Los habitantes de Ciudad Juárez, México, se encuentran entre la violencia relacionada al tráfico de drogas y las violaciones a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad. El informe analiza las violaciones a los derechos humanos sucedidas en Ciudad Juárez en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua, programa que empezó en marzo de 2008. Los cinco casos descritos en el informe relatan actos de tortura, desapariciones forzadas y hostigamiento sexual contra mujeres.
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Ciudad Juárez es un ejemplo alarmante de las consecuencias dañinas del aumento en el contacto entre los militares y civiles en el contexto de los operativos antidroga. La proliferación de violaciones a los derechos humanos es resultado de la falta de castigo a los soldados que cometen abusos. Los ciudadanos en Chihuahua no solamente tienen miedo de los traficantes de droga sino en muchos casos también de las fuerzas de seguridad encargadas de brindar protección.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua afirmó en septiembre de 2009 que recibió más de 1,450 quejas de violaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad durante el Operativo Conjunto Chihuahua. Estas quejas pueden ser sólo la punta del iceberg ya que muchos abusos no son reportados. Roberto, quien fue detenido por soldados cuando iba a su trabajo y llevado a un lugar desconocido donde fue torturado, recuerda la advertencia que los soldados le dieron cuando fue liberado, "Si te preguntan qué te pasó, diles que te secuestraron, acuérdate que sabemos donde vive tu familia." Como resultado, él decidió no proceder con su denuncia contra los militares.
La Policía Federal de México asumió control sobre el Operativo Conjunto Chihuahua en abril de 2010. Este cambio de poderes en Juárez es un paso importante para sacar a los militares de las tareas de seguridad pública en México, pero no disminuye en absoluto la gravedad de los abusos que ya han cometido los militares, los cuales permanecen impunes. Los militares y las fuerzas policiales deben recibir un mensaje claro que serán sancionados ante cualquier acto criminal, ya sea actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Los casos incluidos en el informe fueron documentados por organizaciones de derechos humanos que trabajan en Ciudad Juárez. Estos individuos y organizaciones trabajan con graves riesgos personales a favor del Estado de Derecho y el gobierno tiene la obligación de protegerles. Los problemas con el crimen organizado en México no se solucionarán atacando a defensores de derechos humanos como los de Ciudad Juárez.
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Octubre de 2010
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