La transición energética en el Norte de África Neocolonialismo otra vez

La pandemia de COVID-19, que ha contribuido a la actual crisis multidimensional, pone de manifiesto que lo que estamos viviendo es apenas una muestra de lo peor que podría suceder si no adoptamos las medidas necesarias para implementar soluciones justas a la crisis climática.

Los impactos del cambio climático en la región de Oriente Medio y el Norte de África ya son una realidad y están socavando las bases socioeconómicas y ecológicas de la vida en la región. Los grupos más marginados de la sociedad, especialmente las y los pequeños productores, agropastoralistas y pescadores sufren estos efectos de forma desproporcionada. Las personas se han visto obligadas a abandonar sus tierras debido a la mayor intensidad y frecuencia de las sequías y tormentas, así como al crecimiento de los desiertos y el aumento del nivel del mar. Además, los cultivos están fracasando y el suministro de agua está disminuyendo, lo cual está teniendo un efecto considerable en la producción de alimentos.1

Para hacer frente a la crisis climática es necesario reducir de manera rápida y drástica las emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, somos conscientes de que el sistema económico actual está perjudicando los sistemas que sustentan la vida en el planeta y, tarde o temprano, se derrumbará. Por consiguiente, una transición hacia energías renovables se ha vuelto una necesidad urgente. Sin embargo, es posible que, de ocurrir, esta transición perpetuará las mismas prácticas actuales de despojo y explotación que reproducen injusticias y profundizan la exclusión socioeconómica. Es así que, antes de hablar de proyectos «verdes», resulta adecuado cuestionar los marcos y concepciones utilizados en una transición energética para arrojar luz sobre las transiciones que serían injustas y algunos de los aspectos problemáticos de la energía renovable que han sido relegados por el discurso hegemónico.

El desierto del Sáhara suele describirse como un vasto territorio muy poco poblado que es considerado el paraíso de la energía renovable, por lo que representa una oportunidad única para brindar energía a Europa a fin de que pueda continuar su estilo de vida consumista y extravagante y su consumo excesivo de energía. No obstante, esta narrativa engañosa no tiene en cuenta cuestiones de propiedad y soberanía y encubre las relaciones mundiales de hegemonía y dominación que facilitan el saqueo de recursos, la privatización de bienes comunes y el despojo de comunidades, consolidando de ese modo formas no democráticas y excluyentes de llevar a cabo la transición energética.

Varios ejemplos del Norte de África demuestran que el colonialismo energético y las prácticas extractivistas se reproducen incluso en transiciones hacia energía renovable, en lo que puede describirse como «colonialismo verde» o «acaparamiento verde». Si lo más importante no es llevar a cabo cualquier tipo de transición, sino una transición justa que beneficie a los miembros más empobrecidos y marginados de la sociedad, en lugar de profundizar su exclusión socioeconómica, estos ejemplos suscitan algunas preocupaciones graves.

Antes de adentrarnos en algunos de estos ejemplos, quisiera proporcionar algunas definiciones breves de las expresiones «colonialismo verde» y «acaparamiento verde». El colonialismo verde o el «colonialismo de la energía renovable» puede definirse como la extensión de las relaciones coloniales de saqueo y despojo (así como la deshumanización del otro) a la era verde de las energías renovables, que incluyen el desplazamiento de los costos socioambientales hacia países y comunidades de la periferia, priorizando las necesidades energéticas de una región del mundo por encima de otra. Básicamente, se trata del mismo sistema pero con una fuente de energía diferente, se pasa de los combustibles fósiles a la energía verde, mientras se mantienen los mismos patrones de producción y consumo intensivos en energía y las mismas estructuras políticas, económicas y sociales que generan desigualdad, empobrecimiento y despojo permanecen intactas.

Personas del ámbito académico y activistas han acuñado otro concepto útil: «acaparamiento verde». Esta expresión se refiere a los casos en que la dinámica de acaparamiento de tierra ocurre dentro de una supuesta agenda verde.2 Es decir que se apropian de la tierra y los recursos con presuntos fines ambientales. Ello abarca desde determinados proyectos conservacionistas que despojan a comunidades indígenas de sus tierras y territorios hasta la confiscación de tierras comunales para producir biocombustibles y la instalación de grandes centrales de energía solar y parques eólicos en tierras de agropastoralistas sin obtener su consentimiento.

La actual transición desigual hacia energías renovables, que está sucediendo fundamentalmente en el Norte global, depende de la extracción de minerales básicos y metales de tierras raras (como el cobalto, el litio, el cobre, el níquel y el grafito) que se utilizan en la fabricación de paneles solares, turbinas de viento, aspas y baterías. ¿De dónde provendrán estos recursos? De países como Bolivia, Chile, Indonesia, Marruecos y la República Democrática del Congo, donde la destrucción ambiental y la explotación de los trabajadores continuarán e incluso se intensificarán.

El colonialismo –si es que ha terminado formalmente– sigue existiendo de otros modos y en diversos niveles, incluida en la esfera económica. Algunos académicos y activistas lo denominan neocolonialismo y recolonización. Se ha relegado a las economías de las periferias o el Sur global a una posición subordinada dentro de una división mundial del trabajo profundamente injusta: por un lado, como proveedores de recursos naturales baratos y reserva de mano de obra barata y, por otro, como mercado para las economías industrializadas o de alta tecnología.3 El colonialismo ha impuesto y configurado esta situación, y los intentos de escaparle han fracasado hasta el momento como consecuencia de las herramientas de subyugación imperial: deudas devastadoras, la religión del «libre comercio» y los Programas de Ajuste Estructural de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

De modo que, si realmente queremos abandonar los combustibles fósiles, es fundamental realizar un examen profundo de los vínculos entre los combustibles fósiles y la economía en general, y abordar las relaciones de poder y las jerarquías del sistema energético internacional.4 Ello significa reconocer que los países del Sur global siguen siendo explotados sistemáticamente por una economía colonial e imperialista creada en torno al saqueo de sus recursos y a la transferencia masiva de riqueza del Sur al Norte.

Tomemos el ejemplo de Marruecos, dado que ha avanzado más que sus vecinos en la transición energética. Marruecos se ha fijado la meta de aumentar su proporción de energía renovable a más del 50 por ciento de aquí a 2030. La central solar de Ouarzazate, que comenzó a funcionar en 2016, es parte del plan del país para lograr este objetivo. La central no ha beneficiado a las comunidades empobrecidas que la rodean, entre ellas, los agropastoralistas de Amazigh, cuyas tierras fueron utilizadas sin su consentimiento para instalar la planta de 3 000 hectáreas. Además, la deuda de 9 000 millones de dólares con el Banco Mundial, el Banco Europeo de Desarrollo y otros, por préstamos para la construcción de la planta, está respaldada por garantías del Gobierno marroquí, lo que posiblemente signifique más deuda pública en un país ya sobrecargado por la deuda. El proyecto, que es una asociación público-privada, –un eufemismo para la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas a través de estrategias de eliminación del riesgo– ha registrado, desde su creación en 2016, un déficit anual de alrededor de 80 millones de euros, que es cubierto con dinero público. Por último, la central de Ouarzazate utiliza energía solar concentrada, que necesita un gran volumen de agua para el enfriamiento del sistema y la limpieza de los paneles solares. En una región semiárida como Ouarzazate, resulta atroz destinar a otros usos el agua para beber y para la agricultura.

Otro ejemplo de una transición energética injusta es el proyecto Noor Midelt, que constituye la fase II del plan de energía solar de Marruecos. Está previsto que proporcione más capacidad energética que la planta de Ouarzazate y que sea uno de los mayores proyectos de energía solar del mundo que combine tecnologías de energía solar concentrada y energía fotovoltaica. Las instalaciones de Noor Midelt serán operadas por la empresa francesa EDF Renewables, la entidad emiratí Masdar y el conglomerado marroquí Green of Africa, en alianza con la Agencia Marroquí para la Energía Sostenible (Masen), por un periodo de 25 años. El proyecto ha acumulado una deuda de alrededor de 4 000 millones de dólares hasta el momento, incluidos más de 2 000 millones de dólares de deuda con el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, la Agencia Francesa de Desarrollo y Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).6,7

La construcción de Noor Midelt comenzó en 2019 y su inauguración estaba inicialmente prevista para 2022. Sin embargo, se retrasó por diversos motivos, incluidos la lentitud del progreso del plan solar y problemas políticos en los que se vio involucrado el director de Masen en 2021, así como tensiones geopolíticas entre Marruecos y Alemania. El complejo solar Noor Midelt se desarrollará en un lugar que abarca 4 141 hectáreas en la meseta del Alto Moulouya en el centro de Marruecos, alrededor de 20 km al noreste de la localidad de Midelt. Un total de 2 714 hectáreas de ese sitio son gestionadas como tierras comunales o colectivas por tres comunidades étnicas agrarias: Ait Oufella, Ait Rahou Ouali y Ait Massoud Ouali, mientras que alrededor de 1 427 hectáreas han sido declaradas tierra de bosque y actualmente son gestionadas por estas comunidades. La tierra ha sido confiscada a sus propietarios a través de leyes y reglamentos nacionales que permiten la expropiación en el interés público. Un tribunal de administración falló a favor de otorgar la expropiación a Masen en enero de 2017, y el fallo judicial se hizo público en marzo de 2017.

Como parte de la narrativa ambiental colonial que etiqueta a las tierras que se expropiarán como marginales y subutilizadas y, por ende, disponibles para invertir en energía verde, en un estudio realizado en 2018,8 el Banco Mundial destacó que «el terreno arenoso y árido solo permite que crezcan matorrales y la tierra no es adecuada para el desarrollo de la agricultura debido a la escasez de agua». Este argumento o narrativa también fue utilizado cuando se promovió la planta de Ouarzazate a comienzos de la década de 2010. En ese entonces, una persona afirmó: «Quienes están a cargo del proyecto hablan de esta zona como un desierto inutilizado, pero para las personas de aquí esto no es un desierto, es una pradera. Es su territorio, y su futuro está en la tierra. Cuando tomas mi tierra, tomas mi oxígeno».9

El informe del Banco Mundial no se detiene allí, sino que afirma además que «la adquisición de tierra para el proyecto no tendrá impactos en los medios de subsistencia de las comunidades locales». Sin embargo, la tribu pastoralista trashumante de Sidi Ayad, que ha estado utilizando esa tierra para el pastoreo de sus animales durante siglos, no opina lo mismo. En 2019, Hassan El Ghazi, un pastor joven, declaró a un activista de la asociación ATTAC Marruecos:

«Nuestra profesión es el pastoralismo, y ahora este proyecto ha ocupado la tierra donde pastan nuestras ovejas. No nos emplean en el proyecto, sino que contratan a extranjeros. La tierra en la que vivimos ha sido ocupada. Están destruyendo las casas que construimos. Nos oprimen a nosotros y a la región de Sidi Ayad. Oprimen a los niños, y sus derechos y los derechos de nuestros ancestros se han perdido. Somos “analfabetos, no sabemos leer ni escribir [...] los niños que ves no fueron a la escuela y ellos no son los únicos. Las carreteras y caminos están cortados [...] Al final, somos invisibles, no existimos para ellos. Exigimos que los funcionarios presten atención a nuestra situación y nuestras regiones. Estas políticas no nos permiten existir y es preferible morir, es preferible morir».10

En este contexto de despojo, miseria, subdesarrollo e injusticia social, la población de Sidi Ayad ha expresado descontento desde 2017 mediante una serie de protestas. En febrero de 2019, llevaron a cabo una sentada, en la que Said Oba Mimoun,11 un miembro del Sindicato de Pequeños Productores y Silvicultores, fue arrestado y condenado a 12 meses de prisión.

Mostepha Abou Kbir, otro sindicalista que ha apoyado la lucha de la tribu de Sidi Ayad, ha descrito el modo en que se ha cercado la tierra sin la aprobación de las comunidades locales, que han soportado decenios de exclusión socioeconómica. La tierra ahora está cercada y nadie puede ingresar. Abou Kbir denuncia el contraste entre los proyectos de megadesarrollo del Estado marroquí y el hecho de que no hay infraestructura básica en Sidi Ayad. Además, señala otra dimensión del cercado y el acaparamiento de recursos, que es el agotamiento de los recursos hídricos en la región de Drâa-Tafilalet para beneficio de estos proyectos gigantescos (la planta solar de Midelt se abastecerá con la represa cercana Hassan II), que no benefician a las comunidades.12 En un contexto difícil en el cual los propietarios de pequeños rebaños están siendo expulsados del sector, y donde la riqueza está concentrada en cada vez menos personas, a lo que se suman la mercantilización del mercado ganadero y las sequías crónicas, el proyecto solar Midelt amenazará aún más los medios de subsistencia de estas comunidades pastoralistas y empeorará su ya difícil situación.

Las comunidades de Sidi Ayad no fueron las únicas en expresar preocupación acerca del proyecto Midelt. Las mujeres del movimiento soulaliyate también reclamaron el derecho de acceder a la tierra en la región de Drâa-Tafilalet y han exigido una indemnización adecuada por la pérdida de su tierra ancestral, donde se ha construido la planta de energía solar. El término «mujeres soulaliyates» se refiere a las mujeres tribales de Marruecos que viven en tierras colectivas. El movimiento de mujeres soulaliyates surgió en la década de 2000 en el contexto de la intensa mercantilización y privatización de tierras colectivas.13 En aquel momento, las mujeres tribales comenzaron a exigir igualdad de derechos y un reparto equitativo en los planes para privatizar o dividir sus tierras. A pesar de la intimidación, las detenciones e incluso los sitios de las autoridades, el movimiento se ha expandido en todo el país y mujeres de diferentes regiones ahora luchan bajo la bandera de igualdad y justicia del movimiento soulaliyate.

A pesar de estas preocupaciones e injusticias, el proyecto Midelt está avanzando, con la protección de la monarquía y sus herramientas de represión y propaganda. La lógica de externalizar los costos socioecológicos y desplazarlos en el espacio y tiempo, que es característica del impulso extractivista del capitalismo, parece no tener fin.

Aunque algunos proyectos en Marruecos, como las centrales solares de Ouarzazate y Midelt, pueden describirse como «acaparamiento verde» –es decir, la apropiación de tierra y recursos supuestamente con fines ambientales–, proyectos similares de energía renovable (energía solar y eólica) que se están llevando a cabo o que se llevarán a cabo en el futuro en los territorios ocupados del Sáhara Occidental pueden calificarse de «colonialismo verde», dado que se realizan a pesar de la oposición de los saharauis en sus tierras ocupadas.

En la actualidad hay tres parques eólicos en funcionamiento en los territorios ocupados del Sáhara Occidental; se está construyendo un cuarto parque en Boujdour, mientras que otros siete están en la fase de planificación. Estos parques eólicos, que tendrán una capacidad combinada de 1 000 MW, son parte de la cartera de Nareva, la empresa de energía eólica propiedad de la sociedad de cartera de la familia real marroquí.

El 95 por ciento de la energía que la Office Chérifien des Phosphates (OCP) de Marruecos necesita explotar de las reservas de fosfato del Sáhara Occidental en Bou Craa es producida por molinos de viento. Esta energía renovable es generada por 22 turbinas de viento de Siemens en el parque eólico Foum el Oued, de 50 MW, que ha estado funcionando desde 2013.14

En noviembre de 2016, durante las negociaciones sobre el clima en la COP22, ACWA Power, de Arabia Saudita, firmó un acuerdo con Masen para el desarrollo y funcionamiento de tres centrales de energía solar fotovoltaica que generarían 170 MW de electricidad. No obstante, dos de las centrales eléctricas (actualmente en funcionamiento), que producen 100 MW de electricidad, no están ubicadas en Marruecos, sino dentro de los territorios ocupados del Sáhara Occidental (El Aaiún y Boujdour). Se han trazado planes para la construcción de una tercera central de energía solar en El Argoub, cerca de Dakhla.15

Está claro que estos proyectos de energía renovable están siendo utilizados para consolidar la ocupación mediante la profundización de los vínculos de Marruecos con los territorios ocupados, con la complicidad de empresas y capital extranjeros.

Las clases dominantes de Argelia han hablado durante decenios de la era «pospetróleo» y los Gobiernos sucesivos han hecho promesas vacías sobre energías renovables durante años, sin adoptar ninguna acción concreta. De hecho, hubo retrasos considerables en implementar los planes actuales de energía renovable, lo que refleja la ausencia de una visión seria o coherente para la transición. Los funcionarios gubernamentales siguen haciendo anuncios y declaraciones, pero sus promesas aún no se han cumplido. Por ejemplo, la reciente licitación para desplegar una capacidad solar de 1 GW ha estado retrasada durante más de dos años. Los planes de Argelia de contar con una capacidad de generación de energía solar de 15 G de aquí a 2030 no son realistas si tenemos en cuenta que el país tenía alrededor de 423 MW de capacidad solar instalada a finales de 2021, según la Agencia de Energía Renovable (IRENA).16 Si se combinan todas las fuentes de energía, la capacidad instalada de energía renovable actualmente no supera los 500 MW. Esta cifra se aleja mucho de los 22 GW planificados para 2030, anunciados en 2011. El Ministerio de Transición Energética y Energías Renovables, creado en junio de 2020, ha reducido estas metas a 4 GW para 2024 y 15 GW para 2035, pero incluso estas metas son extremadamente optimistas.

En resumidas cuentas, Argelia necesita realizar una rápida transición hacia la producción de energías renovables, ya que llegará el día en que los clientes europeos del país dejen de importar combustibles fósiles con fines energéticos. La Unión Europea (UE) está ampliando y acelerando su transición energética, un patrón que se ha vuelto urgente tras la invasión rusa en Ucrania. En el corto plazo, la UE obviamente seguirá importando gas e intensificará sus esfuerzos para diversificar sus fuentes, pero en el largo plazo hará lo posible para alejarse de los combustibles fósiles. Ello implicará una amenaza existencial para países como Argelia, si siguen dependiendo del petróleo y el gas. Por consiguiente, la transición urgente hacia la producción de energías renovables (fundamentalmente para el mercado local) no solo es la opción correcta desde el punto de vista ecológico, sino que además es un imperativo estratégico y de supervivencia.

No obstante, la tendencia general en el país en los últimos años ha sido una mayor liberalización de la economía y la adjudicación de más concesiones al sector privado y los inversores privados. Los casos de las leyes presupuestarias de 2020-2021 y la nueva Ley de Hidrocarburos son un ejemplo de ello. La nueva Ley de Hidrocarburos favorece a las multinacionales y les ofrece más incentivos y concesiones para que inviertan en Argelia. También allana el camino para proyectos destructivos, como la explotación de gas de esquisto en el Sáhara y de recursos mar adentro en el Mediterráneo.

Por su parte, las leyes presupuestarias de 2020-2021 facilitaron el resurgimiento de los préstamos internacionales e impusieron medidas de austeridad severas mediante el levantamiento de diversos subsidios y el recorte del gasto público. Con la excusa de alentar la inversión extranjera directa, exoneraron a las multinacionales del pago de tarifas e impuestos y aumentaron su porcentaje en la economía nacional al eliminar la regla de inversión del 51/49, que limita la parte de la inversión extranjera en cualquier proyecto a un 49 por ciento, socavando aún más la soberanía nacional.17 Ahora es el turno del sector de la energía renovable. Esta definitivamente no es una decisión que pueda asegurar la soberanía en este sector estratégico que se volverá cada vez más importante en los próximos años.

Si bien algunos Gobiernos de Occidente dan una imagen de defender el medio ambiente al prohibir la fracturación hidráulica dentro de su territorio y fijar metas de reducción de emisiones de carbono, al mismo tiempo ofrecen apoyo diplomático a sus empresas multinacionales para que exploten reservas de esquisto en sus ex colonias, como hizo Francia con Total en Argelia en 2013.18 Si eso no es colonialismo energético y racismo ambiental, entonces no sé lo que será.

En el contexto de la guerra en Ucrania y los intentos de la UE de recortar la dependencia del gas de Rusia, la seguridad energética de la UE nuevamente pasa a ser lo más importante. Hay más gas cautivo, más extractivismo,19 más dependencia y una suspensión de la transición verde, donde se están desarrollando esos proyectos extractivos. Eso es exactamente lo que ocurrió en el caso de Italia y Argelia cuando acordaron aumentar los suministros de gas a Italia. De hecho, la empresa nacional de hidrocarburos argelina Sonatrach y la empresa italiana ENI extraerán 9 000 millones de metros cúbicos adicionales en 2023-2024.20 La UE también recibirá gas natural líquido de Egipto, Israel, Qatar y Estados Unidos.

Algunas economías del Norte de África extremadamente dependientes de los combustibles fósiles se verán muy afectadas cuando Europa reduzca de manera significativa sus importaciones de combustibles fósiles de esta región en los próximos decenios. Por consiguiente, es preciso llevar a cabo una discusión y un debate público con respecto a la transición necesaria y urgente a energías renovables, mientras se eliminan progresivamente los combustibles fósiles. Se deberían descartar nuevos proyectos de exploración y explotación de combustibles fósiles, y ello no puede disociarse de las cuestiones de democratización y soberanía popular sobre la tierra, el agua y otros recursos naturales. En dictaduras militares cleptocráticas como Argelia y Egipto (donde se celebró la COP27 sobre cambio climático), ¿cómo puede la población decidir sobre su futuro sin desmilitarizar y democratizar a sus países y sociedades? Además, existe la necesidad de construir conscientemente alianzas entre los movimientos de los trabajadores y otros movimientos y organizaciones de justicia social y ambiental. Debemos hallar el modo de involucrar a los trabajadores de la industria del petróleo en las discusiones en torno a la transición y los empleos verdes, dado que la transición no podrá ocurrir sin ellos. Por consiguiente, es sumamente importante comenzar a vincularse con los sindicatos acerca de estos temas.

En Argelia y en otros países del Norte de África y el Sur global, la transición energética debe ser un proyecto soberano que mira hacia adentro y está destinado a satisfacer las necesidades locales en primer lugar, antes de embarcarse en iniciativas de exportación. No podemos seguir como antaño produciendo para Europa y obedeciendo a sus dictados, incluido su deseo de dejar de depender del gas de Rusia al diversificar sus fuentes de energía. La prioridad ahora es descarbonizar las economías de los países del Norte de África al alcanzar un 70 a un 80 por ciento de energías renovables en la matriz energética antes de comenzar a pensar en exportar a la UE.

Además de todo esto, se debe tener en cuenta que países como Argelia, que permanecen estancados en una forma depredadora de modelo extractivista de desarrollo, no disponen de los medios ni de los conocimientos suficientes para llevar a cabo una transición energética rápida. En este sentido, se debe ofrecer alguna compensación financiera por no extraer más petróleo y se debe poner fin a los monopolios tecnológicos y de los conocimientos verdes, y estos recursos deben ponerse a disposición de países y comunidades del Sur global.

La tendencia hacia la privatización de la energía y el control empresarial de la transición energética es un fenómeno mundial. Marruecos y Túnez ya han emprendido ese trayecto. En la actualidad, hay un fuerte impulso para privatizar el sector de energía renovable y brindar grandes incentivos a los inversores extranjeros con el fin de producir energía verde en el país, incluido para la exportación. La Ley 2015-12 y su enmienda de 2019 permiten el uso de tierra agrícola para proyectos de energía renovable en un país que ya sufre de una fuerte dependencia alimentaria, algo que quedó de manifiesto con la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. En este contexto, cabe preguntarse, ¿transición energética para quién?

En 2017, la empresa TuNur solicitó un permiso para la construcción de una central de energía solar de 4,5 GW en el desierto de Túnez para suministrar suficiente electricidad a través de cables submarinos para abastecer a dos millones de hogares europeos. Este proyecto, que aún no se ha puesto en marcha, es una alianza entre la empresa de energía Nur, con sede en Reino Unido, y un grupo de inversores de Malta y Túnez del sector del petróleo y el gas.21 Hasta hace poco, TuNur se describía abiertamente como un proyecto de exportación de energía solar que vinculaba el Sáhara con Europa. Habida cuenta de que Túnez depende de Argelia para parte de sus necesidades energéticas, es indignante que proyectos de este tipo exporten energía, en lugar de producirla para uso doméstico.

Lo mismo ocurre con otro proyecto propuesto en 2021 por un ex director ejecutivo de Tesco,22 en alianza con Saudi ACWA Power, que intenta conectar el sur de Marruecos con el Reino Unido a través de cables submarinos que enviarán electricidad a lo largo de más de 3 800 km. Una vez más, se mantienen las mismas relaciones de extracción y las mismas prácticas de acaparamiento de tierra, mientras que las personas de la región no tienen energía suficiente para abastecerse. A pesar de que estos grandes proyectos de energía renovable proclaman tener buenas intenciones, terminan justificando la explotación y el robo brutales. Al parecer, estamos ante un programa colonial bien conocido: el flujo ilimitado de recursos naturales baratos (incluida la energía solar) del Sur global al Norte global, mientras que la fortaleza de Europa construye muros y cercas para evitar que los seres humanos lleguen a sus costas.

Mientras que el mundo intenta pasarse a la energía renovable en medio de la creciente crisis climática, el hidrógeno se ha presentado como un combustible alternativo «limpio». La producción más reciente de hidrógeno se realiza a partir de la extracción de combustibles fósiles, que provoca grandes emisiones de carbono (hidrógeno gris). Este proceso puede ser más limpio (hidrógeno azul), por ejemplo, mediante la tecnología de captura de carbono. Sin embargo, la forma más limpia de extracción de hidrógeno utiliza electrolizadores para separar las moléculas de agua, un proceso que puede llevarse a cabo mediante electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables (hidrógeno limpio o verde).

En los últimos años, en respuesta a la fuerte presión de varios grupos de interés, la UE ha aceptado la idea de una transición al hidrógeno como un elemento fundamental de su respuesta al cambio climático, por lo que en 2020 introdujo su estrategia de hidrógeno en el marco del Pacto Verde Europeo. El plan propone realizar una transición hacia el hidrógeno «verde» para 2050 a través de la producción local y mediante el establecimiento de un suministro constante proveniente de África.23 Esta estrategia se inspiró en ideas propuestas por el órgano de comercio y el grupo de presión Hydrogen Europe, que creó la Iniciativa de Hidrógeno Verde de 2x40 GW. En virtud de esta iniciativa, la UE tendrá una capacidad de electrolizadores de hidrógeno renovable de 40 GW de aquí a 2030 dentro de su territorio a partir de electrolizadores de regiones vecinas, como los desiertos del Norte de África, mediante el uso de gasoductos existentes que ya conectan a Argelia con Europa.24

Vale la pena aclarar que el impulso del hidrógeno verde y de la economía del hidrógeno ya ha obtenido apoyo de las principales empresas de gas y petróleo europeas, que lo consideran como una posibilidad para continuar operando con hidrógeno extraído a partir de gas fósil (la producción de hidrógeno gris y azul). Por consiguiente, está cada vez más claro que la industria de los combustibles fósiles quiere preservar la infraestructura actual de gas natural y oleoductos y gasoductos.25

En África y en el resto del mundo, las empresas de combustibles fósiles siguen utilizando las mismas estructuras económicas de explotación establecidas durante la era colonial para extraer recursos locales y enviar la riqueza fuera del continente. Quieren preservar el statu quo político en los países africanos para poder seguir beneficiándose de relaciones lucrativas con élites corruptas y líderes autoritarios. Ello les permite explotar la mano de obra, degradar el medio ambiente y utilizar violencia contra comunidades locales con impunidad.

En el contexto de la guerra en Ucrania, sustituir el gas fósil mediante hidrógeno a partir de energía renovable se ha vuelto un componente esencial de REPowerEU, el plan de la Comisión Europea para dejar de depender del gas de Rusia.26 El vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, dijo al Parlamento Europeo en mayo de 2022: «Creo firmemente en el hidrógeno verde como la fuerza impulsora de nuestro sistema energético del futuro [...] y también creo firmemente que Europa nunca será capaz de producir su propio hidrógeno en cantidades suficientes».27

Además de cambiar de proveedores de gas de la Rusia de Vladimir Putin a otros regímenes autoritarios como los de Argelia, Azerbaiyán, Egipto y Qatar, o Israel, un Estado de apartheid de colonialismo de colonos, y construir más puertos y gasoductos para importar y transportar gas, la Comisión Europea ha cuadruplicado su meta de hidrógeno de cinco millones de toneladas a 20 millones de toneladas para 2030, la mitad de las cuales se importarán principalmente del Norte de África, aunque también hay otros países en la lista, como Namibia, Sudáfrica, la República Democrática del Congo, Chile y Arabia Saudita. Estudios recientes han demostrado que estas metas no son realistas desde el punto de vista del costo y la energía, y que ya están provocando más explotación de combustibles fósiles.28

En Europa, Alemania lidera los esfuerzos de hidrógeno verde en África. Está trabajando con Marruecos, la República Democrática del Congo y Sudáfrica para desarrollar «combustible descarbonizado» generado a partir de energía renovable para exportar a Europa, y está explorando otras posibles zonas o países que son especialmente adecuados para la producción de hidrógeno verde. En 2020, el Gobierno marroquí firmó una alianza con Alemania para desarrollar la primera planta de hidrógeno en el continente.29 Como de costumbre, Marruecos, que se jacta de ser una de las economías más neoliberales/neoliberalizadas de la región, es elogiado por su clima favorable para la actividad empresarial, su apertura al capital extranjero y su «liderazgo» en el sector de la energía renovable. Según algunas estimaciones, el país puede acaparar hasta un 4 por ciento del mercado mundial Power-to-X (que consiste en la producción de moléculas verdes) para 2030, habida cuenta de sus «recursos excepcionales de energía renovable y su trayectoria exitosa para la construcción de grandes centrales de energía renovable».

Todo esto está sucediendo a expensas del acceso a la energía y las transiciones energéticas en estos países africanos. Si no se pone fin a este tipo de desarrollos, la transición verde se frustrará en nombre de la seguridad energética de la UE y sus esfuerzos para cumplir las metas climáticas. Además, los planes de la UE para desarrollar una estrategia de hidrógeno renovable (RePowerEU) no se tratan simplemente de emisiones, sino que son parte de una iniciativa más amplia para reposicionarse y reposicionar a sus empresas como actores mundiales en la economía de alta tecnología verde,31 a fin de competir con otras potencias, como China.

En 2009, una coalición de empresas industriales e instituciones financieras europeas lanzaron el proyecto Desertec, una iniciativa ambiciosa que tenía por finalidad suministrar electricidad a Europa a partir de centrales de energía solar en el Sáhara y parques eólicos de Oriente Medio y el Norte de África. El proyecto se basaba en la idea de que una pequeña superficie de desierto puede abastecer alrededor del 20 por ciento de la electricidad de Europa de aquí a 2050, mediante cables especiales de transmisión de corriente directa de alto voltaje.

Tras varios años de entusiasmo en torno al proyecto, Desertec se estancó en medio de críticas de sus costos astronómicos y connotaciones neocoloniales.32 Sin embargo, hubo intentos de reactivarlo como Desertec 2.0, centrado en el mercado local de energía renovable, y el proyecto finalmente resurgió como Desertec 3.0, con el fin de satisfacer la demanda de hidrógeno de Europa –considerado una alternativa de energía «limpia» a los combustibles fósiles–. A comienzos de 2020, Desertec Industrial Initiative lanzó MENA Hydrogen Alliance, que reúne a actores de los sectores público y privado, así como a científicos y académicos, para iniciar economías de hidrógeno verde y producir hidrógeno para la exportación.33 Dos socios de la iniciativa son la gigante de energía francesa Total y la empresa petrolera neerlandesa Shell.

La propuesta Desertec 3.0,34 que plantea un sistema energético europeo basado en un 50 por ciento de energía renovable y un 50 por ciento de hidrógeno verde para 2050, comienza con el supuesto de que «debido a su tamaño pequeño y su densidad de población, Europa no podrá producir toda su energía renovable dentro de su territorio». La nueva propuesta de Desertec intenta no centrarse en las exportaciones en el comienzo de la iniciativa, al añadir la dimensión de desarrollo local de un sistema de energía limpia. No obstante, no es posible subestimar o ignorar la agenda de exportación, dado que el manifiesto de Desertec 3.0 señala que «más allá de satisfacer la demanda interna, la mayoría de los países del Norte de África tienen un gran potencial en términos de tierra y recursos para producir hidrógeno verde para la exportación».

Por si ese no fuera un argumento del todo convincente para las élites políticas y empresariales de ambos lados del Mediterráneo, el equipo de Desertec tiene otros ases bajo la manga. El documento continúa: «Además, un enfoque conjunto de energía renovable e hidrógeno entre Europa y el Norte de África generaría desarrollo económico, empleos orientados al futuro y estabilidad social en los países del Norte de África, y podría reducir el número de inmigrantes económicos de la región hacia Europa». No queda claro si es una estrategia de venta desesperada, pero, al parecer, esta visión de Desertec contribuye a consolidar a Europa como fortaleza y expandir un régimen inhumano de imperialismo de fronteras, mientras intenta aprovechar el potencial de energía barata del Norte de África, que también utiliza mano de obra infravalorada y disciplinada.

Por consiguiente, Desertec se presenta como una solución a la transición energética de Europa: una oportunidad para el desarrollo económico en el Norte de África y un freno a la migración proveniente del Sur. Como solución de parche apolítica, promete superar estos problemas sin realizar cambios fundamentales: básicamente, mantener el statu quo y las contradicciones del sistema mundial que han provocado estos problemas en primer lugar. Este tipo de soluciones tecnológicas provisionales se basan en la obsesión del crecimiento económico sin fin, resumido en el oxímoron «crecimiento verde», y dan la ilusión de una disponibilidad infinita de energía y recursos, perpetuando indirectamente los estilos de vida consumistas y el productivismo intensivo en uso de energía. Ello no contribuirá en absoluto a que nuestro sistema socioeconómico se mantenga dentro de límites planetarios a tiempo para evitar una catástrofe climática y ecológica.

Las grandes «soluciones» centradas en la ingeniería, como Desertec, tienden a presentar el cambio climático como un problema compartido carente de contexto político o socioeconómico. Esta perspectiva oculta la responsabilidad histórica del Occidente industrializado, los problemas del modelo energético capitalista y las diferentes vulnerabilidades experimentadas por países del Norte, en comparación con los del Sur. Además, utilizar términos como «cooperación mutua» y «para beneficio de ambos» presenta a la región euromediterránea como una comunidad unificada, es decir: “ahora todos somos amigos que luchamos contra un enemigo común”, y oculta al verdadero enemigo de la población africana y árabe, que son las estructuras de poder neocoloniales que la explotan y saquean sus recursos.

Además, presionar para que se utilice la infraestructura de gasoducto actual de manera eficaz implica promover simplemente un cambio de fuente de energía, mientras que se mantiene la dinámica política autoritaria y se dejan intactas las jerarquías actuales del orden internacional. El hecho de que Desertec esté alentando el uso de gasoductos de Argelia y Libia (incluido a través de Túnez y Marruecos) plantea la cuestión del futuro de las poblaciones de esos dos países ricos en combustibles fósiles. ¿Qué ocurrirá cuando Europa deje de importar gas de esos países (en un contexto en el cual el 13 por ciento del gas consumido en Europa proviene del Norte de África)? ¿Qué ocurrirá con el caos y la desestabilización actuales provocados por la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Libia? ¿Se tendrán en cuenta en esta ecuación las aspiraciones de democracia y soberanía de los argelinos, expresadas en el levantamiento de 2019-2021 contra la dictadura militar en el país? ¿O simplemente se trata de otra forma de statu quo en la cual el hidrógeno sustituye al gas? Quizá, al final de cuentas, no hay nada nuevo bajo el sol.

Por si esto fuera poco, el manifiesto de Desertec señala que «en una fase inicial (entre 2030 y 2035) se puede producir un volumen considerable de hidrógeno a través de la conversión de gas natural en hidrógeno, mediante la cual se almacena dióxido de carbono (CO2) en yacimientos de gas o petróleo vacíos (hidrógeno azul)». En primer lugar, las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono siguen siendo costosas y poco fiables. En segundo lugar, existe un riesgo elevado de que el CO2 capturado se utilice para una mayor recuperación del petróleo, como ocurre actualmente en todo el mundo. Independientemente de ello, almacenar CO2 en yacimientos de gas vacíos en el Norte de África, junto con el uso de escasos recursos de agua para producir hidrógeno y la potencial contaminación provocada por la desalinización, sería otro ejemplo de vertido de desechos en el Sur global y desplazamiento de los costos ambientales del Norte al Sur (la creación de zonas de sacrificio): una estrategia del capital imperialista en la cual el racismo ambiental va de la mano con el colonialismo energético.

Por último, pero no menos importante, se necesitará una gran inversión inicial para establecer la infraestructura necesaria para producir y transportar hidrógeno verde. Habida cuenta de las experiencias anteriores en implementar proyectos de alto costo intensivos en capital (como la central solar de Ouarzazate), la inversión podría terminar acumulando aún más deuda para el país receptor, profundizando la dependencia de los préstamos multilaterales y la asistencia extranjera.

De llevarse a cabo, estos planes constituirán la versión más reciente de acaparamiento de recursos neocolonial, en un momento en que los recursos renovables deberían utilizarse para satisfacer las necesidades energéticas locales y cumplir las metas climáticas, en lugar de ayudar a la UE a salvaguardar su seguridad energética y desarrollar su estrategia climática.

Una característica común de todos los proyectos «verdes» mencionados y el entusiasmo que generan parece ser un supuesto profundamente erróneo de que se debe aplaudir cualquier iniciativa de energía renovable y que toda transición de los combustibles fósiles, independientemente de cómo se lleve a cabo, vale la pena. Seamos claros: la crisis climática que estamos experimentando en la actualidad no se puede atribuir a los combustibles fósiles en sí, sino más bien a su uso insostenible y destructivo para alimentar la máquina capitalista. Es decir, el capitalismo es el culpable, y si tomamos en serio los intentos de combatir la crisis climática (que es tan solo una faceta de la crisis multidimensional del capitalismo), no podemos eludir la necesidad de cambiar nuestros modos de producir y distribuir, nuestros patrones de consumo y cuestiones fundamentales, como la equidad y la justicia. En consecuencia, únicamente realizar una transición de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables, mientras se mantiene el marco capitalista de mercantilización y privatización de la naturaleza para el lucro de unos pocos, no resolverá el problema que afrontamos. De hecho, si seguimos como hasta ahora, terminaremos exacerbando el problema o creando otro conjunto de problemas vinculados con la propiedad de la tierra y los recursos naturales.

Una transición verde y justa debe transformar de forma fundamental el sistema económico mundial, que no es adecuado a nivel social, ecológico o incluso biológico (como reveló la pandemia de COVID-19). Debe poner fin a las relaciones coloniales que aún esclavizan y despojan a las personas. Debemos preguntarnos: ¿Quién posee qué? ¿Quién hace qué? ¿Quién obtiene qué? ¿Quién pierde y quién gana? Y ¿a qué intereses se beneficia? Porque si no formulamos estas preguntas, pasaremos directamente a un colonialismo verde que acelerará la extracción y la explotación al servicio de la denominada «agenda verde» común.

La lucha por la justicia climática y una transición justa debe tener en cuenta las diferentes responsabilidades y vulnerabilidades del Norte y el Sur. Se debe pagar la deuda ecológica y climática a los países del Sur global, que son los más afectados por el calentamiento global y que han sido relegados por el capitalismo mundial a un sistema de extractivismo depredador. En un contexto mundial de liberalización forzada y promoción de acuerdos comerciales injustos, así como una lucha imperial por influencia y recursos energéticos, la transición verde y la conversación sobre sostenibilidad no deben convertirse en una fachada para los planes neocoloniales de saqueo y dominación.

Además, si bien siempre se habla de falta de conocimientos tecnológicos en los lugares donde se instalan proyectos de energía renovable en el Sur global, generalmente no se cuestiona por qué eso sucede en primer lugar. ¿Acaso no es esta falta atribuible al monopolio de la tecnología y al sistema actual de propiedad intelectual (cuya crueldad se puso de manifiesto durante la pandemia)? ¿No se debe a todos los Programas de Ajuste Estructural impuestos, que han desfinanciado los servicios públicos y la investigación científica? La transferencia de tecnologías debe ser la piedra angular de cualquier transición energética justa, de lo contrario las naciones del Sur global siempre serán dependientes. 

En este contexto, la transición justa es un marco para un cambio justo a una economía ecológicamente sostenible, equitativa y justa para todos sus integrantes. Una transición justa significa una transición de un sistema económico construido en torno a la extracción excesiva de recursos y la explotación de las personas, a un sistema estructurado en torno a restituir y regenerar los territorios, los derechos y la dignidad de las personas. Una visión sólida y radical de la transición justa considera la destrucción ambiental, la extracción capitalista, la violencia imperialista, la desigualdad, la explotación y la marginalización a lo largo de los ejes de la raza, la clase y el género como efectos simultáneos de un sistema mundial que debe transformarse.35 Desde este punto de vista, las «soluciones» que intentan abordar una sola dimensión del problema, como la catástrofe ambiental, en forma aislada de las estructuras sociales, culturales y económicas que lo provocan, seguirán siendo inevitablemente «soluciones falsas».36

Una transición justa sin duda será diferente en diferentes lugares. Para reconocer esta realidad es mejor hablar de transiciones en plural. Debemos ser sensibles al hecho de que las grandes desigualdades mundiales e históricas y su continuación en la actualidad son parte de lo que debe transformarse para lograr una sociedad justa y sostenible. Por consiguiente, una transición justa puede tener significados diferentes en lugares diferentes. Lo que puede funcionar en Europa no se aplica necesariamente a África. Lo que puede funcionar en Egipto es posible que no funcione en Sudáfrica. Y lo que quizá funcione en las zonas urbanas de Marruecos puede no funcionar en las zonas rurales del país. Y, quizá, una transición en un país rico en combustibles fósiles como Argelia será diferente de una transición en otros países que tienen menos de esos recursos. Es así que necesitamos ser creativos y adoptar un enfoque descentralizado, y debemos solicitar orientaciones de las poblaciones locales.

El concepto de transición justa se basa en conceptos como democracia energética y soberanía energética para elaborar una visión de un mundo en el que las personas tengan acceso y control sobre los recursos que necesitan para desarrollar una vida digna, y en el cual las personas desempeñen un papel político en la adopción de decisiones sobre quién utiliza esos recursos y cómo. Esta transición debe estar a cargo de las comunidades y sus representantes elegidos democráticamente. No puede estar librada al sector privado y las empresas. La participación activa en la adopción de decisiones y la elaboración de transiciones es fundamental.

Por último, la transición justa no solo se refiere a la energía, sino que debemos transformar también el modo en que practicamos la agricultura. La agricultura y la ganadería industriales o el agronegocio son otro punto de intersección de la dominación imperialista y el cambio climático. No solo es una de las causas del cambio climático, sino que además mantiene a los países del Sur prisioneros de un modelo agrario insostenible y destructivo, que se basa en la exportación de algunos cultivos comerciales y el agotamiento de la tierra y los escasos recursos hídricos en regiones áridas y semiáridas, como Egipto, Túnez y Marruecos (y cada vez más en Argelia).

De algún modo, la crisis climática y la necesidad de una transición verde nos brindan la oportunidad de reconfigurar la política. Afrontar la transformación drástica requerirá romper con los proyectos militaristas, coloniales y neoliberales existentes. Por consiguiente, la lucha por una transición justa y por la justicia climática debe ser democrática. Debe involucrar a las comunidades más afectadas y debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de todas las personas. Significa construir un futuro en el que todas las personas tengan energía suficiente y un medio ambiente limpio y seguro; un futuro con un horizonte ecosocialista que esté en armonía con los reclamos revolucionarios de los levantamientos africanos y árabes: soberanía popular, pan, libertad y justicia social.