Este informe es producto de una experiencia colectiva de análisis del impacto de la aplicación de una política criminal al mercado de drogas en siete países (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú) de la región. El CEDD destaca en ello las mejores y peores prácticas, en cuanto la experiencia en el control penal de drogas, como son la definición del delito, los sistemas de penalización, la proporcionalidad de las penas, los procedimientos y cortes o jueces especiales, entre ellos. Concluye que los Estados encargaron al sector de Seguridad y la Administración de Justicia Penal la primera respuesta institucional de un problema de naturaleza eminentemente social, económica y de salud pública. Los resultados, como se pueden apreciar en el informe, no son halagadores.
Noviembre de 2012
Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD)