Coca, petróleo y conflicto en territorio cofán Fumigaciones, desplazamiento e intereses económicos

Partiendo de la historia reciente del pueblo cofán, este documento intenta mostrar cómo, bajo el manto de una guerra antiterrorista y antidroga, se están asegurando grandes intereses económicos en el Bajo Putumayo. El paramilitarismo ha sido el principal aliado de los grandes inversionistas, de las empresas, y de la fuerza pública, y sigue tan presente en 2007 como antes de su desmovilización. Específicamente consideraremos los impactos que han tenido sobre esta comunidad ancestral los cultivos de coca, la actividad petrolera, y los desarrollos del conflicto armado en territorio cofán.

El territorio ancestral del pueblo cofán se encuentra en la zona selvática entre Ecuador y Colombia, alrededor de los grandes ríos que fluyen desde la cordillera andina hacia la cuenca amazónica. En Colombia viven alrededor de mil cofanes, la mayoría de ellos distribuidos sobre 11 comunidades en los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez y Orito, en el departamento de Putumayo. Hoy en día su territorio, cultura y supervivencia están seriamente amenazados por las dinámicas asociadas con el negocio de las drogas, el conflicto armado y los grandes megaproyectos que se están desarrollando en su territorio.

Desde 1999, numerosos miembros de las comunidades cofán se han debido desplazar de sus resguardos a causa de las frecuentes incursiones al territorio indígena, asesinatos selectivos, desapariciones, reclutamiento forzado, señalamientos, judicializaciones, abusos sexuales, destrucción de bienes civiles, y la destrucción de cultivos lícitos debido a la aspersión aérea. Este desplazamiento no ha sido producto solamente de las acciones armadas de las diferentes facciones en disputa en la zona, sino que también se debe entender como resultado de una estrategia de expropiación de tierras que hacen parte del territorio ancestral cofán.

Recomendaciones   

• El gobierno colombiano debe hacer respetar el marco jurídico de la OIT y de la Constitución de 1991, que establecen que cuando las comunidades indígenas son afectadas, debe hacerse siempre una consulta previa, como es el caso con las fumigaciones aéreas, la exploración y explotación petrolera, y el desarrollo de megaproyectos en territorio ancestral.
• El gobierno colombiano debe respetar igualmente el marco jurídico nacional e internacional que protege el derecho a la verdad, la reparación y la justicia para las víctimas. La Ley de Justicia y Paz y la Ley de Desarrollo Rural, en vez de beneficiar a las victimas, están fortaleciendo la posición política y económica de los victimarios.
• En el Bajo Putumayo, las fumigaciones, más que una propuesta para terminar con los cultivos de coca, han funcionado como una estrategia de desterritorializacion, instrumentalizada para promover el desarrollo de intereses económicos en la zona. Por ningún motivo debería volver a considerarse el uso de esta estrategia que tanto ha contribuido al exterminio del pueblo cofán.
• El estado colombiano está en la obligación de garantizar la seguridad y el bienestar de sus minorías étnicas. Este deber se hace aún más perentorio en casos de comunidades indígenas pequeñas como los cofanes que viven en permanente estado de vulnerabilidad.

   

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