Empresas petroleras administradas por el Estado y la transición energética El caso de Ecopetrol en Colombia

En los meses anteriores a la COP sobre  cambio  climático de 2022, el semanario político  y empresarial The Economist (25 de julio  de 2022) publicó un  artículo titulado: “State-run oil giants  will make or break the energy transition”. Las empresas nacionales de petróleo y gas poseen  en conjunto el 66 % del petróleo y el 58 % del gas del mundo (International Energy Agency [IEA], 2020) y proporcionan alrededor del 40 % del capital  invertido en estos sectores  (Manley y Heller,  2021). El título aludía  al historial deficiente de descarbonización de las empresas estatales. No obstante, The Economist reconoció  que  Ecopetrol contrarrestó esta tendencia y que  la empresa colombiana “participa en proyectos  de energía  eólica y solar, y recientemente adquirió una empresa de transmisión de electricidad”.

La resiliencia  y el enorme poder  económico y político  de la industria  de petróleo y gas han  sido el foco de muchas publicaciones periodísticas y académicas  recientes. Un artículo de la revista Nature demuestra cómo  el gasto en clima  sigue siendo  insuficiente, mientras que  nueve  de las mayores  empresas petroleras obtuvieron ganancias  por 457.000 millones de dólares  en 2022 (Sanderson, 15 de mayo de 2023), el equivalente a una sexta parte de la inversión anual necesaria  para  cumplir los compromisos climáticos  de los gobiernos. Tres de estas nueve empresas son de propiedad o control estatal (Aramco, de Arabia Saudita;  Equinor, de Noruega, y PetroChina, de China)  y seis son principalmente propiedad de accionistas  privados (ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, TotalEnergies y ConocoPhillips).

Ecopetrol y otras  empresas públicas  operan en un  contexto regional en el cual la producción de hidrocarburos atraviesa  transformaciones rápidas  y profundas. Según  evaluaciones recientes,  la extracción de petróleo y gas en América  Latina  y el Caribe  ha experimentado cambios “tectónicos” y “probablemente irreversibles” en los últimos diez años  (Cárdenas y Rivera  Rivota,  21 de febrero de 2023). La producción cayó de 10,4 millones de barriles  de petróleo al día (mb/d)  en 2010 a 7,8 millones en 2022; el porcentaje de la región  en el mercado mundial cayó de 12 % a 9 % en el mismo período, y los dos países tradicionalmente exportadores de hidro- carburos, México  y Venezuela, muestran señales  de declive  en sus industrias petroleras (bp, 2022). Brasil se ha reposicionado como  el octavo  mayor  productor de petróleo del mundo. Guyana, un  país pequeño y poco poblado, actualmente desafía la supremacía de los productores tradicionales de la región  y se ha convertido en una  de las economías de crecimiento más  rápido del  mundo. Argentina, Colombia y Ecuador  afrontan un  estancamiento o disminución de su producción petrolera.

Como  se mencionará en más detalle  a continuación, la propiedad mayoritaria del Estado de las acciones de Ecopetrol es un factor determinante en las perspectivas de transformación de la empresa colombiana. En la región resurgió  el fantasma de la privatización de la industria del petróleo y la energía  cuando el presidente reciente- mente electo de Argentina, Javier Milei, un libertario de ultraderecha, propuso la privatización de cuarenta y un  empresas públicas, incluidas centrales de energía nuclear, la agencia de infraestructura energética e YPF, la empresa nacional de petróleo. En enero de 2024, ante  una  fuerte oposición social y política,  Milei se vio obligado a dar marcha atrás en sus planes de privatización del petróleo y el gas (Kennedy, 22 de enero  de 2024).

Independientemente de su estructura de propiedad, las empresas de petróleo y gas determinan en gran medida las emisiones mundiales y el acceso a la energía. Por su parte, las empresas privadas son menos responsables que las empresas nacionales de petróleo y gas, y resultan mucho más difíciles de transformar. Las empresas transnacionales privadas que están  activas en el sector del petróleo y el gas han  sido propulsadas por un sistema complejo de subsidios  gubernamentales nacionales e internacionales que asegura  la privatización de los beneficios de la producción de gas y petróleo, mientras socializa sus costos económicos, ambientales y sociales. Como  han sostenido dos activistas y académicos:

La propiedad pública  en sí misma  no garantiza que reemplazaremos por completo el gas y el petróleo con energía renovable a tiempo para impedir los peores impactos de la crisis climática […], pero no promovemos la propiedad pública  porque se trate  de una solución  mágica, sino  que  la promovemos porque es nuestra única  oportunidad. Las matemáticas de las ganancias son tan claras como las del clima: las empresas existen  para  generar  lucro  y enriquecer a sus accionistas, y para ello deben  crear su producto. El activismo de los accionistas solo puede  enlentecer o atenuar el ritmo en el cual las empresas  persiguen este mandato básico. “Las soluciones  basadas en el mercado” en este caso son una contradicción: el mercado es el problema (Bozuwa y Táiwò, 7 de junio  de 2021).

Los mismos  analistas  afirman que la propiedad pública  posibilitaría “desmantelar una  industria recalcitrante a tiempo para impedir el desastre  climático” y ofrecería  “una  oportunidad para construir algo  mejor  en  su lugar”.  Desde  un  punto de vista similar y en oposición a la afirmación de que  las empresas nacionales de  gas y petróleo naturalmente  impiden la transición energética justa,  un  creciente número de sindicatos,  organizaciones ambientalistas y centros  de investigación señalan que la causa profunda de la tendencia mundial de expansión energética es la consecución de crecimiento infinito y acumulación capitalista, y no  la transición (Sweeney, Chavez y Treat, 2022). En cambio,  el enfoque público alternativo identifica a empresas estatales  o controladas por  el Estado como actores estratégicos  en limitar el cambio  climático y evitar sus peores impactos (Trade Unions for Energy Democracy [TUED], 2023).

En   los   años   veinte,   la   empresa  estadounidense  Tropical  Oil Company (Troco) obtuvo el derecho de explotar petróleo en Colombia tras asumir el control de la mal  reputada Concesión de Mares. La empresa privada  dominaba la exploración, producción, refinación, transporte, distribución nacional y exportación de petróleo en el país durante la primera mitad  del siglo xx. Tras decenios de debates  políticos  y luchas sindicalistas  para exigir la nacionalización del sector de los hidrocarburos, la reversión de la Concesión de Mares al Estado colombiano dio lugar a la fundación de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol (Ecopetrol, 30 de abril de 2020).

En 1961, Ecopetrol adquirió la refinería de Barrancabermeja y, trece  años  más tarde,  compró la refinería Cartagena (actualmente la primera y segunda  refinerías del país, respectivamente). En 1970, Ecopetrol adoptó su primer estatuto orgánico, que ratificó su carácter  de empresa completamente estatal  vinculada al Ministerio de Minas y Energía. A partir de septiembre de 1983 Ecopetrol aumentó la escala de su producción de petróleo tras  el descubrimiento de Caño  Limón, un yacimiento con reservas estimadas en 1100 millones de barriles.

En 1986, Colombia se convirtió nuevamente en exportadora de petróleo y amplió su autosuficiencia en  los años  noventa, tras  el descubrimiento de los yacimientos Cusiana  y Cupiagua.

La producción de petróleo en Colombia alcanzó  su punto máximo en 2014, con 1040 kb/d1 y durante los últimos diez años ha descendido a pesar  de nuevos  y prometedores  descubrimientos cerca de la costa (Cárdenas y Rivera  Rivota, 21 de febrero de 2023), que llevará  mucho tiempo desarrollar. A pesar de la disminución de la producción, el petróleo, el gas y la minería representan más de la mitad  de las exportaciones del país. Ecopetrol es la cuarta  empresa petrolera más grande  de América Latina  y la principal exportadora de Colombia. Representa alrededor del 30 % de las exportaciones del país y brinda una fuente vital de ganancias de divisas extranjeras a una economía afectada por constantes déficits fiscales y por cuenta corriente. Los planes de inversión de la empresa en 2024 oscilan entre los 5700 millones y los 6700 millones de dólares, aumentando la producción a 730 kb/d y operando 360 pozos de desarrollo y quince pozos exploratorios.

La importancia  de Ecopetrol en la economía colombiana

La verdadera importancia de Ecopetrol y el perfil general  de Colombia como  país dependiente del extractivismo queda  en evidencia  a partir de sus datos de exportación. Más de la mitad de las ventas extranjeras del país están en manos de dieciséis empresas, la mayoría de las cuales operan en los sectores de hidrocarburos y minería  (Sánchez, 24 de junio  de 2023). Las diez principales empresas están encabezadas por Ecopetrol, seguidas de las empresas mineras Drummond y Carbones del Cerrejón (ambas  productoras de carbón). Seis de las siete restantes operan en las industrias extractivas: Cerrejón Zona  Norte (carbón), Trafigura  Petroleum (petróleo), Frontera Energy (petróleo), Reficar (petroquímicos), Cerro  Matoso (níquel) y Terpel  (petroquímicos). A pesar de la reputación de Colombia como  un  país productor de café, la Federación Nacional de Cafeteros ocupa el octavo lugar.

Ecopetrol representa alrededor del 65 % del petróleo del país y el 80 % de su producción de gas; el 60 % de los barriles  de petróleo extraídos  son producidos por  la empresa estatal,  y las refinerías de Reficar y Barrancabermeja son abastecidas  por la empresa nacional de gas y petróleo. Habida  cuenta de su importancia en la economía nacional −alrededor de cien  mil  puestos  de trabajo dependen de Ecopetrol−  y de que la empresa representa más del 6 % del PIB, el principal sindicato de trabajadores petroleros ha expresado preocupación  sobre las perspectivas a largo plazo de la industria si se registra una disminución de la producción de gas y petróleo:

Resulta imperativo mantener la producción de petróleo y gas para garantizar el suministro a refinerías  para producir diésel y gasolina para el mercado nacional. Reducir considerablemente las inversiones  en la producción y exploración pondría en peligro  la continuidad de Ecopetrol,  aumentaría el riesgo de escasez y socavaría la seguridad  energética nacional. El país cuenta  actualmente con reservas de petróleo por  7,1 años  y reservas  de gas por  7,5 años. Por  lo tanto, cualquier disminución de las inversiones  para sostener  la producción acortaría este lapso de tiempo (Unión Sindical Obrera  [USO], 23 de octubre de 2023).

¿Una transición fuera del petróleo?

Las  aparentes  contradicciones  en   el  discurso   de  los  funcionarios  gubernamentales  de  Colombia, los  directivos de  Ecopetrol y los sindicalistas  con  respecto  a la velocidad  y la ambición de la descarbonización reflejan  la complejidad de la transición propuesta. Los sindicatos  colombianos tienen una  larga tradición de debate interno y la coalición actual del Gobierno abarca  diversos partidos políticos, por  lo que  necesitan tiempo para llegar a una posición relativamente coherente. No  obstante, las fuerzas  progresistas  colombianas parecen estar  de acuerdo en el modo  de alejarse  de los combustibles fósiles, que puede  resumirse con los siguientes puntos.

1) se mantendrán los contratos de exploración vigentes;

2) continuará la explotación de los yacimientos comprobados;

3) no se otorgarán  nuevos  contratos de exploración;

4) Ecopetrol diversificará su cartera  para  incluir tecnologías de bajas emisiones y fuentes  de energía renovable. Y más recientemente,

5) Colombia podría  necesitar importar de Venezuela, un país vecino, para asegurar  su suficiencia energética durante la transición.

Los planes  del Gobierno de transformar Ecopetrol en una  empresa  que  abandone la extracción de hidrocarburos han  suscitado la preocupación de los trabajadores petroleros. La Unión Sindical Obrera (USO) tiene  una  cultura interna rica y dinámica de debate político  en sus diversas corrientes ideológicas y varía de posiciones  y enfoques con respecto a la transición energética justa. Los afiliados a la USO votaron abrumadoramente a Petro  y Francia, y se organiza- ron para garantizar su victoria. A pesar de ello, los sindicalistas  han expresado preocupación sobre  el ritmo de la transición propuesta y la cancelación de nuevos  contratos de exploración, al afirmar que Ecopetrol podría correr el riesgo de desinversión y el país podría quedar expuesto a la dependencia energética. En una declaración de octubre de 2023, el sindicato comentó sobre los recortes  propuestos por Ecopetrol:

Las recientes decisiones de las Vicepresidencias  Ejecutivas […] de Ecopetrol, de recortar el presupuesto de inversión […] ponen en riesgo la continuidad del negocio  principal. […] Esta decisión  además  tiene  una  fuerte  incidencia en  las finanzas  públicas  porque Ecopetrol aporta en promedio $20 billones anuales para el financiamiento del Estado  entre  dividendos, impuestos y regalías que  paga a la nación. […] Así las cosas, en el año 2026 estaremos produciendo 472 mil barriles diarios que solamente permitirá mantener las cargas de las dos refinerías y no tendremos ingresos por exportaciones. La reducción de las inversiones de Ecopetrol  traerá  como consecuencia la contracción del sector petrolero en general  dado  que otras  compañías del sector tienen como  insumo principal para  sus presupuestos el valor  de las inversiones  que ejecuta  Ecopetrol.  Si esta declina, cae la inversión en el sector causando un efecto dominó (USO, 23 de octubre de 2023).

En respuesta a las preocupaciones del sindicato y las críticas de los círculos políticos  y empresariales, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha  reiterado que  el futuro de la empresa no  se verá afectado  por  los planes  de transición energética anunciados por el Gobierno. “Nunca hemos dicho  que  vamos  a terminar el negocio tradicional” (Griffin, 24 de octubre de 2023), afirmó  Roa en un reciente foro de negocios. “La industria del petróleo y gas en Colombia no  desaparecerá”, añadió, y explicó  que  invertir fondos  derivados de la extracción de combustibles fósiles sería clave para financiar la transición hacia la energía  renovable. El actual ministro de Minas y Energía,  Andrés  Camacho, dio una  respuesta similar  en una  entrevista a un periódico español, en la que se le preguntó si el ministerio aprobaría más contratos para la exploración de petróleo y carbón:

Tenemos  una política de desarrollar la exploración energética en clave de transición energética. No es que no vayamos a hacer más, sino que estamos dando  pasos a nuevos contratos de explotación de geotermia, hidrógeno blanco y otro tipo de energéticos. Vamos a ir desarrollando nuevos  contratos en clave de transición. Desde el primer día que llegué lo mencioné: la transición es con los hidrocarburos. […] Vamos a tener  un tiempo en el que vamos a necesitarlos, incluso en los horizontes 2040, 2050. Si no hay sustitutos para la industria petroquímica vamos  a seguir requiriendo hidrocarburos. La idea es que  la dependencia vaya disminuyendo (Quesada, 26 de septiembre de 2023).

El reto de diversificar Ecopetrol

Dos años antes de que Petro y Francia asumieran el  gobierno, Ecopetrol ya había  publicitado un  plan  de descarbonización para alcanzar  emisiones de gases de efecto  invernadero cero  neto  para 2050, que  incluía  medidas  concretas para  abandonar el uso de petróleo  y gas. El tiempo se acaba:  Colombia solo tiene  suministros de hidrocarburos por  7,5 años más. Si Ecopetrol u otras  empresas que operan en el país no desarrollan un nuevo  yacimiento antes de ese periodo, el país tendrá que importar petróleo para satisfacer sus necesidades. Según las proyecciones de oferta y demanda de energía para  2050, Colombia seguirá  necesitando gas, gasolina y diésel, por lo que  si Ecopetrol no  puede  satisfacer  las demandas del mercado interno, deberá  importar de los países del golfo Pérsico  o de otras partes del mundo donde  se sigan extrayendo combustibles fósiles.

Más del 40 % de los gastos que Ecopetrol tiene  planificados para 2024 están  relacionados con la transición energética (Reuters, 1 de diciembre de 2023). Los planes de negocios de la empresa destacan el objetivo de diversificar las actividades  para ampliar el sector de la energía  (Ecopetrol, 2022), al expandirse a ámbitos diferentes de los hidrocarburos. Los gastos de capital  previstos  (CAPEX), que son un buen  indicador del verdadero compromiso con la diversificación, incluyen inversiones concretas en ISA, una empresa colombiana activa en la transmisión de electricidad, carreteras y telecomunicaciones en América  Latina, que Ecopetrol adquirió en agosto de 2021, y por la cual pagó 3580 millones de dólares  por el 51,4 % de las acciones (Reuters, 11 de agosto de 2021). Según analistas  financieros:

La decisión de comprar acciones de ISA se dio en un momento en que los planes  estratégicos  oficiales de Ecopetrol  no incluían los CAPEX de diversificar la producción energética, más allá de la producción de petróleo y el gas. La compra fue una respuesta a las oportunidades de mercado específicas fuera del petróleo y del gas, donde  se evalúan las nuevas  oportunidades de negocios caso a caso. Al adoptar esta medida, Ecopetrol  demostró su fuerte  liderazgo  como  empresa nacional de petróleo y gas de América  Latina  en cuanto a las estrategias  para diversificar  sus actividades  principales (Strambo y Arond,  23 de noviembre de 2023).

El papel más amplio de Ecopetrol en el sector de la energía sería crucial,  dado  que  aunque se lleven  a cabo  planes  más ambiciosos para la descarbonización de la generación de energía, el país probablemente seguirá  dependiendo de los combustibles fósiles durante decenios para satisfacer la demanda de electricidad. Un académico de la Universidad Javeriana sostiene que:

Para que Colombia logre electrificar, cumpliendo las metas de una transición energética justa, debe llevar una capacidad instalada  de 120 gigavatios. El país está llegando en este momento a 20 gigavatios de capacidad instalada. Por eso la estrategia  de reducir  de manera relevante la participación de los fósiles en la matriz  no  se puede  hacer  de un momento a otro. Los fósiles deben  apalancar esa transición (Sánchez, 3 de diciembre de 2023).

Un estudio reciente sobre los retos de la transición en Colombia concluye que la demanda total de electricidad en 2021 fue de 67 TWh (teravatios hora)  (Thema y Roa García, 2023). Si todos  los combustibles fósiles fueran reemplazados por  electricidad de aquí a 2036, el consumo de electricidad aumentaría otros 160 TWh. En un escenario  en el que el sector del transporte se abastece exclusivamente de  biocombustibles, la  demanda de  electricidad sería 73 TWh inferior, pero la producción de biocombustible a esa escala no es para nada  realista  y puede  tener  costos sociales y ambientales negativos.

El Gobierno colombiano ha publicitado la “Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa” (Ministerio de Minas y Energía, 2023). Este documento sistematiza un proceso nacional de consulta ciudadana en el cual  se acordó  que  la transformación del sistema energético de Colombia debería basarse en cuatro principios: equidad; gradualidad,  soberanía y  confiabilidad; participación  social  vinculante, y una  transición intensiva en  conocimientos. En febrero  de 2022, Ecopetrol presentó su visión  estratégica  para  2040 y sus objetivos operativos y financieros para 2022-2024. El plan de largo plazo, “Estrategia  2040: Energía  que  transforma”, está destinado a responder de manera amplia  a los retos actuales  ambientales, sociales y de gobernanza (Ecopetrol, 2022). Un año y medio más tarde, la empresa actualizó ese plan  y proclamó su objetivo de convertirse en “líder en América  de la diversificación de energía”,  invirtiendo en “hidrocarburos, soluciones de bajas emisiones y transmisión, carreteras y telecomunicaciones”. Además,  reiteró su voluntad de contribuir a una  transición energética justa y su “compromiso con la seguridad energética, el medio  ambiente y la contribución a la sociedad”.

En noviembre de 2022, Ecopetrol confirmó la suspensión de sus proyectos  de fracturación hidráulica y la cancelación de los acuerdos con  Exxon  Mobil.  Tras años  de intensos debates  internos, los miembros de la USO llegaron a un acuerdo en una  votación de la Asamblea  Nacional de Delegados celebrada en 2019 (con setenta y siete votos a favor, cinco en contra y veintidós abstenciones) para rechazar el uso de la fracturación hidráulica y exigir que el Gobierno acelerara la transición de Ecopetrol para convertirse en una  empresa de energía centrada en las energías renovables. La suspensión de la fracturación hidráulica ha sido una  promesa de campaña de la coalición  de izquierda Pacto Histórico y una demanda principal de los activistas  sociales y ambientales durante el paro  nacional: una serie de protestas que  sacudieron a Colombia en la primera mitad de 2021 y que  incluyeron manifestaciones callejeras  multitudinarias contra la violencia policial, la corrupción y los recortes a los servicios de salud y otros servicios públicos  propuestos por el entonces presidente de derecha  Iván Duque.

En el contexto de su Estrategia  2040, la empresa tiene  un  plan ambicioso de producir hidrógeno “verde”, amoníaco “verde” y metanol,  que  se prevé  generará ganancias  de entre  20.000 millones y 25.000 millones de dólares de aquí a 2040. En septiembre de 2023, el presidente de Ecopetrol anunció que de aquí a 2030 incorporarían alrededor de 1900 megavatios de fuentes  de energía  renovable no convencional y para  2050 de 3 a 5 nuevos  gigavatios de energía  renovable. Esa es la meta  y aspiración de Ecopetrol en la transición energética (Campos  y Acosta, 12 de septiembre de 2023).

No obstante, para que Ecopetrol pueda  ampliarse al sector de la electricidad, deberá  cambiar de marco  jurídico. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2025 aprobado a comienzos del actual Gobierno establece  las bases para que Ecopetrol se convierta en una  empresa de energía  integral, mediante la derogación de artículos clave de legislación  anterior a través de los cuales se obligaba a la desagrega- ción de la empresa y se evitaba  el funcionamiento de empresas de energía  de integración vertical.

Los retos de la democratización

La referencia a Ecopetrol como  empresa administrada por el Estado, pero  que no es propiedad del Estado, en el título del presente capítulo, no  es fortuita. Durante cuarenta años, diversos  Gobiernos han intentado privatizar y debilitar a Ecopetrol y a otras  empresas públicas, en detrimento del desarrollo económico y social y la soberanía nacional. Las políticas  de saqueo  se volvieron más intensas  en los años  noventa, con varias olas de liberalización económica que agravaron las desigualdades sociales y la continuación del conflicto armado, pero las luchas de los trabajadores impidieron la privatización de Ecopetrol (Escobar, 3 de agosto de 2020).

Desde  mediados de  los años  sesenta,  Colombia ha  atravesado una  denominada “guerra asimétrica de baja intensidad”, en la cual las fuerzas  armadas del país, las guerrillas de izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha  y el crimen organizado estuvieron  directamente  involucrados, y el Gobierno de Estados  Unidos y grandes  empresas colombianas y transnacionales participaron en forma  más o menos encubierta. En ese contexto, el distanciamiento de las políticas de Ecopetrol de las necesidades sociales de las clases trabajadoras provocó  la militarización de la empresa y su control se disputó entre  diferentes sectores de la clase dominante colombiana. Los vínculos  entre  la empresa y las actividades  paramilitares de extrema derecha, incluido el asesinato de sindicalistas y activistas locales, han sido denunciados en diversas partes de Colombia (Becerra Ostos, 2009), en particular en la municipalidad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, donde se encuentra el mayor centro de refino y producción de petroquímicos del país (Bonilla Mora, 24 de noviembre de 2023).

Los conflictos  internos por  el control de Ecopetrol provocaron una  serie de cambios  en  la propiedad y gestión  de la empresa en los últimos treinta años. Antes de 2000, Ecopetrol era una  empresa industrial y comercial del Estado. En junio  de 2003, el Gobierno derechista de Álvaro Uribe decidió convertirla en una empresa que cotiza en la bolsa: hasta 2007, cuando se convirtió en una  empresa de economía mixta y pasó a llamarse  Grupo Empresarial Ecopetrol. La modificación de la estructura de propiedad y gestión  de la empresa también significó un  cambio regulatorio: Ecopetrol dejó de ejercer sus funciones como organismo del Estado que administraba el sector  petrolero, una  función que  fue transferida a la nueva  Agencia Nacional de Hidrocarburos. Además, estos cambios  implicaron que Ecopetrol pasó de ser una empresa pública  de propiedad y administración exclusivamente estatales  a ser una  empresa privada controlada por el Estado.  En enero de 2023, un  economista colombiano caracterizó la privatización de Ecopetrol de la siguiente manera:

Ecopetrol  y las entidades de Bogotá están privatizadas en los hechos, sin que se hayan  vendido  las acciones que allí poseen el Gobierno nacional y el distrito capital. Es la mejor forma de privatizar; […] como presidentes de las juntas directivas se nombran a privados. […] los privados manejan empresas estatales sin aportar un solo peso, y las administran según sus criterios  personales  y los intereses  que representan […] siguiendo las normas de OCDE, […] lo que llaman la gobernanza corporativa significa para esta institución superneoliberal que el Estado no la maneje sino privados (Otero, 31 de enero  de 2023).

Durante algunos años se ha suscitado una discusión recurrente sobre la reforma de los estatutos de la empresa. El Estado colombiano controla el 88 % de las acciones y, por lo tanto, tiene  la facultad  de presentar una  lista de candidatos para  los nueve miembros de su junta directiva a través del Ministerio de Hacienda. Habida cuenta de que Ecopetrol está registrada en  la bolsa  de valores de Nueva York, tales nombramientos deben  cumplir los criterios  estrictos establecidos por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Poco después de haber  asumido, el Gobierno de Petro contempló una opción, criticada  en círculos  empresariales y políticos, que  consistía  en  añadir un puesto para un representante sindical en la junta directiva  de Ecopetrol. Contar con un representante del sindicato en la junta directiva  de Ecopetrol ha sido una demanda de la USO durante mucho tiempo. El presidente del sindicato, César Loza, dijo al periódico El País de Madrid  a finales de 2023:

Ya hay una asamblea extraordinaria convocada por el accionista  mayoritario para hacer unas modificaciones a la junta para que haya una mayor participación de mujeres y, probablemente, para que se dé la llegada del compañero Edwin Palma, viceministro de Trabajo [y sindicalista y ex presidente de la USO] (Sánchez, 3 de diciembre de 2023).

Si bien  la inclusión de Palma  sería bienvenida, los afiliados  de la USO que entrevistamos subrayaron que Palma es un  funcionario del Gobierno actual,  por lo que esta medida no cumpliría su reclamo de incluir a un miembro activo del sindicato en la junta directiva de Ecopetrol.

La transición energética de Colombia tiene varias características singulares. El presidente del país es un exguerrillero y ambientalista que fundamenta sus posiciones en la ciencia del  cambio  climático y señala las limitaciones del capitalismo para  cumplir las metas climáticas. La empresa nacional de petróleo ha comenzado a llevar a cabo una transformación drástica de sus operaciones y misión, con un pie en la bolsa de valores de Nueva  York y otro  firmemente anclado en  el camino hacia  una transición justa.  Los sindicatos y las organizaciones ambientalistas están deseando tener un mayor poder de decisión en la transición. Sus propuestas y reclamos  coinciden en algunos  aspectos y divergen  en otros.

Al igual que la mayoría de las empresas nacionales de petróleo y gas, Ecopetrol afronta enormes desafíos, habida cuenta de su papel central en  brindar recursos  vitales  que  el Gobierno necesita  para financiar los servicios públicos  y una  transición justa, lograr seguridad energética y mantener o generar cientos  de miles de empleos. El compromiso para  transformar y diversificar  operaciones para que  Ecopetrol pueda  convertirse en una  empresa de energía  integrada no tiene precedentes en el mundo. No obstante, el adjetivo “justa” que antecede a la caracterización de la transición anunciada en la Estrategia  2024 de la empresa no  refleja  de manera cabal  su alcance  y contenido. El compromiso se refleja  principalmente en los planes  anunciados de ampliar el acceso a servicios de energía como  prioridad de la empresa subsidiaria ISA. Los documentos oficiales no especifican  exactamente cómo  se integrará la transformación de Ecopetrol en el marco de la “Hoja  de Ruta  de la Transición Energética Justa” del Ministerio de Minas y Energía, especialmente en cuanto a la distribución de los costos y beneficios  de la transición energética y los efectos en los trabajadores y las comunidades locales.

Fuera de Colombia, el camino que Ecopetrol debería emprender parece evidente y fácil de seguir: acelerar su transición para  abandonar los combustibles fósiles, diversificar  las fuentes  de energía  y beneficiarse “de mayor  resiliencia  y menor vulnerabilidad a las presiones externas e internas, como la volatilidad del precio del petróleo y el gas, las interrupciones en el suministro, los desastres ambienta- les y la presión  de los inversores” (Strambo y Arond, 23 de noviembre  de 2023). No  obstante, nuestras entrevistas con representantes de órganos  gubernamentales, sindicatos, organizaciones ambientalistas y centros de investigación en Colombia demuestran que  el camino es mucho más pedregoso, estrecho  y empinado de lo que parece, por varios motivos.

Las empresas nacionales de gas y petróleo son  fundamentales en la transición energética debido  a que son algunas  de las mayores productoras de petróleo del mundo y en ocasiones las empresas más grandes  a nivel nacional. Investigadores, sindicalistas  y organizaciones ambientalistas deben  profundizar y ampliar sus intercambios sobre el papel  del Estado y el significado y las perspectivas futuras de la vía pública en el sector energético.

A Colombia le quedan muy  pocos años de suficiencia energética y depende de los combustibles fósiles para  sus exportaciones y presupuesto público. Este es uno de los principales retos  a las ambiciones de descarbonización del país. La capacidad  actual de electrificación dista mucho de satisfacer las necesidades  futuras. La transición energética requiere voluntad política  además  de recursos financieros. Colombia ha demostrado tener  la capacidad  de generar energía  solar, eólica, marina y geotérmica (Vega Araújo  y Muñoz Cabré, 2023), pero sin recursos  la transición energética no es viable. Los aproximadamente 8000 millones de dólares que Ecopetrol contribuye cada año a las arcas del Estado no pueden pasarse por alto (Corficolombiana, 2023).

A pesar de las tensiones y el discurso oficial contradictorio sobre la dirección actual  de la transición energética, se han  logrado  avances importantes, como  el compromiso de detener nuevos  contratos de exploración de petróleo y gas, el comienzo de la diversificación de la cartera  de Ecopetrol, la decisión de poner fin a la fracturación hidráulica y los crecientes debates  sobre  la democratización de la junta directiva  de Ecopetrol.

Una  mayor democratización implicará lidiar con el legado del conflicto armado de Colombia y los antiguos vínculos entre  la extrema derecha y Ecopetrol y la represión autoritaria, dirigida en forma desproporcionada contra trabajadores petroleros.

La experiencia colombiana demuestra de qué  modo  puede  llevarse a cabo una transición energética justa a nivel nacional si existe articulación entre los planes nacionales y las estrategias  mundiales. Para los países del sur global, la descarbonización del sistema energético es un desafío enorme. En América  Latina  es posible  transformar la matriz energética si existe voluntad política  fundada en empresas de energía  de propiedad estatal que  impulsen la transición, como es el caso de Uruguay, que ha emprendido una  rápida  y considerable transición hacia la generación de energía  renovable en los últimos diez años (Meadows, 27 de diciembre de 2023). También sería posible  concebir planes  para  exportar otro  tipo de combustibles −por ejemplo, hidrógeno verde, como  propone Ecopetrol (Roa Barragán, 16 de enero  de 2024)−, pero solamente si las potenciales fuentes de energía renovable y su demanda son de magnitud considerable. En todo caso, la reestructuración de la industria petrolera es muy compleja y depende de que se lleve a cabo una  transformación considerable de las estructuras y relaciones financieras y del comercio internacional. El presidente de Colombia propuso en Davos canjear deuda externa por el compromiso de dejar  el petróleo en el suelo. En ese sentido, cabe recordar que una propuesta similar realizada por el país vecino, Ecuador, durante el Gobierno de Rafael Correa no suscitó la reacción esperada de la “comunidad internacional” y se utilizó para justificar una  expansión polémica de la exploración  petrolera (Laastad, 2023).

Los hidrocarburos han  determinado durante mucho tiempo las estructuras económica, política  y social de Colombia y han generado crecimiento económico en  el último decenio,  representando alrededor de la mitad  de sus ganancias de exportación. En este contexto, Gustavo Petro ha reposicionado la justicia climática en el centro de su agenda  política, junto con la lucha  contra la pobreza y la desigualdad. Más allá del resultado del debate  actual sobre el futuro de los combustibles fósiles en Colombia, este tendrá un efecto profundo en la razón de ser de Ecopetrol y en la identidad del país.

Es imposible concebir una  transformación de la extracción de petróleo o la diversificación de Ecopetrol y de otras empresas nacionales de petróleo y gas del mundo sin que los trabajadores asuman un  papel  importante en la transición, basado  en las experiencias y los conocimientos desarrollados durante más de un siglo. En este contexto, los trabajadores de la USO han declarado explícitamente su aspiración de que Ecopetrol lidere la transición para abandonar los combustibles fósiles (Semana, 29 de mayo  de 2023). Han  reafirmado su interés en recapacitarse y utilizar las competencias que han adquirido en las plataformas petroleras para construir y operar centrales de energía renovable. Pero también advierten que los planes del Gobierno deben evitar una crisis de suministro y asegurar el flujo de ingresos que el país no puede rechazar de la noche a la mañana, especialmente cuando ya está claro que las reservas de gas y petróleo se agotarán en menos de diez años.

El Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez está intentado demostrar al mundo que es posible gestionar el declive y la reestructuración de las empresas petroleras para el beneficio  social. Colombia ha propuesto un “Plan Marshall” mundial para combatir el cambio climático (Reuters, 22 de junio de 2023) y ha señalado que gravar las transacciones financieras podría  ser una forma de obtener algunos  de los recursos  que  se necesitan urgentemente. Los canjes de deuda  por la acción climática, como  propuso Petro  en Davos −y como  había  sugerido  anteriormente el Pacto  Social Del Sur (Pacto Ecosocial del Sur, 16 de junio  de 2020) y se había  discutido en las dos últimas COP sobre cambio  climático después de que la primera ministra de Barbados  presentara la Iniciativa Bridgetown para reestructurar la arquitectura financiera mundial (Feminist Action  Nexus, 2023)− podrían ayudar a los países dependientes del petróleo a desarrollar fuentes de energía menos  destructivas y seguir  financiando políticas y programas sociales. En este contexto, hay una  necesidad urgente de ampliar y profundizar la discusión sobre cómo reivindicar y transformar a Ecopetrol y a otras empresas nacionales de petróleo y gas en diferentes regiones  del mundo.

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