En Ecuador, el proyecto integral de reforma del sector judicial propuesto por el gobierno de Correa incluye cambios significativos en la legislación sobre drogas. El país posee una de las legislaciones sobre drogas más punitivas del continente.
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En lo que constituye una perversión de la justicia, se asume que los acusados por delitos de drogas son culpables hasta que demuestren su inocencia, mientras lineamientos de sentencias mínimas obligatorias garantizan penas excesivamente largas, y las cuotas de arrestos han llevado al encarcelamiento de un número creciente de personas en el nivel más bajo del tráfico de drogas.
Para el 2008, el sistema judicial ecuatoriano había llegado a un punto de quiebre, abrumado por un enorme número de casos de delitos relacionados a drogas, y las prisiones estaban llenas y a punto de reventar. Resultaba dolorosamente evidente la necesidad de llevar a cabo reformas significativas. Este informe explica por qué y cómo el gobierno de Ecuador llegó a la decisión de emprender una significativa reforma de la legislación sobre drogas y cómo tal reforma, de ser implementada exitosamente, podría resultar en políticas nacionales para el control de drogas que fueran más efectivas, justas y humanas, trazando un ejemplo para el resto de la región.
Elementos clave de una reforma efectiva de legislación sobre drogas incluyen:
• Descriminalizar el consumo de drogas, tratándolo como un tema de salud pública y de políticas sociales, no como un problema judicial penal;
• Desarrollar alternativas a la encarcelación para infractores de poca monta; y
• Eliminar la sentencia mínima obligatoria y asegurar la proporcionalidad en el castigo para delitos relacionados a las drogas.
Mayo de 2010
Informe sobre Ecuador
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