La economía verde: el lobo se viste con piel de cordero
El defecto fundamental del informe del PNUMA "Hacia una Economía Verde" es su incapacidad para analizar las relaciones de poder extraordinariamente desiguales que existen en el mundo actual, y los intereses en juego en el funcionamiento de este sistema económico mundial.
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A lo largo de sus centenares de páginas, el informe del PNUMA "Hacia una Economía Verde" (2011) presenta muchas reflexiones valiosas sobre posibilidades de alteraciones en los patrones productivos, en la industria, en la agricultura, en la organización de las ciudades, en los sistemas constructivos, en el transporte. Recoge igualmente una amplia gama de ricas experiencias de tecnologías alternativas, del uso de energías renovables, y de novedosos regímenes regulatorios que existen en diferentes partes del mundo. Esto permite reconocer que hay hoy en todo el planeta procesos de búsqueda de alternativas a la lógica destructora de los modelos productivos y de consumo hoy hegemónicos. Esto debe ser reconocido como una importante contribución del informe a los debates sobre las alternativas. Sin embargo, son mucho más notorias las ausencias.
Correspondiendo a la lógica “light” que caracteriza a la mayor parte de los documentos de este tipo, en este informe se obvian por completo todos los asuntos más polémicos creando así una ficción de un mundo que no opera en base a intereses, sino sobre la posibilidad de construcción de consensos que beneficien a todos.
Un ejemplo de los temas ausentes es el caso de la guerra y de la industria bélica, una de las dinámicas más humana y ambientalmente devastadoras existentes en el mundo actual. Tanto en términos de los masivos insumos materiales y energéticos utilizados para la fabricación y transporte de los equipos militares, como de los impactos, con consecuencias a largo plazo, de su utilización en los conflictos bélicos, se trata de una dimensión central de la lógica destructiva hoy imperante. Aparentemente se trata de un tema tabú que no pueden abordar los organismos internacionales sin ofender a los Estados Unidos.
Pero aún más esencial es la ausencia absoluta de toda consideración del significado de las extraordinariamente desiguales relaciones de poder existentes en el mundo contemporáneo, y los intereses que están en juego en la operación de este sistema mundo. Habla el informe reiteradamente de politicas, pero nunca de política, nunca del poder. Con relación a la política, los autores se declaran neutrales, afirman que la “economía verde no favorece a una u otra corriente política, ya que es pertinente para todas las economías, tanto las controladas por el Estado como las de mercado”. Los redactores de este informe parecen vivir en un mundo de fantasía en que los gobiernos son democráticos y toman sus decisiones sobre la base de la voluntad de las mayorías y de las necesidades del bienestar de las presentes y futuras generaciones. Parecen creer (o pretenden hacernos creer) que los regímenes políticos contemporáneos y los denominados “formuladores de políticas”, cuentan con la capacidad para imponer normas de comportamiento a las corporaciones y a los mercados financieros. Parecen suponer que el capital financiero y las empresas transnacionales que están operando como agentes activos de la acelerada devastación del planeta, no lo hacen porque esto corresponda a las formas en que buscan maximizar sus tasas de ganancia a corto plazo, sino porque no cuentan con suficiente información, o porque no reciben señales suficientemente claras por parte de los marcos regulatorios dentro de los cuales operan.
Estos redactores optan por ignorar que la capacidad de los sistemas políticos contemporáneos para establecer regulaciones y restricciones a la libre operación de los mercados -aunque estás sean exigidas por una muy amplia mayoría de la población- está severamente limitada por el poder político y financiero de las corporaciones. Esto es particularmente evidente en los Estados Unidos. Ninguna política de regulación ambiental, y ningún compromiso internacional, puede ser asumido por el gobierno de dicho país si no cuenta previamente con el visto bueno de las grandes corporaciones potencialmente afectadas. Estas, que de, hecho tienen capacidad de vetar las políticas con las cuales no están de acuerdo. Esto lo han demostrado en forma contundente en el freno a todo compromiso de los Estados Unidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las negociaciones de cambio climático de las Naciones Unidas, y la forma como han impedido la aprobación hasta de las normas ambientales más tímidas que se han propuesto en estos últimos años. Para los gobernantes, el costo político de afectar los intereses corporativos es, simplemente, demasiado elevado.
Las políticas de ajuste estructural con las cuales los gobiernos europeos han respondido a la actual crisis, llegando inclusive a una reforma constitucional en España, se realizan con el fin de responder a las exigencias cada vez más precisas que formulan “los mercados”. Con esto se vienen dando nuevos pasos en el socavamiento de toda noción de democracia y en la dirección de niveles crecientes de concentración, tanto de la riqueza, como del poder de toma de decisiones a escala global.
En estas condiciones, el listado de recomendaciones, el conjunto de propuestas de políticas que el PNUMA pide a los gobiernos del mundo que negocien e implementen, no pasa de ser la expresión ingenua de muy buenos deseos, sin posibilidad alguna de alterar el rumbo actual del planeta. Ninguna propuesta que parta de ignorar por completo las realidades de la geopolítica contemporánea tiene posibilidad alguna de realizar aportes significativos a los retos globales que hoy enfrentamos.
Esto lo tienen claro los movimientos de resistencia que luchan hoy en todo el mundo. Por ello es poco probable que se dejen entrampar con las falsas promesas de la economía verde.
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