La globalización de las políticas de lucha contra el extremismo violento El menoscabo de los derechos humanos y la instrumentalización de la sociedad civil

A principios de la década de 2000, surgió una nueva forma de política antiterrorista —conocida como ‘lucha contra el extremismo violento’ (LEV)—, desplegada en un primer momento en los Países Bajos y el Reino Unido, antes de extenderse a otros países europeos, los Estados Unidos y el resto del mundo. Fue así como la LEV se globalizó en el lapso de una década, durante la que determinadas políticas se copiaron de un Estado a otro y fueron asumidas por la Unión Europea, las Naciones Unidas y otra serie de entidades internacionales.

Desde Finlandia a las Filipinas, las políticas de LEV se han presentado como una forma más liberal, inteligente e integral de lidiar con el terrorismo que la bruta e incendiaria “guerra contra el terrorismo”. Sin embargo, este informe indica que la globalización de la LEV entraña la globalización de otros problemas alarmantes: el perjuicio de los derechos humanos y el menoscabo de la sociedad civil. En sus páginas, analizamos la adopción vertiginosa de la LEV por parte de responsables de políticas en instituciones de la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Foro Mundial contra el Terrorismo (GCTF), mientras que siguen sin resolverse los problemas de base que ya se manifestaron cuando nació la LEV en los Países Bajos y el Reino Unido.

Los tipos de acciones que se han puesto en práctica bajo la denominación de LEV son muy variados: actividades de participación y divulgación; fomento de capacidades y ayuda al desarrollo; educación y formación; campañas publicitarias y de relaciones públicas; colaboraciones entre organismos policiales y no policiales en materia de vigilancia; e intervenciones ideológicas dirigidas contra personas concretas. Muchas de las acciones que se catalogan como LEV suenan como algo inofensivo o trivial.

Pero las políticas de LEV han ampliado de manera drástica el abanico de métodos empleados por los Gobiernos para luchar contra el terrorismo y han dilatado sus objetivos, que han pasado de investigar a personas y organizaciones terroristas concretas a terminar regulando las formas en que las ideologías se transmiten en las comunidades y gestionar cómo las comunidades entienden su identidad cultural. La LEV trae consigo un nuevo vocabulario: por ejemplo, el término ‘radicalización’, que era inédito en la formulación de políticas de lucha contra el terrorismo antes de 2004 y que ahora es omnipresente. Y la LEV exige relaciones con un conjunto mucho más extenso de organismos asociados que otras modalidades de política antiterrorista. En todo el mundo, todo tipo de profesionales —desde artistas y músicos hasta teólogos y maestros de escuela— se han incorporado al despliegue de la LEV.

El denominador común de las políticas de LEV es que prometen reducir el terrorismo utilizando métodos que van más allá del uso de la fuerza militar y la coerción prevista por la legislación penal; por lo general, también pretenden evitar la aparición del terrorismo antes de que haya emergido por completo en una región, comunidad o persona, abordando los factores subyacentes que lo originan, y afirman adoptar un enfoque de colaboración con las comunidades a las que se dirigen. Los partidarios de las políticas de LEV consideran que estas complementan los métodos de lucha contra el terrorismo más convencionales y reactivos, y que ofrecen la posibilidad de alcanzar una solución integral y a largo plazo contra el terrorismo. Sin embargo, lo que demostramos es que las políticas de LEV no representan una alternativa a la segurización, sino un medio de segurizar más ámbitos; no son una alternativa a la coerción gubernamental, sino una oportunidad para incrementar la vigilancia y la represión; y no se basan tanto en una colaboración genuina con la sociedad civil como en el deseo de instrumentalizarla.

El informe también examina la adopción de las políticas de LEV por parte de tres destacadas organizaciones intergubernamentales: la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Foro Mundial contra el Terrorismo.