de la población participe en los beneficios de la transformación, por ejemplo, a través del abaratamiento de los precios de la electricidad y la energía  (y en la prestación a largo plazo como  servicio básico universal). Ofrece así una  perspectiva optimista a quienes  sufren  actualmente bajo el capitalismo neoliberal, y demuestra que, incluso  en medio  de la crisis climática, pueden lograrse  mejoras sustanciales  en las condiciones materiales de vida individuales a través de soluciones colectivas y no individuales basadas en el mercado.

Socializar  las corporaciones energéticas y transformarlas junto con los trabajadores del sector, que aportan tanto los conocimientos como  los recursos  de poder  para  hacerlo, es necesario  y posible. Si bien ha habido luchas locales y regionales en torno a la remunicipalización, hay una  falta de experiencia del movimiento en la lucha  y la configuración de la propiedad pública  a un nivel que responda a la crisis climática. Con una  agenda  de socialización podemos moldear conceptos de propiedad pública  amplia  en objetivos  de movimiento concretos y alcanzables.

La socialización, potencialmente  a través de referendos, permite la entrada estratégica  en el terreno y el poder  a nivel  estatal  sin asumir necesariamente la forma  de partido político,  y sienta así las bases para alianzas de diversos actores. Dados  los fundamentos jurídicos de la socialización en  el artículo 15 de la Ley Fundamental alemana y las experiencias prácticas  iniciales obtenidas a través del movimiento de expropiación de Berlín, existe una  oportunidad única  para  desarrollar la práctica  de los movimientos en torno al establecimiento de formas  de propiedad pública  democrática. Esto es crucial  para los movimientos sociales, que no solo requieren demandas bien articuladas, sino también espacios experienciales y formas prácticas.

En 2018 nadie en Berlín pensaba que la expropiación de las corporaciones de vivienda  tendría la más  mínima posibilidad de generar una  mayoría pública,  pero hoy la socialización es una  posibilidad  muy real y una propuesta ineludible en los debates políticos en torno a la crisis de la vivienda. El cambio  social puede  avanzar  a veces más rápido de lo previsto.  Si se puede  generar una  dinámica similar  en el sector energético, aún puede  haber  esperanza.

Abgeordnetenhaus von  Berlin [@agh_berlin] (29 de  agosto de 2023). 22. Sitzung  des  Ausschuss  für  Stadtentwicklung, Bauen und  Wohnen am  28.08.2023 YouTube. [Isabella  Rogner desde 1:28:45]. https://www.youtube.com/watch?v=TCT3iK6LaHc 

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