La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia tiene una fuerza más retórica que práctica, ya que se ve limitada por el modelo de desarrollo económico imperante.
La Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras viene siendo promocionada oficialmente como una de las demostraciones de “voluntad de paz” del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Pensada como engranaje en la política transicional que facilite el paso hacia un escenario de posconflicto, esta ley enuncia como objetivo principal el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano (después de que el gobierno antecesor negara su existencia por dos periodos consecutivos de mandato) y de sus derechos a la verdad, la justicia y a la reparación, con garantías de no repetición. Entonces, no sólo se reconoce oficialmente la existencia del conflicto, y de sus víctimas, sino que se pretende hacer realidad su reparación integral.
Esta demostración de voluntad es representativa por lo inusual, pero extraña y debatible en tanto existen una serie de factores que dificultan su implementación integral; en otras palabras, la formulación de una norma ue de por q sí presenta varias inconsistencias a lo largo de las casi 80 páginas de su extensión no implica su exitosa puesta en práctica. Menos aún cuando pensada para una situación transicional, en Colombia persiste el conflicto que no sólo es armado, sino fundamentalmente político y socioeconómico.
Después de un poco más de un año de iniciada su implementación, ya son varios los informes que evalúan las potencialidades y desafíos de la Ley 1448 de 2011. Desde las lecturas oficiales que suelen consistir en un compilado de cifras sin mayores referencias al contexto, pasando por otros esfuerzos realizados por medios de comunicación nacionales como el Informe Revista Semana que se enfocan hacia la ilustración de las cifras con un despliegue mediático importante de “hechos victimizantes más no de los fondos de la victimización”, hasta informes realizados por ONGs y organizaciones sociales que trabajan por el respeto de los derechos humanos y encaminan esfuerzos para presionar al Estado colombiano en el cumplimiento de sus obligaciones, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha sido objeto de intenso debate por diversos sectores nacionales e internacionales.
Este estudio pretende contextualizar la Ley 1448 de 2011, enmarcando las discusiones que ésta ha suscitado en relación con su ámbito espacial de aplicación: el campo colombiano. Y a partir de ello esbozar unas conclusiones que sirvan como referentes a la hora de evaluar unas intenciones a favor de las víctimas (fundamentalmente rurales) cuya fuerza resulta ser más retórica que práctica, en tanto se ven limitadas por el modelo de desarrollo económico imperante, que termina por impedir la reparación integral de esas víctimas que se dice defender.
Particularmente es de interés profundizar en el proceso de restitución de tierras y en sus posibilidades reales de alcanzar sus objetivos, teniendo como referencia los recientes escándalos asociados al modelo desarrollista, extractivista y excluyente impulsado por el gobierno de Juan Manuel Santos, a saber: i) el acaparamiento de tierras en la Altillanura colombiana y otras regiones del país como Montes de María, ii) los esfuerzos del gobierno por desmontar los pocos instrumentos jurídicos de defensa de los territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos en el país y iii) el manejo represivo del descontento social frente a la imposición del mencionado modelo desarrollista, tomando como ejemplo el reciente Paro Nacional Agropecuario, lo que evidencia la incomprensión gubernamental de la complejidad del conflicto que no sólo es armado y que es agravado por diversas medidas y decisiones oficiales.
Este documento de discusión también pretende llamar la atención sobre el papel de la comunidad internacional que a través de distintas acciones ha ayudado a la defensa de los derechos humanos o por el contrario, a atizar el conflicto colombiano.
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