La guerra contra las drogas suele considerarse un fracaso con respecto a sus objetivos declarados, ¿pero y si tuviera también otros objetivos ocultos?
Conferencia presentada en el Ciclo de Foros “Seguridad de los derechos y derecho a la seguridad ciudadana”, Primera parte: noviembre-diciembre 2011, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
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Introducción
Buenos días a todas y a todos. Agradezco esta oportunidad de venir a hablar con ustedes y compartir sobre un tema que, como para tantos otros, no hemos desarrollado la capacidad, como sociedad, de debatir en una forma abierta, informada y democrática. Con la guerra a las drogas están en juego asuntos de extraordinaria importancia y consecuencias tanto global- mente, como para Venezuela.
Para comenzar quiero argumentar dos asuntos interrelacionados. En primer lugar, que la llamada guerra contra las drogas –que tiene al gobierno de los Estados Unidos como su fundamental promotor, pero que forma parte de un consenso global sorprendentemente amplio de la casi totalidad de los Estados del planeta, independientemente de su carácter democrático o no-democrático, de su orientación política o religiosa–, ha sido un extraordinario fracaso. Esto sería así, si asumiésemos que los objetivos de esta guerra fuesen, efectivamente, disminuir el consumo de drogas para así proteger la salud y bienestar de los habitantes del planeta. Si, por el contrario, reconocemos que esta guerra tiene en realidad otros objetivos, podríamos llegar a la conclusión de que en realidad no ha fracasado, sino que sigue logrando sus cambiantes propósitos.
En consecuencia, para evaluar si la guerra a las drogas ha fracasado o no, tenemos que preguntarnos: ¿fracaso en térmi- nos de qué objetivos? Evaluada en términos de sus objetivos declarados –la reducción del tráfico y consumo de drogas y la protección de la salud y seguridad de la población– ha sido un estrepitoso fracaso. Evaluada en términos de otros objetivos –no declarados– esta guerra podría considerarse como plenamente exitosa. Veremos cuáles pueden ser esos otros objetivos o intereses en juego.
En segundo lugar, ante sus extraordinarios costos humanos y absoluto fracaso en el logro de sus objetivos declarados, es indispensable abrir un debate –que de hecho ya está vigorosamente en marcha en muchas partes del mundo– sobre las consecuencias de la guerra a las drogas y sobre alternativas a la criminalización del consumo de éstas. Se trata de un asuzto que nos afecta a todos. No se puede aceptar, por lo tanto, que en una sociedad que se proclama democrática éste siga siendo un tema ausente del debate público.
En Venezuela, desde hace ya muchos años, cuando se le pregunta a la población cuáles considera que son los principa- les problemas del país, con una extraordinaria consistencia, aparece el tema de la “inseguridad” como la primera preocupación. Es indispensable que analicemos la relación de la gue- rra contra las drogas e inseguridad/violencia, y que logremos abrir y profundizar un debate nacional sobre cómo responder ante esta situación.
No es posible que existan, en la construcción de una sociedad democrática, temas que se consideren tabú, temas que se descarten inmediatamente con alguna acusación peyorativa (“¡drogómano!”, ¡marihuanero!”), porque eso impide el reconocimiento pleno de los problemas y la posibilidad misma de debates democráticos. Un ejemplo de esto es la forma como en la sociedad venezolana sigue manejándose el tema del aborto, de la interrupción del embarazo, del derecho de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos. En el momento que se plantean estos asuntos, inmediatamente, cae la acusación de “asesinos de bebés sin nacer”, y se clausura el debate. Por esa vía termina por imponerse –sin debate democrático algunola postura de los sectores más conservadores de la sociedad y de las iglesias, tanto católica como evangélica. Se le niega de esta forma a la mitad de la población la primera condición para la construcción de una ciudadanía plena y democrática: la soberanía sobre el propio cuerpo. Mientras tanto, siguen muriendo mujeres de los sectores populares como consecuencia de abortos clandestinos realizados en las peores condiciones porque no pueden pagar una clínica privada.
Las campañas electorales podrían ser momentos privilegiados para debatir los asuntos más importantes que enfrenta la sociedad, así como la contraposición de visiones alternativas de futuro. En los debates electorales camino a las elecciones presidenciales del 2012, ha sido notable la ausencia de propuestas que siquiera abran la posibilidad de debatir alternativas ante las actuales políticas de criminalización de las drogas. Menos aún, referencia alguna a la posibilidad de alguna modalidad de despenalización. En el programa de gobierno que presentó el presidente Chávez para las elecciones presidencias de octubre de 2012, no hay referencia directa al tema de las drogas, o al narcotráfico, sólo unas referencias genéricas al “crimen transnacional” y a la “violencia criminal”.
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