Insistir en fumigar, a pesar de la experiencia innegable de su fracaso, es señal de que las fumigaciones han sobrepasado el interés antinarcótico para representar un interés esencialmente político, justificar la presencia policial y militar de Estados Unidos en una región sensible como ésta.
Después de seis años largos de fumigaciones intensivas dentro del marco de Plan Colombia, es sorprendente que todavía estemos enredados en la vieja polémica del sí o no a las aspersiones aéreas con glifosato. No porque haya quedado comprobado que las fumigaciones son inocuas o son perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente, sino porque a estas alturas de la experiencia fumigadora, está claro para todo el mundo que esta estrategia no cumple con el objetivo para el cual fue concebida: reducir la superficie de cultivos ilícitos, así como la oferta y demanda de cocaína en los mercados internacionales. A estas alturas la pregunta debería ser: ¿cómo es posible que se siga fumigando?
Insistir en fumigar, a pesar de la experiencia innegable de su fracaso, es señal de que las fumigaciones han sobrepasado el interés antinarcótico para representar un interés esencialmente político, justificar la presencia policial y militar de Estados Unidos en una región sensible como ésta. Dentro de esta perspectiva, el debate sobre su nocividad/inocuidad pasa a un segundo plano. Para los que defienden las fumigaciones el factor salud-medio ambiente es secundario. Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, el gran financiador de la estrategia, siempre se las arreglará para mostrar que el glifosato es menos dañino que la aspirina, como se decía ya en los años noventa, y contradiciendo toda evidencia, insistir en las maravillas de las fumigaciones. Y si llegara a probarse de manera ineludible la nocividad del lifosato, los pro-fumigadores se las arreglarán también para encontrar un herbicida sustituto, o un nuevo ente erradicador como el hongo fusarium, para el que se vienen haciendo preparaciones desde hace cierto tiempo. Por el otro lado, los que se oponen a las aspersiones continuarán conformando comisiones binacionales y multinacionales, armando protocolos, emprendiendo nuevos estudios, amenazando con procesos ante los tribunales internacionales, o simplemente protestando, con reducidas posibilidades de que estas acciones se materialicen a su favor.
Mientras tanto siguen progresando el deterioro ambiental y la crisis humanitaria que tienen lugar en zonas como la de la frontera colombo-ecuatoriana, primero por la ocupación indiscriminada de la cuenca amazónica con los cultivos de coca y su procesamiento en clorhidrato de cocaína, y luego por su destrucción por medio de la erradicación aérea con químicos.
Recomendaciones
En estos momentos existen condiciones para que los países andinos impulsen un cambio en la actual política antinarcóticos. En vez de ahondar en las diferencias ideológicas, los países deberían aunar esfuerzos y recursos para hacer frente al problema común de la producción y tráfico de drogas. En el caso concreto de la disputa diplomática entre Colombia y Ecuador por las fumigaciones:
• Si otros gobiernos quieren involucrarse, que lo hagan de manera responsable y conciliatoria. Lo menos que se necesitaría en estos momentos es exacerbar los ánimos entre los diferentes gobiernos. Que la guerra a las drogas no atente contra el interés común de integración.
• El gobierno colombiano debería darse cuenta de que una mayor flexibilidad en este asunto le convendría más políticamente. Demostraría que es capaz de mantener el equilibrio entre su relación con Washington y su amistad con los países vecinos.
• No se deberían mezclar los asuntos técnicos de las fumigaciones con los asuntos políticos, pues esto hace perder de vista el punto central de que las fumigaciones han sido inútiles.
• La seguridad sin desarrollo no es sostenible. Mientras la presencia estatal no se materialice en forma de empleo, infraestructura y mejores condiciones de vida, la inversión en seguridad está condenada a perderse. Una evaluación de la ONU concluye que la erradicación de cultivos ilícitos debe hacerse solamente cuando ya existan otras alternativas de ingreso.
• El ACNUR debería reconocer a la población desplazada como consecuencia de las fumigaciones y de las políticas de interdicción como parte integrante del estatuto de refugiado.
• Estudios recientes advierten sobre el potencial impacto del glifosato en el medio ambiente, especialmente para las especies anfibias. Siendo Colombia el segundo país del mundo de mayor biodiversidad de anfibios, el gobierno debería tomarse en serio esta advertencia.
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