ISDS en números Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra estados de América Latina y el Caribe

21 Octubre 2024

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América Latina y el Caribe (ALC) es actualmente la segunda región del mundo con más demandas en virtud de tratados de protección de inversiones. Solo en 2023, se presentaron 28 disputas entre inversionistas y Estados (ISDS) contra países de ALC, y los inversionistas ganaron el 60% de los casos resueltos. Este informe revela los altos costos sociales y financieros de estas disputas, que ponen en entredicho las promesas de los tratados de inversión extranjera.

ISDS en números - Edición 7 (PDF, 4.76 MB)
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ISDS in numbers - 1st Edition (English) (PDF, 4.66 MB)
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Resumen Ejecutivo

Este informe contiene una sistematización y análisis de las estadísticas de las demandas arbitrales de inversores extranjeros contra los Estados de América Latina y el Caribe (ALC) en base a tratados internacionales con protección de inversiones. Se contabilizan los datos hasta el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, se realiza un análisis de los impactos de estas demandas. Se destacan como principales resultados:

Las 380 demandas contra países de ALC representan un 28.5% de las demandas conocidas a nivel mundial, lo que hace que ALC sea la segunda región más demandada del mundo.
2023 ha sido el año donde se registró la mayor cantidad de demandas ISDS de la historia contra países de ALC, con 28 demandas. Los inversores han salido beneficiados en el 60% de los casos resueltos, ya sea por haber obtenido un laudo favorable o por haberse beneficiado de un acuerdo de partes.
Argentina, Venezuela, México, Perú y Ecuador son los países más demandados de la región. Conjuntamente acumulan 244 demandas, lo que representa casi dos tercios del total de las demandas contra países de ALC.
El CIADI ha recibido el 77.4% del total de las demandas conocidas contra Estados de ALC. El 86% de las demandas fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos (España, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia principalmente).
Las demandas relacionadas con minería, gas y petróleo suman el 22.4% del total de las demandas. Más de la mitad fueron presentadas en la última década.
Los gobiernos han sido condenados a pagar a inversores extranjeros la suma de 33.629 millones de dólares. Esta cifra representa un tercio más del monto que las catástrofes climáticas han costado a la región entre los años 1970 y 2021 y es superior a toda la inversión extranjera directa que recibieron los seis países de Centroamérica, los 15 del Caribe, Uruguay, Paraguay y Ecuador juntos en 2022.
Solo 30 árbitros (top 10%) han participado del 44% de los tribunales arbitrales en demandas contra países de ALC.

Durante los años 90, los países de América Latina y el Caribe (ALC) firmaron cientos de tratados internacionales que protegen a la inversión extranjera y otorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, incluyendo el de demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que sus ganancias han sido afectadas de alguna manera por las acciones de los gobiernos. Los países de la región tenían la expectativa de que la firma de estos Tratados bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) fueran decisivos en la atracción de inversión extranjera. Sin embargo, 30 años después, la evidencia muestra que los TBI han estado lejos de ser un instrumento que contribuya a atraer inversiones y mucho menos a promover el desarrollo; por el contrario, han tenido efectos nocivos para los países de la región.

Los impactos negativos de los TBI son poco conocidos y debatidos, tanto en los círculos de políticos y parlamentarios como en la sociedad civil, la academia y los movimientos sociales.

Este informe pretende poner en evidencia los costos sociales y monetarios que deja el sistema de protección de inversiones y los arbitrajes internacionales como mecanismo de resolución de disputas entre inversores extranjeros y Estados.