Hace dos décadas, sin que se celebrara un debate público significativo, entró en vigor un opaco acuerdo internacional de protección de inversiones. El Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) da privilegios a los inversores extranjeros en el sector de la energía para demandar a los Estados por acciones gubernamentales que supuestamente han “dañado” sus inversiones. Los inversores utilizan un sistema judicial paralelo para demandar, y la indemnización por una victoria puede ser de miles de millones de dólares.
En los últimos años, el TCE se ha vuelto cada vez más polémico, debido a su potencial para impedir una transición energética, blindar las privatizaciones fallidas en el sector de la energía, y por socavar la energía a precios accesibles. Pero, a pesar de la creciente controversia, muchos países, en particular en el sur global, están en el proceso de unirse al TCE.
Seducidos por la falsa promesa de que ayudará a atraer inversores y resolverá la pobreza energética, a menudo estos Gobiernos no tienen en cuenta los graves riesgos políticos, jurídicos y financieron del TCE. Esto pasa a pesar de que, si un país se adhiere al TCE, queda comprometido con el acuerdo por 26 años – aunque los Gobiernos sucesivos quieran salirse.