Este informe examina la historia del control fronterizo de los Estados Unidos y el fuerte consenso político a favor de la militarización de la frontera, que es anterior al Gobierno de Trump. Muestra cómo este consenso político ha sido forjado en gran medida por las mayores empresas de armamento del mundo (así como de algunas del sector de la seguridad y la tecnología de la información), que han logrado formidables ganancias con el crecimiento exponencial de los presupuestos gubernamentales destinados al control fronterizo.
La obsesión del presidente estadounidense Donald Trump por ‘construir un muro’ en la frontera entre México y los Estados Unidos ha tergiversado y confundido el debate público sobre el control fronterizo. Esto es así no solo porque ya existe un muro físico —de más de 1000 kilómetros—, sino porque el espectáculo protagonizado por Trump y la oposición de los demócratas a sus planes han dado la impresión de que el Gobierno de Trump está fraguando un nuevo rumbo para el control de las fronteras. Sin embargo, si se analiza con más detalle la política fronteriza de las últimas décadas, se constata que Trump se está limitando a intensificar —y, a la postre, consolidar— una estrategia que ya tiene una larga trayectoria.
Este informe examina la historia del control fronterizo de los Estados Unidos y el fuerte consenso político —tanto republicano como demócrata— a favor de la militarización de la frontera, que es anterior al Gobierno de Trump. Muestra cómo este consenso político ha sido forjado en gran medida por las mayores empresas de armamento del mundo (así como de algunas del sector de la seguridad y la tecnología de la información), que han logrado formidables ganancias con el crecimiento exponencial de los presupuestos gubernamentales destinados al control fronterizo. Mediante sus aportaciones a campañas políticas, labores de cabildeo, constante interacción con funcionarios públicos y la puerta giratoria entre el sector y el Gobierno, estas corporaciones de seguridad y sus aliados en el Gobierno han creado un poderoso complejo industrial de fronteras. Las pruebas demuestran que son estas corporaciones —y el papel que desempeñan en la infraestructura y las políticas de fronteras— las que han dado lugar a una respuesta predominantemente militarizada frente a la migración y, por lo tanto, se han convertido en uno de los mayores impedimentos para una respuesta humana frente a este fenómeno.
El informe empieza repasando la historia del control y la militarización de las fronteras. Muestra cómo los presupuestos de los Estados Unidos para el control fronterizo y de inmigración aumentaron enormemente a partir de la década de 1980, una tendencia que se ha ido acelerando desde entonces. Estos presupuestos pasaron de 350 millones de dólares en 1980 (entonces a cargo del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS)) a 1200 millones de dólares en 1990; 4200 millones de dólares en 2000, y 23 700 millones de dólares en 2018 (a cargo de dos organismos: la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)). En otras palabras, los presupuestos se han más que duplicado en los últimos 13 años y han aumentado mas que un asombroso 6000% desde 1980. Este crecimiento se ha visto acompañado por un crecimiento parecido en el servicio de patrulla fronteriza, que pasó de 4000 agentes en 1994 a 21 000 en la actualidad. En total, hay 60 000 agentes a las órdenes de la CBP (que abarca una Oficina de Aire y Marina, unidades de investigación y la Oficina de Operaciones de Campo), el mayor organismo federal de aplicación de la ley en los Estados Unidos.
El informe también pone de relieve que el control fronterizo de los Estados Unidos en la actualidad entraña mucho más que un muro. Las barreras físicas en las que se centra Trump con fines políticos no son más que un elemento de una amplia infraestructura tecnológica de control fronterizo que penetra en profundidad en el interior de los Estados Unidos y en las regiones fronterizas de México, así como en países de América Central y el Caribe, y más allá. Desde 1997, el Gobierno estadounidense ha estado ampliando constantemente el uso de tecnologías de vigilancia y seguimiento, con, entre otros, cámaras, aviones, sensores de movimiento, drones, videovigilancia y biometría en la frontera entre los Estados Unidos y México. El agente de la Patrulla Fronteriza Félix Chávez, al intervenir en la Conferencia de Gestión de Fronteras y Exposición Tecnológica en El Paso en 2012, reconoció la existencia de este arsenal, señalando que “desde el punto de vista de la tecnología, las capacidades que hemos adquirido desde 2004 son extraordinarias”.
De acuerdo con las revisiones que se introdujeron en 1946 a la Ley de Inmigración y Nacionalidad —y una decisión posterior, tomada en 1957 por el Departamento de Justicia—, las medidas de control fronterizo se extienden 100 millas (unos 160 kilómetros) tierra adentro, con lo que el mercado para la industria de fronteras se amplía a una zona donde residen más de 200 millones de personas, dos tercios de la población estadounidense. Este enfoque se ve reforzado por las estrategias de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, que subrayan su planteamiento ‘de varios niveles’ para patrullar la frontera. Y lo que es más: una política activa para externalizar la aplicación de la ley estadounidense a fin de evitar que las personas migrantes se acerquen a las fronteras del país —en especial desde el 11 de septiembre— significa que hay fondos y programas activos para capacitar a guardias de fronteras extranjeros y transferir recursos e infraestructura a otros países para la vigilancia de las fronteras. Elaine Duke, vicesecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se ha referido a estos programas internacionales como “el partido en campo contrario de la seguridad nacional”.
Esto ha creado un mercado aparentemente ilimitado para las empresas que se dedican a la seguridad de fronteras. Por ejemplo, VisionGain arguyó en 2014 que el mercado mundial de la seguridad fronteriza se encontraba en un “período de auge sin precedentes” debido a tres hechos interrelacionados: la “inmigración ilegal y la infiltración terrorista”, más fondos para la policía de fronteras en “países en desarrollo”, y la “maduración” de nuevas tecnologías. MarketAndMarkets prevé que, en 2022, este mercado tendrá un valor de 52 950 millones de dólares.
Aunque este proceso está teniendo lugar en muchas regiones —véanse, por ejemplo, los informes anteriores de la serie Guerras de frontera del TNI sobre las políticas de fronteras en la Unión Europea (UE)—, los Estados Unidos ofrecen el mayor mercado único para las empresas de seguridad de fronteras, que han cosechado importantes recompensas, tanto con Gobiernos demócratas como republicanos.
El informe revela las dimensiones de los beneficios que ha reportado esta bonanza en la seguridad fronteriza, en especial para las corporaciones estadounidenses:
Rastrear los contratos del Gobierno estadounidense para operaciones de seguridad fronteriza en el extranjero resulta más difícil, ya que los fondos se desembolsan desde numerosos organismos mediante más de 100 programas. No obstante, el informe demuestra que Raytheon es uno de los agentes más importantes en este ámbito —entre 2004 y 2019, recibió más de 1000 millones de dólares de la Agencia de Defensa para la Reducción de Amenazas—, ya que ha participado en importantes operaciones de construcción de fronteras en Jordania y Filipinas. Según las propias fuentes de Raytheon, la empresa ha desplegado ‘soluciones’ de fronteras en más de 24 países de Europa, Oriente Medio, el sudeste asiático y el continente americano, que abarcan más de 10 000 kilómetros de fronteras terrestres y marítimas. Esta actividad entrañó la implantación de más de 500 sistemas de vigilancia móvil, la formación de más de 9000 integrantes de fuerzas de seguridad y la construcción de 15 ‘centros de apoyo’.
Pero las corporaciones no han sido las únicas en beneficiarse. Universidades e institutos de investigación también se han beneficiado a través de nueve centros de excelencia sobre fronteras, comercio e inmigración que, en 2017, recibieron 10 millones de dólares directamente, además de otros 90 millones de dólares destinados a la investigación y el desarrollo (I+D). La Universidad de Houston, la Universidad de Arizona, la Universidad de Texas El Paso, la Universidad de Virginia, la Universidad de Virginia Occidental, la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de Minnesota, Texas A&M, la Universidad Rutgers, la Universidad Americana, el Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury y el Instituto de Políticas de Migración reciben fondos del DHS. Según el DHS, estos centros de excelencia han perfeccionado más de 100 herramientas, tecnologías y productos de conocimiento concebidos de manera específica para que se empleen “en todo el proyecto de seguridad nacional”. Los centros de excelencia han recibido 330 millones de dólares de inversión extraordinaria de ‘fuentes externas’, posiblemente del sector privado, para investigación, desarrollo y educación en materia de seguridad nacional. Entre las corporaciones de investigación que trabajan con los centros de excelencia se encuentran MITRE, SAS y Voir Dire International, LLC.
El informe demuestra que el hecho de que las corporaciones consigan contratos cada vez mayores no representa una bonanza imprevista, sino que es el fruto esperado de la creciente participación de esas corporaciones en la política estadounidense. Las principales beneficiarias de los contratos en las fronteras son también las mismas empresas que más aportan a las campañas políticas, que más cabildean, que se reúnen más a menudo con funcionarios del Gobierno y que entran en el Gobierno como asesoras y personal en posiciones de influencia estratégicas. De esta manera, han determinado las políticas de militarización fronteriza de las que se han beneficiado.
Con información de la base de datos de opensecrets.org, gestionada por el Center for Responsive Politics, el informe revela que:
Además del cabildeo constante y las aportaciones a las campañas, los gigantes de la seguridad fronteriza también tejen relaciones sólidas y fructíferas a través de sus interacciones con funcionarios del Gobierno. Uno de los entornos clave para estas actividades son las exposiciones (ahora anuales) de seguridad fronteriza en que, desde 2005, se han dado cita ejecutivos del sector y altos funcionarios del DHS, la CBP y la ICE. Actualmente, el evento incluye una jornada de golf antes de la exposición, en que altos cargos de Seguridad Nacional y ejecutivos del sector pueden reunirse de manera informal y discutir perspectivas de futuro y posibles contratos.
Además de ofrecer un lugar para que las empresas de seguridad fronteriza vendan sus productos y promuevan sus últimas ‘soluciones’ tecnológicas, sus seminarios también fomentan una perspectiva, un lenguaje y un enfoque de políticas comunes. Todo esto se refuerza con la creación de redes personales durante los almuerzos, las pausas para el café y las cenas, que consolidarán la cooperación durante años. Entre las sesiones de debate de la Expo 2020 en San Antonio, se encuentran títulos como ‘Identificar y abordar retos y oportunidades nuevos y emergentes en las fronteras a través de la tecnología, las alianzas y la innovación’, ‘Migración en masa y menores no acompañados: Repercusiones financieras y de seguridad nacional’ y ‘Frontera: Muro – Puertos – Sistema(s) – Tecnología – Infraestructura – Integración – Modernización’. Las exposiciones en los Estados Unidos cuentan con eventos análogos en todo el mundo, como la Expo de Seguridad en Ciudad de México, Milipol en París, e ISDEF en Tel Aviv.
Como si las relaciones entre la industria y el Gobierno no fueran ya lo suficientemente estrechas, también existe una puerta giratoria entre las corporaciones y el Gobierno. A menudo, exfuncionarios del Gobierno son contratados por diversas corporaciones, o entran en el sector del cabildeo, no solo como cabilderos, sino también como consultores y estrategas.
La relación entre el Gobierno y la industria se ha vuelto tan estrecha y está tan difusa que algunos funcionarios del Gobierno ya no ven distinción alguna. En el Día de la Industria de SBInet de 2005, Michael Jackson, el subsecretario del DHS, que anteriormente había trabajado como director de operaciones de Lockheed Martin, se dirigió a una sala de conferencias llena de posibles receptores de contratos: “Esta es una invitación inusitada. Quiero asegurarme de que lo tenéis claro, de que os pedimos que volváis y nos digáis cómo hacer nuestro trabajo. Eso es lo que os pedimos. Os invitamos a que nos digáis cómo dirigir nuestra organización”.
No es ninguna exageración afirmar que los Estados Unidos cuentan con un complejo industrial de fronteras tan poderoso como el complejo militar-industrial sobre el que el presidente Eisenhower advirtió en 1961. De hecho, muchas de las corporaciones son las mismas, que no solo trabajan para determinar la política militar y de adquisiciones, sino también, cada vez más, la política de fronteras y migración. Por lo tanto, no es de extrañar que la política estadounidense se vea dominada por un enfoque militarizado y represivo frente al control de fronteras y la inmigración.
En este contexto, la elección de Trump, con su retórica deliberadamente polarizadora sobre la inmigración y su apoyo a las fronteras militarizadas, brinda un impulso definitivo a la industria, aunque no ofrezca una dirección significativamente nueva. Sin duda, el sector ha celebrado abiertamente el aumento de los presupuestos. Los presupuestos de la CBP han pasado de 14 439 714 dólares en 2017 a 16 690 317 dólares en 2019, un incremento de más de 2000 millones de dólares para gastar en más contratistas, tanto nuevos como ya activos. La ICE también ha sido testigo de un aumento de casi 2000 millones de dólares durante el mismo período. Sin embargo, como se detalla en el informe, este crecimiento sigue en gran medida una larga trayectoria de militarización de las fronteras que ha presenciado, a lo largo de muchas décadas, un aumento constante de los presupuestos y las fronteras.
A pesar de que este informe se centra en los beneficios que logran las empresas con la gran expansión del complejo industrial de fronteras, las consecuencias se dejan sentir en las vidas humanas, sobre todo en la crisis generalizada e intencionada de muerte y desaparición en los territorios fronterizos.
En su introducción a la serie de informes Desaparecidos, la organización humanitaria No Más Muertes, que ha copatrocinado este informe, señala: “Durante los últimos 20 años, los Estados Unidos han armado a las ciudades fronterizas con muros, cámaras, sensores, personal e infraestructura de tipo militar (...) Como resultado, las personas que cruzan la frontera ingresan ahora a los Estados Unidos a través de zonas naturales remotas. Dispersándose a lo largo de la región rural al norte de la frontera y generando una red de sistemas de senderos a través de caminos por las montañas, colinas onduladas, planicies desoladas y densos matorrales”.
La creación de una travesía cada vez más letal significa que “miles de personas han perecido en la zona fronteriza por deshidratación, enfermedades relacionadas con el calor, y otras causas ambientales prevenibles. El calor extremo y el frío penetrante, las fuentes de agua escasas y contaminadas, la topografía traicionera y la aislación casi total para un posible rescate se usan como armas para ejercer la estrategia fronteriza”.
Así que para la ciudadanía comprometida, que se ha sentido horrorizada por las políticas del Gobierno Trump hacia las personas migrantes, significa que no basta con sustituir a Donald Trump para establecer unas políticas más humanas en materia de migración en los Estados Unidos. La militarización de los territorios fronterizos de los Estados Unidos tiene una larga historia, impulsada por las corporaciones que se lucran de ella. Los ingresos y las ganancias de estos intereses comerciales extremadamente poderosos dependen de un mercado en constante expansión para el control y la militarización de las fronteras. Estos gigantes de la seguridad fronteriza ejercen una fuerte influencia sobre los políticos republicanos y demócratas que ocupan posiciones estratégicas en los poderes ejecutivo y legislativo, así como en medios de comunicación. Cualquier estrategia para cambiar la dirección de la política estadounidense en materia de migración exigirá hacer frente a este complejo industrial de fronteras y eliminar su influencia sobre el panorama político y la formulación de políticas públicas. Y es que mientras las corporaciones que se benefician del sufrimiento de las personas migrantes sigan integradas en posiciones de poder dentro del Gobierno y la sociedad, generar un nuevo enfoque que ponga en primer lugar las vidas y la dignidad de las personas migrantes supondrá un enorme desafío.
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