El relevamiento del extractivismo en la extracción convencional y la energía renovable es más concreto para los residentes de zonas rurales cuando se pone énfasis en las leyes y procedimientos burocráticos utilizados para implementar un proyecto específico en su región. Sin duda, las historias de los megaproyectos (projets structurants) en el sureste de Marruecos difieren mucho entre sí: de la mina de cobalto de Bouazzer, inaugurada en 1928, antes de que Francia asumiera el control militar de toda la región, al discurso globalizado y orientado al futuro de la energía renovable en el cual se enmarca el plan solar. Sin embargo, la minería y la energía renovable están concentradas en las mismas regiones y utilizan las mismas leyes y procedimientos burocráticos para garantizar los recursos necesarios para la extracción. Más allá de los recursos tangibles, como la tierra, los metales o los minerales, estos recursos incluyen la inversión pública en infraestructura –por ejemplo, carreteras para transportar materiales y los recursos extraídos– y el uso de poder estatal para controlar la disidencia popular. La historia de la minería desde el período colonial al presente revela una continuidad sorprendente en el modo en que se extrae la riqueza de las zonas más pobres del país con una reinversión mínima en infraestructura social y económica.
Las historias del Marruecos moderno critican la división colonial del país en un centro «útil», que recibía recursos y «desarrollo», y una periferia «inútil», que era relegada. Estos términos son una descripción particularmente explícita del capitalismo extractivo común a todos los contextos coloniales. Sin embargo, una explicación binaria no describe adecuadamente el modo en que los Estados coloniales e independientes invirtieron en los márgenes rurales de Marruecos. La infraestructura y otras inversiones económicas en la periferia rural extrajeron recursos y mano de obra para el beneficio de poblaciones de otros lugares. El sureste de Marruecos era, y sigue siendo, definitivamente “útil”. La pregunta es ¿útil para qué y para quién? Comprender cómo se interrelacionan las historias de extracción con la gobernanza de la tierra, la política agrícola y el poder estatal en el sureste contribuye a demostrar que se aplican estrategias semejantes para garantizar el acceso estatal o empresarial a todo tipo de recursos.
Identificar las continuidades en las reglas y procedimientos que rigen proyectos mineros y de energía renovable permite documentar la amplitud de mecanismos utilizados para la expropiación. Algunos de estos mecanismos están ocultos en el lenguaje complejo de las reglamentaciones y procedimientos administrativos, fuera del alcance de los habitantes locales. Al mismo tiempo, documentar los marcos burocráticos puede contribuir a identificar la posibilidad de realizar reclamos que amplíen las herramientas políticas a disposición de los residentes que viven con la extracción. El marco jurídico y burocrático contemporáneo para la minería en Marruecos ha estado influenciado por la expansión mundial de la minería de metales y minerales, especialmente por los intentos de aplicar nuevas tecnologías para que las operaciones más antiguas vuelvan a ser viables, y por el apuro por garantizar fuentes estratégicas para los metales de tierras raras tan fundamentales para el sector tecnológico y la producción de energía renovable.15 Estas formas novedosas de valorar la extracción se ponen de manifiesto en el Nuevo Código Minero de Marruecos de 2015. El Código elabora un marco jurídico detallado para alentar una mayor inversión en la extracción de metales y minerales –más allá del sector dominante del fosfato– sobre la base de la premisa de que un entorno reglamentario oneroso ha impedido el pleno desarrollo de las industrias extractivas.16 Por consiguiente, la extracción convencional no es un sector de «legado», un antecedente anticuado de la energía renovable que desaparecerá como parte de la transición de los combustibles fósiles, sino que, por el contrario, la extracción se vuelve más importante que nunca para apoyar la creciente necesidad de metales y minerales que son clave para la producción de energía renovable. Además, los grandes complejos asociados con el plan solar necesitan materiales de construcción e insumos intensivos en carbono, como carreteras pavimentadas e infraestructura de transmisión de alto voltaje.
Los esfuerzos para fomentar el crecimiento del sector minero y de energía renovable en Marruecos son similares a la estrategia de desarrollo agrícola del país en los últimos 10 años (el Plan Marruecos Verde).17 La filosofía rectora de este plan consistía en hacer un relevamiento de cada zona agroecológica del país para hallar nuevas formas de promover la agricultura de exportación a fin de anteponer los intereses comerciales a los de los pequeños productores.18 En el sureste del país, el Plan Marruecos Verde ha generado un aumento de las grandes explotaciones de dátiles, manzanas y sandías que, junto con las minas y las instalaciones de energía renovable, compiten por agua y tierra. Esta competencia limita la capacidad de los habitantes para defender sus derechos a la tierra o garantizar sus propios medios de subsistencia. Por consiguiente, los investigadores que documentan los procedimientos legales y burocráticos que sustentan las políticas extractivistas deben ir más allá de la legislación reciente y los mecanismos de inversión en sectores emergentes, como la energía solar o los metales de tierras raras. También deben tener en cuenta las políticas agrícolas antiguas y vigentes, así como los marcos jurídicos arcaicos y ambiguos sobre la tierra y el agua. Las políticas coloniales, concebidas para facilitar la expropiación, otorgaban amplia discrecionalidad a las autoridades estatales y siguen beneficiando a los actores poderosos. Las autoridades estatales utilizan esa discrecionalidad para asegurar tierra y otros recursos de forma rápida y sigilosa.19
Es así que, a pesar de la naturaleza singular de cada forma de extracción, los marcos burocráticos comunes que rigen la extracción de la tierra, el agua y otros recursos naturales aplican la misma dinámica política a todos ellos. Sin embargo, del mismo modo que la tierra y el agua se han utilizado para despojar a los habitantes locales, los activistas también se preguntan si los ciudadanos tienen oportunidad de cuestionar el modo en que se implementan los proyectos de extracción sobre el terreno. Para ello se necesita una organización constante y la democratización de los conocimientos sobre cómo utilizar códigos legales para la política de oposición. Las apropiaciones estatales o empresariales de derechos del subsuelo son difíciles de impugnar. Al igual que ocurre en la mayoría de los países del mundo (Estados Unidos es la excepción, dado que existen complejidades respecto de las Primeras Naciones), el Estado marroquí reivindica la soberanía y propiedad del subsuelo. A pesar de que el Estado colonial francés también revindicaba el dominio público del agua en Marruecos, los derechos del agua hoy en día son complejos y están sujetos al derecho positivo, islámico y consuetudinario. Si bien las movilizaciones sociales, como la ocupación en la mina de plata de Imider, han puesto en primer plano el problema del agotamiento y la contaminación del agua, los reclamos de soberanía de los recursos naturales y la riqueza extraída no han sido un tema importante en la agenda de los movimientos sociales de Marruecos.
La tierra de propiedad colectiva también ha sido motivo de disputa de los proyectos de extracción. La planta solar de Ouarzazate, por ejemplo, se basó en leyes coloniales para expropiar tierras comunales a fin de adquirir una parcela de 3000 hectáreas.20 Este es el marco jurídico que rige la transferencia de propiedad de las tierras colectivas de Marruecos. Pero, además del Plan Marruecos Verde y el Código Minero de 2015, se aprobó una nueva ley de tierra colectiva en 2019 para facilitar la inversión privada y la expropiación de tierra considerada subutilizada con fines de desarrollo nacional.21 Hubo discusiones durante decenios acerca de los problemas irresolubles asociados con la tierra colectiva en Marruecos. Es difícil determinar quién tiene derecho a esa tierra, y quienes defienden la privatización sostienen que la propiedad colectiva impide la inversión. Estas cuestiones se utilizaron para justificar la ley de 2019, que aparentemente racionaliza la gestión colectiva de la tierra. Sin embargo, según estudios preliminares, existe un temor generalizado de que ello únicamente acelere la transferencia de tierra para proyectos de inversión de gran escala y la imposición de la lógica de mercado a tierra que nunca estuvo a la venta.
Para documentar qué órganos jurídicos y administrativos rigen un proyecto determinado es preciso analizar en profundidad los diversos ámbitos del derecho; algunos están directamente relacionados con el recurso extraído, mientras que otros abarcan diversos recursos, la administración del gobierno local, los impuestos y el presupuesto. Estos ámbitos resultan difíciles incluso para académicos o activistas con experiencia que no cuentan con conocimientos jurídicos o en materia fiscal. No captan la imaginación popular del mismo modo que lo hacen las movilizaciones sociales, y elaborar materiales de educación popular sobre rincones aparentemente arcanos del derecho puede parecer un ejercicio cuestionable. No obstante, a partir de la experiencia de organización en torno a las actividades extractivas en América Latina y otras partes del mundo se puede concluir que estos mecanismos legales y burocráticos pueden brindar oportunidades para la resistencia popular o la participación cívica.22 El aumento de la organización de la sociedad civil en Marruecos en torno a la descentralización, la transparencia y el Estado de Derecho, especialmente entre un conjunto de «observadores» en zonas rurales y pequeñas capitales regionales, tiene un potencial similar. La democratización de los conocimientos sobre marcos legales y burocráticos es importante en sí misma, pero también puede ser una herramienta para reclamar la restitución o la rendición de cuentas, incluso si estas oportunidades son pequeñas y el cambio lleva mucho tiempo.