Para muchos actores sociales, la tensiónse centra en una reformulación de las políticas que garantice el derechoa la salud de los usuarios de drogas como cuestión indisociable delrespeto por los derechos humanos. La definición del problema comodelito-enfermedad es sostenida aún por diversos actores gubernamentales yno gubernamentales, lo que se traduce en la dificultad para lograrcambios sustantivos en la formulación de políticas públicas, por lo queavanzar en una reforma legislativa aparece como un paso necesario quepromueva el pasaje de discursos innovadores y respetuosos de losderechos y garantías hacia prácticas efectivas de intervención.
Conclusiones
El debate sobre la política de drogas en Argentina no es ajeno a una generalizada percepción acerca de las consecuencias involuntarias del actual régimen de control, entre las que se cuentan el estigma y la discriminación de los usuarios de drogas, la saturación de los sistemas judicial y carcelarios, el crecimiento de un mercado ilegal controlado por organizaciones delictivas y la confusión entre políticas de seguridad y de salud. Esta percepción está impulsando la discusión en todo el mundo y, de manera particular, en América Latina.
No obstante, la construcción social del problema de las drogas -en tanto sustancias prohibidas-, y de su uso, en tanto desvío, continúa operando en la intersección de dos lógicas: la sanitaria, de cura, y la punitiva, de control. Resulta evidente que esta definición del problema como delito-en-fermedad es sostenida aún por diversos actores gubernamentales como no gubernamentales, lo que se traduce en la dificultad para lograr cambios sustantivos en la formulación de políticas públicas. Avanzar en una reforma legislativa aparece entonces como un paso necesario que promueva el pasaje de discursos innovadores y respetuosos de los derechos y garantías hacia prácticas efectivas de intervención.
Revista Debate Público
Noviembre de 2012