Doble poder Forjar un movimiento para abolir el capital fósil y construir energías renovables públicas

Se ha producido un cambio  pronunciado en el movimiento climático desde el ocaso de la pandemia de COVID-19. El movimiento se centra  cada vez más en la abolición del capital  fósil. Cuando 75.000 personas  se manifestaron en Nueva  York antes de la Cumbre de las Naciones Unidas  sobre  la Ambición Climática en  septiembre de 2023, una  pancarta en la que se leía “Biden: acabemos con los combustibles fósiles” colgaba del podio de los oradores al final de la marcha. El éxito arrollador del libro de Andreas Malm Cómo dinamitar un oleoducto (2020) −que fue adaptado al cine en 2022− ejemplifica y ha contribuido a intensificar este giro del movimiento climático hacia una confrontación más radical e incluso insurreccional con el capital fósil.

Con  este cambio  estratégico ha llegado un creciente escrutinio crítico de las protestas masivas  no  violentas como las orquestadas por Extinction Rebellion (XR). La convicción principal de XR de que el movimiento solo necesita  sacar a la calle el 3,5 % de la sociedad para producir un cambio político  serio no ha reducido el poder político  del capital  fósil y la abundante capacidad  de las sociedades capitalistas  democráticas liberales para desactivar y resistir la protesta popular. En lugar de estos esfuerzos por intervenir en la sociedad llamando la atención de los medios de comunicación mediante manifestaciones masivas y detenciones frente  a los grandes bancos, las sedes de las compañías petroleras y las oficinas  de los periódicos, se ha producido un mayor  interés por las estrategias militantes para cerrar oleoductos, refinerías y otras formas de infraestructura de combustibles fósiles.

Pero la estrategia de sabotaje  fósil enfrenta enormes obstáculos. En primer lugar, está el problema de la represión. La protesta se ha vuelto muy difícil en los principales petro  Estados del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos,  el Estado  ha perseguido duramente a los movimientos ecologistas orientados a la acción (así como a otros movimientos como  Black Lives Matter (BLM)) durante los últimos treinta años. La categorización del Frente de Liberación de la Tierra  como  grupo  ecoterrorista y su persecución por parte del FBI en la década de 1990 y principios de la del 2000 ejemplifican una historia de criminalización que  supone un  serio  freno  a los actos de sabotaje  fósil. El enorme desequilibrio de poder  resultante entre las pequeñas bandas  de saboteadores de los combustibles fósiles y el vasto aparato coercitivo  estadounidense hizo prácticamente imposible una acción eficaz. Y no es solo esta historia de represión la que puede disuadir los actos de sabotaje  en la actualidad. Más de una docena  de estados  han  aprobado leyes que criminalizan las protestas (Herr, 10 de febrero  de 2022) contra los combustibles fósiles, y el Gobierno federal  ha intensificado sus propias  tácticas de vigilancia y penalización de los manifestantes. Los cargos por asociación ilícita presentados por el estado de Georgia  contra los manifestantes del movimiento Defend the Atlanta Forest son un indicio  de las medidas extremas que las autoridades están dispuestas a adoptar contra cualquiera que  cuestione o interrumpa el capital  fósil en Estados Unidos (Bruce y Shamsi, 21 de septiembre de 2023).

Además,  aunque explote  un  oleoducto, las petroleras siempre pueden construir otro  o simplemente poner el petróleo en trenes. Al fin y al cabo, una  de las principales características del petróleo es su fluidez, que  facilita  su desplazamiento para  evitar  los esfuerzos por  establecer  puntos de estrangulamiento en los suministros y golpear  al capital  fósil (Mitchell, 2011). La oleosidad del petróleo fue, de hecho,  una  razón  importante de su histórico ascenso  a la preeminencia energética. Los saboteadores fósiles tendrían que ser numerosos y estar geográficamente dispersos  para  poder  cerrar las muchas rutas diferentes por las que el petróleo puede  fluir hasta el mercado en un  país como  Estados Unidos.  Ciertamente ha habido algunos actos heroicos  por parte de los llamados torneros de válvulas, como  los Four  Necessity  Valve Turners, que  fueron arrestados en  2019 mientras intentaban cerrar  el oleoducto Enbridge Line 4 en Minnesota. Pero  las filas de los torneros de válvulas no están  ni cerca de ser suficientes  para  disminuir seriamente el flujo de combustibles  fósiles. Sin duda,  el miedo  a las largas  penas  de prisión tiene  mucho que ver con esto.

La defensa  de la “necesidad” movilizada por los torneros de válvulas  de Minnesota sugiere  una  posible  estrategia a desarrollar y, lo que  es igualmente importante, también popularizó el sabotaje fósil. En su juicio, el grupo  argumentó que sus acciones eran  necesarias y estaban legalmente justificadas  en respuesta a la amenaza de un cambio  climático catastrófico. Esto dependía de convencer al presidente del tribunal de que “permitiera al jurado considerar la defensa  de ‘necesidad’”. Puede  que  no  lo hiciera. De hecho, dado el abrumador número de jueces conservadores nombrados en  los últimos años  por  la derecha  alineada con los combustibles fósiles, parece  temerario contar con  una  aceptación judicial  generalizada de esta defensa.

Al igual  que  el movimiento de desinversión y otros  esfuerzos por movilizar un número cada vez mayor  de personas  contra el capital fósil, esta estrategia enfrenta un problema básico: los combustibles fósiles siguen siendo bastante populares. No me refiero solo a los conductores de Harley  Davidson, los entusiastas de las carreras de NASCAR y los trabajadores de los oleoductos. Los combustibles fósiles son fundamentales para  el bienestar económico de muchos −incluso  de la mayoría−  de los habitantes de las principales naciones capitalistas. Como ha  argumentado Andreas  Malm,  el capital fósil reorganizó la vida de la clase trabajadora: concentró la energía y el trabajo en  las ciudades  y maximizó así su control sobre  ellas (Malm, 2016). La “compulsión muda” que el capital  ejerce sobre los trabajadores se pone  especialmente de manifiesto en la dependencia casi universal de los combustibles fósiles, que actualmente son la fuente  no solo de puestos de trabajo, sino también de la mayor parte de la luz, la calefacción, los alimentos y la ropa.1

El estancamiento político  resultante se manifiesta en la correlación directa entre el costo de los combustibles fósiles y el precio de otras mercancías. En el reciente brote inflacionario de Estados Unidos,  por  ejemplo, el 40 % del aumento de los precios  en  toda la economía se debió a la subida  de los precios del petróleo y el gas (Leber, 12 de agosto de 2022). No se trata  de una  aberración: según el economista Mark Zandi, todas las recesiones  desde la Segunda Guerra Mundial han  estado  precedidas de una  subida  de los precios del petróleo. Esto, por supuesto, sugiere que sería una gran idea abandonar el capitalismo fósil, no solo por el daño  que los combustibles fósiles causan  a las comunidades de primera línea en lugares como  el “Callejón del Cáncer” de Luisiana,  la franja  de 135 km a lo largo del río Misisipi que alberga más de doscientas plantas petroquímicas  y refinerías. La abolición de los combustibles fósiles acabará  también con  la lacra  de la “fosilflación”.  Pero  eso es a largo plazo. A corto plazo, si disminuye el suministro de combustibles fósiles, aumenta la inflación  y se encarecen la gasolina y los alimentos. Cuando esto ocurre, la gente  sufre y a menudo echa a los políticos que considera responsables de su sufrimiento.

En otras palabras, la negativa de las élites políticas  a enfrentarse al capital fósil no se debe simplemente a la corrupción política, aunque  sin duda  es un  factor  importante. La mayoría de los políticos no están dispuestos a correr el riesgo de provocar la inflación y las reacciones  adversas de la población al frenar  el suministro de combustibles  fósiles. Las protestas de los chalecos  amarillos en Francia son un  ejemplo de esta dinámica. Y, al menos  en Estados Unidos, la idea de aplicar impuestos más elevados a las empresas petroleras y a los ricos para  subvencionar a todos  los demás  es un  fracaso político.  Esto explica las desesperadas exhortaciones de Biden  a las refinerías de petróleo para que aumentaran la oferta  cuando la inflación  se disparó  en 2022 (Saenz  y Betsy, 15 de junio  de 2022). También ayuda  a explicar por  qué  tanto él como  el expresidente Obama persiguieron una estrategia energética de “todo lo anterior”. La Ley de Recuperación de 2009 de Obama, que adjudicaba 90.000 millones de dólares  en créditos  fiscales federales,  pretendía ayudar a impulsar los proyectos  de energías  renovables (Osaka, 1 de junio de 2020). Este acuerdo, conocido como “equidad fiscal”, ha sido criticado con razón,  ya que  permite a un  puñado de grandes  bancos que proporcionan dinero en efectivo a los promotores privados  de energías  renovables a cambio  de créditos  fiscales decidir  qué proyectos se construyen y, en muchos casos, paralizar por completo el desarrollo de las energías  renovables (Knuth, 2021). La Ley de Reducción de la Inflación de Biden mantiene este acuerdo corrupto, aunque también permite que  la financiación fluya hacia autoridades públicas  como  la NYPA, un hecho que fue clave en la campaña para aprobar la BPRA en Nueva  York. Sin embargo, junto con estas políticas  de apoyo a las energías  renovables, el gobierno de Obama casi duplicó las subvenciones a la exploración de petróleo y gas, a pesar  de la promesa de 2009 de eliminarlas gradualmente  (Leber, 11 de noviembre de 2014). El apoyo de Biden a la expansión tanto de las energías renovables como de los combustibles fósiles coincide con estas políticas anteriores aparentemente contradictorias. Como resultado, Estados Unidos  va camino de convertirse en el país que más ampliará la extracción de petróleo y gas de aquí a 2050, lo que representa más de un  tercio de la expansión mundial prevista  Oil Change International, 2023).

La única  forma  de salir de este atolladero político,  que  está sumiendo al planeta en un  caos climático cada vez más profundo, es intensificar y diversificar  los esfuerzos  para  desmantelar la infraestructura fósil, junto con una  expansión masivamente acelerada de las energías renovables. En cuanto a lo primero, necesitamos que prolifere no solo el movimiento de desinversión, sino también actos de disidencia creativa  dirigidos contra la clase de los megadonantes y sus esfuerzos por utilizar las instituciones culturales para  maquillar de verde su reputación. Un ejemplo de estas tácticas es la campaña  Strike MoMA, dirigida  contra las élites petroleras del consejo de administración del Museo de Arte Moderno (MoMA)  mediante una  serie de protestas semanales y actos educativos.2  Además  de criticar  −y finalmente desmantelar− a la oligarquía petrolera y su hegemonía cultural, tenemos que ampliar el movimiento por el poder público. Contrariamente a los mitos sobre la rápida transición energética a través  del sector privado, el libre  mercado y el inexorable abaratamiento de las energías renovables, la única forma de conseguir una  energía rápida y justa es a través del poder  público. En consecuencia, el control democrático del sistema  energético es esencial para la liquidación del capital fósil.

Hace unos años se hablaba mucho de que las empresas de combustibles fósiles invertirían a lo grande en energías  renovables. El nuevo director ejecutivo de BP anunció, por ejemplo, que en 2020 la empresa reduciría la producción futura de combustibles fósiles en un 40 % y aumentaría su capacidad  de generar electricidad a partir de fuentes renovables hasta cincuenta gigavatios (GW), es decir, veinte veces más (Bousso, 20 de septiembre de 2021). Hay motivos  para ser escépticos sobre la durabilidad de estas inversiones, sobre todo desde que BP se rebautizó como Beyond Petroleum (Más allá del petróleo) en 2001, pero  después  eliminó sus programas de investigación sobre  energía  verde  y los guardó en un  archivo  privado de la em- presa (Macalister, 16 de abril de 2015). Su conversión a las energías renovables en 2020 no iba a durar:  cuando BP abandonó sus planes de reducir la producción de petróleo y gas a principios de 2023, el precio  de sus acciones se disparó.  No es la única.  Según  la Agencia Internacional de la Energía, en los últimos años las empresas de petróleo y gas han  destinado menos del 5 % de sus inversiones a la producción y exploración de fuentes  de energía  de bajas emisiones (Bordoff, 7 de agosto de 2023).

Pero la inconstancia no es la única razón por la que la transición energética no debe dejarse en manos del capital  fósil. Como  ha demostrado Andreas Malm, gracias a la quema de combustibles fósiles el capital fósil pudo desvincular la producción de energía de fuentes naturales como  el sol y el viento  y, en consecuencia, concentrar a la clase trabajadora en  fábricas  urbanas, donde  podía  ser exprimida para obtener el máximo beneficio  (Malm, 2016). Esta estrategia y la enorme energía  generada por  los combustibles fósiles produjeron una  acumulación de  capital  sin  parangón, pero  también crearon una  destrucción medioambiental  catastrófica  sin  precedentes, incluidas  las emisiones de carbono. Estas características opresivas  no se disiparán simplemente si el capital  fósil desplaza  sus inversiones hacia  las energías  renovables. Como argumenta Tatjana Söding, el capital fósil está intrínsecamente comprometido con la explotación y la destrucción medioambiental:

Dado que el capital fósil, en la dinámica de su acumulación original, en primer lugar creó un  espacio y un tiempo abstractos, en segundo lugar maximizó su control sobre la fuerza de trabajo global para permitir  un grado de acumulación de capital  (más) elevado  y en tercer lugar creó la destrucción natural como un subproducto necesario,  su transición a las energías  renovables no debe entenderse como un alivio de estos subproductos intencionados (Söding, 20 de abril de 2023).

Söding sugiere que no debemos dejar la transición energética en manos de empresas de combustibles fósiles como  BP, dado  que  se basan en una explotación profundamente destructiva de los trabajadores y el medio  ambiente, así como en su orientación megalómana creada  por el acceso a reservas prácticamente ilimitadas de energía fósil.

En los primeros meses de nuestra organización, la campaña Poder Público descubrió que las dinámicas destructivas que  caracterizan a las grandes  petroleras también son fundamentales para  las empresas eléctricas  con fines de lucro.  PPNY comenzó a finales de 2019 con una campaña organizada por la filial de la agrupación Democratic Socialists of America  (DSA) de la ciudad de Nueva York contra un aumento de las tarifas eléctricas propuesto por la empresa de servicios públicos con fines de lucro ConEd.  Al igual que en otros estados de Estados Unidos,  las tarifas  que  los consumidores pagan a las empresas de servicios públicos por la electricidad en Nueva  York están  reguladas por  los organismos designados  políticamente en la llamada Comisión de Servicios Públicos  (PSC). Pero aunque se supone que la PSC debe mantener tarifas asequibles, los investigadores de la campaña descubrieron que  ConEd  ya cobraba las segundas tarifas residenciales más altas del país. Además, a pesar de obtener enormes ganancias,  ConEd  y las empresas de gas como National Grid amenazaban sistemáticamente con cortar el suministro a los clientes con bajos ingresos.

Y no se trataba solo de que la empresa se comportara de forma manifiestamente injusta. Los investigadores de Public  Power  descubrieron que National Grid y otras empresas con ánimo de lucro tienen un incentivo estructural para construir tanta infraestructura como  sea posible  para  justificar el aumento de sus tarifas. Esto se debe a que las empresas de gas reciben  las llamadas “subvenciones a la ampliación de líneas”,  dinero recaudado de los consumidores de energía  para pagar gasoductos  adicionales. Este acuerdo significa esencialmente que  las empresas con  ánimo de lucro  obligan  a los ciudadanos comunes y corrientes a pagarles para asegurar  las infraestructuras fósiles.

El carácter  explotador y destructivo para  el medio  ambiente de este aspecto  del capital  fósil quedó  aún  más claro  cuando nuestra campaña descubrió que  ConEd  paga  1,4  millones de  dólares  en cuotas  anuales  a asociaciones  comerciales como  el Edison Electric Institute y la American Gas Association, que  ejercen  presión  para socavar las energías  renovables, desregular el mercado energético y consolidar el poder de las empresas privadas  de servicios públicos. Esta información y nuestro análisis  de los incentivos estructurales que llevan a las empresas de servicios públicos  con ánimo de lucro a construir infraestructuras fósiles dejaron claro a la campaña Public Power que solo una autoridad pública  controlada democráticamen- te podría  conseguir una transición energética rápida  y justa.

El carácter  racista del capital  fósil quedó  patente cuando la ciudad de Nueva  York sufrió  una  ola de calor durante el verano  posterior al inicio de la campaña contra la subida  de tarifas. En medio de esta ola de calor, ConEd cortó el suministro eléctrico a las comunidades  obreras  de color de los barrios  periféricos de la ciudad para proteger el suministro de las comunidades más ricas de la ciudad (Raskin, 23 de julio  de 2019). Las comunidades de lugares  como  el este de Nueva  York no solo suelen ser más pobres, sino que también tienen menos acceso a espacios verdes frescos y aire acondicionado, lo que contribuye a elevar las tasas de mortalidad relacionadas con el calor. Cortarles la luz fue un escalofriante ejemplo de la creación de “zonas de sacrificio” en comunidades racializadas. Tras estos incidentes, la campaña Public Power recorrió las zonas afectadas por los cortes de electricidad y celebró  asambleas municipales por toda la ciudad, explicando que la lucha  por un poder controlado democráticamente era la solución a las inasequibles tarifas eléctricas  y a la injusticia de los cortes de electricidad.

Una de las grandes  cuestiones a las que se enfrentaba la campaña Public  Power  era cómo  crear una  alternativa a las empresas con ánimo de lucro. Después  de todo, empresas como  ConEd, que han existido  de una  forma  u otra  desde  la construcción de la red  moderna,  ejercen  un  inmenso poder  económico y político.  Afortunadamente, en el estado de Nueva York existe una  fuente alternativa de energía: la Autoridad de Energía de Nueva  York (NYPA). Creada durante la Gran  Depresión, la NYPA fue concebida por el entonces gobernador Franklin Delano Roosevelt como una alternativa pública a los precios abusivos de las empresas privadas  de la época. Aunque la NYPA genera aproximadamente el 20 % de la energía  limpia del estado a través de sus centrales hidroeléctricas en los Grandes Lagos, su capacidad  para construir nuevas energías  renovables estaba limitada por ley antes de la aprobación de la BPRA. Nuestra investigación sobre la NYPA nos convenció de que la autoridad podía construir proyectos de energía renovable más baratos, más rápidos y más eficientes  que el sector con ánimo de lucro. A diferencia de las empresas energéticas con ánimo de lucro, por ejemplo, la NYPA no está obligada a generar ganancias astronómicas para los inversores. Además, gracias a su elevada calificación crediticia, la NYPA puede pedir préstamos para financiar proyectos  a tasas de interés  muy bajas. Esto significa que no tiene  que subir  las tarifas de los servicios públicos  para  construir infraestructuras, como  hacen  las empresas de servicios públicos  propiedad de inversores. El desarrollo de energías renovables dirigido por la NYPA podría  evitar que se intensifique la pobreza energética para cuya solución  se lanzó  inicialmente nuestra campaña.

Los organizadores, con experiencia en la lucha  por la democracia energética en Nueva  York, se dieron cuenta de que la campaña Public  Power  tenía  que  trabajar a escala estatal para conseguir la legislación necesaria a fin de otorgar a la NYPA el mandato de construir nuevas  energías  renovables. La campaña decidió  organizar un amplio movimiento popular a favor  del poder  público y trabajar con socialistas y otros aliados dentro de la legislatura estatal para impulsar la BPRA. Formamos la coalición estatal por el poder público a finales de 2019, reuniendo a activistas  de la democracia energética, grupos  de justicia  medioambiental y organizaciones climáticas como Sunrise  Movement. A principios de 2020, comenzamos el proceso de colaboración para investigar de qué modo  la legislación de energía  pública  podía  satisfacer diversas necesidades  en todo el estado y también comenzamos una  serie estatal  de eventos  públicos  Energía 101 para educar a las personas sobre la injusticia  y el pésimo  rendimiento del sistema  de servicios públicos  con  fines de lucro. Durante la pandemia, nuestras victorias demostraron que Public  Power  era  una  fuerza  a tener  en  cuenta:  organizamos con éxito una moratoria del corte de electricidad y la condonación de la deuda de las empresas de servicios públicos para las comunidades duramente afectadas por la COVID-19.

Luchamos mucho por  la BPRA, pero  vimos  cómo  languidecía en los comités  legislativos  durante dos años consecutivos. Esto nos demostró que teníamos que seguir ejerciendo presión  pública.  Organizamos manifestaciones, incluida una  concentración en la que denunciamos a los legisladores  que recibían dinero de las empresas de servicios públicos  y −no por casualidad−  se oponían a la BPRA. Nuestra campaña electoral organizó a legisladores clave, que luego ayudaron a organizar a personas menos progresistas políticamente en la legislatura para que respaldaran la BPRA. También emprendimos una acción  directa,  en  la que  personas  que  exigían  energía pública se encerraron en una cadena humana a través de Broadway, en el centro de Manhattan, cerca de las oficinas de legisladores  estatales clave.

Un aspecto  fundamental para  conseguir el poder  político  necesario para aprobar la BPRA fue ganarse a los trabajadores organizados. Aunque la clase trabajadora en general  se beneficia  del control democrático de los medios de producción de energía, los trabajadores no son un grupo homogéneo en torno a la transición energética. De hecho, contrariamente a los argumentos de Matt Huber sobre la lucha  de clases unificada contra los motores capitalistas  de la crisis climática, nos encontramos con que algunos  sindicatos  rechazaron inicialmente nuestros llamamientos a unirse a la campaña por  la energía  pública,  mientras que otros se sumaron con entusiasmo (Huber, 2022). El apoyo  inicial  de mi  propio sindicato, el Congreso de Funcionarios Profesionales de la Universidad de la Ciudad de Nueva  York, redundó en el respaldo del Sindicato  de Profesores del Estado de Nueva  York (NYSUT) y de otros sindicatos  del sector servicios, como  el 1199SEIU. Ganarse  a los sindicatos  requirió un trabajo adicional, dado  el escepticismo de los trabajadores de estos sectores con respecto a la industria (en gran parte privada) de las energías  renovables en Estados  Unidos,  que  es notoriamente antisindical. Para dar respuesta a estas preocupaciones, trabajamos con la AFL-CIO para incorporar a la BPRA un lenguaje laboral  de referencia  que  incluyera disposiciones sobre  el salario  predominante y los acuerdos  laborales de proyecto, un  memorando de entendimiento sobre la transición laboral  y veinticinco millones de dólares anuales  para financiar una Oficina de Transición Justa que supervisara la reconversión profesional de los trabajadores del sector de las energías renovables.

La versión  final de la BPRA que se aprobó en mayo de 2023 incluía la mayoría de las disposiciones clave por las que habíamos luchado durante tanto tiempo. La NYPA recibió, por fin, el mandato de  construir, poseer  y explotar proyectos  de  energías renovables. Cada año, la NYPA debe llevar a cabo una revisión  para determinar si el estado está en camino de alcanzar  el 70 % de energía  renovable para  2030 y el 100 % para  2040, de acuerdo con los mandatos estatales. Si no  es así, la NYPA debe intervenir para  construir energía suficiente  para  compensar la diferencia. La BPRA también exige a la NYPA que elimine gradualmente sus centrales eléctricas de combustibles  fósiles −incluidas las centrales sucias de respaldo (centrales eléctricas de reserva que se encienden cuando hay picos de electricidad) situadas  predominantemente en comunidades de color− para 2030, y que  suministre y entregue únicamente energía  renovable a los clientes. Estas centrales están  inoperativas la mayor parte del tiempo y solo funcionan en  momentos de máxima demanda, por lo que están exentas de la mayoría de las normativas medioambientales. El cierre de estas centrales contaminantes es una de las principales victorias de nuestra campaña. La ley BPRA también exige a la NYPA que establezca un programa que permita a los consumidores de electricidad con ingresos  bajos y moderados recibir  créditos en sus facturas  mensuales por  cualquier energía  renovable producida por la NYPA. Por último, la BPRA incluye todo el lenguaje favorable  a los trabajadores que  la campaña Public  Power  elaboró en colaboración con aliados sindicales.

Ahora  que hemos  conseguido este mandato, debemos seguir luchando por una aplicación adecuada de la BPRA. La situación es difícil. Como  legado  de la larga  historia de lucha del capital fósil contra la transición energética, el estado de Nueva York tendrá que añadir 2,5 GW al año durante los próximos ocho años para cumplir los objetivos  climáticos  del  70 % de energía renovable para 2030 (DiNapoli, 2023). Para  ponerlo en  perspectiva, el estado solo ha añadido 12,9 GW de energía  en general  (tanto fósil como renovable)  en los últimos veinte  años, o aproximadamente 0,645 GW al año.  Este fuerte  aumento es solo  para  descarbonizar la red  energética. Para  generar energía  suficiente  para  alimentar una  flota de vehículos eléctricos y descarbonizar la calefacción y refrigeración de los edificios y la industria, debemos triplicar aproximadamente la cantidad actual de generación de energía.

Los activistas de Public  Power  NY eran  muy  conscientes de la necesidad de promover la eficiencia  energética. La expansión de la producción de energía  −incluso  si es renovable− ya está teniendo muchos efectos  perjudiciales para  el medio  ambiente, como,  por ejemplo, la minería en países de renta  baja como  Bolivia. Aunque la campaña era consciente de la necesidad de promover la eficiencia energética, no incluimos medidas  de este tipo en la BPRA debido  a la necesidad de centrar la legislación en un tema y a que el estado ya contaba con una legislación sobre eficiencia energética que marcaba tendencia. La Ley Local 97 de la ciudad  de Nueva  York, aprobada en 2019, obliga a reducir las emisiones en un 40 % en los edificios más grandes de la ciudad para 2030 y hasta en un 80 % para 2040 (Maldonado, 7 de octubre de 2022).

Llevar a cabo el desarrollo rápido y a gran escala de energía renovable ordenado por la Ley del Clima de 2019 de una  manera democrática y justa será un  desafío enorme. Afortunadamente, la BPRA estableció  un  proceso  de planificación estratégica  a través  del cual se dirige a NYPA para determinar dónde, cuándo y cómo construye energía  renovable. Aunque no  logramos todas  nuestras demandas de democratización de la NYPA, este proceso de planificación estratégica es un lugar para la aportación sustancial de la comunidad, ya que la autoridad está obligada  a consultar con expertos  en clima  y resiliencia, organizaciones laborales, defensores de los contribuyentes residenciales y de pequeñas empresas, y comunidades de justicia ambiental, entre  otros,  a medida que  elabora sus planes  estratégicos. Para garantizar que  la NYPA cumpla fielmente este mandato de compromiso con la comunidad, actualmente estoy organizando un  Observatorio de la Energía  Pública que supervisará el trabajo de la autoridad, documentará su historia y participará en diversas formas de divulgación pública  creativa en relación con la transición energética.

La victoria  de nuestra campaña Public  Power  no será muy  significativa, en última instancia, si no contribuye a inspirar campañas exitosas por la democracia energética más allá de Nueva  York. Solo una  de cada  diez  personas  en  EE. UU. obtiene su energía  de una autoridad pública  y muchas de estas empresas, vestigios del impulso de la era del New Deal para la electrificación universal, son rehenes de las fuerzas  conservadoras con grandes inversiones en combustibles fósiles (Bruggers, 28 de febrero  de 2021). En 2022, las energías renovables solo representaban alrededor del 13 % del consumo total de energía  primaria y el 21,5 % de la generación total  de electricidad a escala comercial en Estados  Unidos  (U. S. Energy Information Administration, 2023). Los esfuerzos de un estado por abandonar los combustibles fósiles, por heroicos que sean, no modificarán significativamente estos promedios globales.  Dicho de otro modo, no se puede construir el ecosocialismo en un  solo estado.  La red eléctrica  está  repartida por  todo  el país  en  tres  grandes  segmentos y los requisitos técnicos  de las energías  renovables dictan  una  mayor integración en la red en lugar de una mayor  autonomía local. Y, por supuesto, los desastres  climáticos  provocados por  los combustibles fósiles no  se detienen en  las fronteras estatales  o nacionales. Solo extendiendo el poder  público más  allá  del  estado  de Nueva  York conseguiremos la rápida  transición energética necesaria  para evitar la catástrofe  climática.

Afortunadamente, la victoria  de Public Power NY está inspirando a otros movimientos en todo el país. Aunque la campaña Nationalize  Grid  en Rhode Island, que ayudó  a inspirar nuestro trabajo en Nueva York, ha perdido fuerza, la idea del poder público se está extendiendo a otros estados. En noviembre de 2023, Maine celebró un referéndum público sobre  la creación  de una  empresa pública, Pine Tree Power.  Actualmente, los residentes de Maine obtienen su electricidad de Central Maine  Power, una empresa con ánimo de lucro de la gigante energética española Iberdrola, entre  cuyos principales accionistas se encuentran  potencias capitalistas  fósiles como  Qatar y Noruega, así como Blackrock, la enorme empresa de inversiones que se ha negado  a desinvertir las dotaciones y fondos de pensiones que controla de los combustibles fósiles (Kerber, 17 de febrero  de 2022).

La lucha por la energía pública en Maine no se limita a su control  local, sino que  también gira en torno a la lucha  contra la pobreza  energética, la reparación de la maltrecha red  en  un estado con el mayor número de apagones del país y la consolidación de los derechos,  salarios  y prestaciones de los trabajadores. La batalla  en torno al referéndum de Pine Tree Power se convirtió en un plebiscito popular sobre el sistema de las empresas de servicios públicos con ánimo de lucro que está fracasando, un modelo tan antiguo como la red eléctrica moderna. Los grupos fachada de Central Maine Power, como  Maine  Affordable  Energy,  invirtieron cuarenta millones de dólares en las elecciones para engañar a los contribuyentes de Maine y hacerles creer que el control corporativo de la red  es beneficioso para ellos, a pesar de que las empresas de servicios públicos propiedad de los consumidores que  existen  en el estado  ya tienen tarifas  un  50 % más  bajas  que  las de las empresas con  ánimo de lucro  (Pine Tree Power, 14 de septiembre de 2023). Al final, ganó  el dinero de las empresas y el referéndum para crear Pine Tree Power fue rechazado.

¿Cuál es el futuro de las campañas por el poder público en Maine y en otras partes de Estados Unidos? Los defensores  del poder público no podemos permitir que la derrota del referéndum paralice nuestro trabajo. La campaña reunió a defensores de Public Power de todo el país para fomentar la solidaridad y aprender del trabajo de los demás. Esta campaña consiguió  una  importante victoria  con la aprobación de otro  punto del referéndum que  prohíbe a las organizaciones extranjeras propiedad de gobiernos (como  Iberdrola y Versant), gastar dinero en futuras elecciones para referéndums estatales (Budion, 8 de noviembre de 2023). Esto significa que cuando se celebre otro referéndum en Maine, las probabilidades ya no estarán tan en contra del poder público.

Otras  derrotas aparentes también han favorecido la lucha por la energía pública.  En 2011, por ejemplo, la ciudad de Boulder,  en Colorado, inició una adquisición pública de su empresa eléctrica con ánimo de lucro, Xcel Energy. Tras una década de feroz oposición por parte de Xcel, los votantes de la ciudad  decidieron poner fin al proceso (Sakas, 20 de noviembre de 2020). Sin embargo, a pesar de esta derrota, la campaña ayudó  a la ciudad  a obtener importantes concesiones de Xcel, incluido el compromiso de reducir sustancial- mente las emisiones de gases de efecto invernadero.

También conviene recordar que la Autoridad de Energía de Nueva York se creó tras decenios de lucha por el poder  público en Estados Unidos y en todo el mundo. Su creación coincidió con otras victorias, como  la creación  de la Tennessee Valley Authority (TVA) en 1933. Las campañas actuales pueden inspirarse en los poderosos movimientos de masas que  ayudaron a conseguir el apoyo  de los legisladores para la creación de autoridades como la NYPA y la TVA.

Mientras luchamos por el poder público en todo Estados Unidos, debemos recordar que esta campaña no puede  detenerse en las fronteras nacionales. Necesitamos construir un  movimiento mundial por el poder público. Esto significa que  nuestro trabajo para transformar la NYPA no  debe  limitarse a garantizar que  la autoridad  genere cantidades adecuadas de energía renovable. También tenemos que trabajar para establecer asociaciones público-públicas (APP), en las que una  empresa pública como la NYPA pueda apoyar campañas y autoridades de energía  pública en otros  países. El desarrollo de estas APP debe ser una de las prioridades futuras de nuestra campaña.

El capital  fósil crea desigualdades a nivel mundial al extraer recursos de zonas de sacrificio para beneficiar a élites situadas lejos de la carnicería. Ganar el control obrero de la transición a la energía renovable en las naciones capitalistas centrales por sí solo dejaría intacto un sistema mundial de imperialismo energético. Por ejemplo, como establece el reciente documento de posición  Reclaim and Restore de Trade Unions for Energy Democracy, el modelo de privatización de los servicios públicos  impuesto por organizaciones dominadas por Estados Unidos y la UE, como el Banco Mundial, en las regiones menos  desarrolladas del mundo, como  los países del África subsahariana, es un fracaso absoluto: después de treinta años de reformas a favor del mercado, un  número creciente de personas carecen de acceso a la electricidad en muchos países africanos  (Sweeney, 2023). En lugar del modelo fracasado de dar dinero público a empresas energéticas con ánimo de lucro, los países de África y del resto del mundo necesitan aquello  por lo que hemos luchado en Nueva York: servicios públicos  de electricidad verdaderamente democráticos, financiación pública  y plena propiedad pública  de la energía  con bajas emisiones de carbono.

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