Solo el gobierno puede regular el cannabis
Por desgracia, la cosa no paró ahí. Al día siguiente de conocerse la sentencia de Ebers, el TC resolvió el recurso del gobierno español contra la Ley 24/2014, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra. Al Tribunal Constitucional le bastó con solo 19 páginas para anular la ley, aprobada por amplia mayoría en el Parlamento de Navarra tras una exitosa iniciativa legislativa popular. La ley se considera inconstitucional porque una ley autonómica no puede ir en contra del Código Penal y esto es lo que, según el alto tribunal, hace la ley navarra, “cuya finalidad es, como se deduce de su propio título, proporcionar cobertura legal a comportamientos que el legislador penal considera delictivos”.
Como el Tribunal Supremo ya ha establecido que las asociaciones cannábicas no pueden cultivar y distribuir cannabis sin cometer delito, nadie puede a partir de ahora regular esa actividad, excepto el Congreso y el Senado, para lo que tendrían que modificar el Código Penal, y eso requiere mayoría absoluta. Así, ni la ley de Navarra, ni la del País Vasco, ni la de Cataluña, la última en aprobarse, tienen validez legal. Y de paso se evita que otros parlamentos regionales que habían mostrado su intención de regular el autocultivo y los clubes (Baleares, País Valenciano, Asturias, etc.) puedan seguir adelante.
No se puede decir que ambas sentencias sean una sorpresa, pero llama la atención la forma en la que el Constitucional las ha dado a conocer, casi a la vez, en plenas navidades y coincidiendo con las elecciones catalanas, que han centrado la atención de los medios durante semanas. En solo dos días y sin ruido, el Tribunal Constitucional ha acabado con los clubes y evitado que nadie que no sea el parlamento nacional pueda regularlos. Se cierran de golpe varias décadas de una relativa ambigüedad y tolerancia hacia el cannabis. El habitual estilo español de gobernanza, donde el dejar hacer y la ambigüedad calculada son elementos fundamentales, ha dado paso a un planteamiento en la línea más claramente represiva que domina en el resto de Europa. El gobierno estaba decidido a que España dejara de ser una referencia en cuanto a políticas alternativas sobre el cannabis y parece que lo está consiguiendo.
Es posible que tanto la sentencia sobre el caso Pannagh como la de la Ley de Asociaciones de Personas Consumidoras de Cannabis de Cataluña presenten diferencias respecto a las de Ebers y de la ley navarra, ya que estos dos casos plantean las cuestiones jurídicas más complejas, pero no resulta creíble que en ellas se vayan a cuestionar los dos principios básicos ahora establecidos: La ilegalidad de los clubes de personas usuarias y la incompetencia de los parlamentos autonómicos para regularlos. La vía judicial, por tanto, parece cerrada.
Mientras tanto, la plataforma Regulación Responsable ha anunciado que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el caso Ebers. Juristas de prestigio consultados dudan de que sea posible acudir a Estrasburgo sin una sentencia condenatoria definitiva, y un conocido experto en la cuestión, Tom Blickman, del Transnational Institute (TNI), manifestó inmediatamente sus dudas sobre la conveniencia de hacerlo, dado el impacto que una resolución negativa tendría en toda la UE. Blickman opina (y yo coincido) que este tema se debería coordinar a nivel europeo y que el enfoque más correcto para llevar esta cuestión al TEDH es el de la vulneración de los derechos humanos. Esperemos que RR renuncie a llevar a cabo esta iniciativa de forma unilateral, dada su escasa representatividad entre las asociaciones cannábicas y el hecho de que Ebers, a decir de muchos, no es el mejor ejemplo al que acudir cuando hablamos del modelo de CSC.
La única salida: Modificar el Código Penal
Desde luego, parece que el gobierno y los sectores más prohibicionistas de los jueces estaban seriamente preocupados. El cambio en la opinión pública, cada vez más favorable a regular el cannabis, el auge de los clubes y las iniciativas parlamentarias regionales estaban acorralando al gobierno. La presentación de la propuesta de regulación del Grupo de Estudio de Políticas sobre el Cannabis (GEPCA) parece también haber contribuido a precipitar el cierre de un proceso que se inició en 2013, cuando la Fiscalía General del Estado (que en España es nombrada directamente por el gobierno) ordenó que se acusara de ser organizaciones criminales a las asociaciones cannábicas. Esto permitió recurrir las sentencias absolutorias ante el Tribunal Supremo, que es lo que ha llevado finalmente a cerrar de la peor manera posible el vacío legal que permitía la existencia de los CSC.
No es ningún secreto que el gobierno lleva tiempo intentando acabar con el modelo de los CSC, y el inefable Francisco Babín, responsable del Plan Nacional sobre Drogas, avisaba desde hace años de que tarde o temprano los tribunales se iban a encargar de ello. Lo hacía con la seguridad de quien sabe que cuenta con el respaldo de una jerarquía judicial cercana al Gobierno. En el reciente Congreso Internacional sobre el Cannabis de Catoira, patrocinado por el Plan, el propio Babín dio una idea de lo que podemos esperar en adelante.
La segunda conclusión es que, como planteé en un artículo anterior, los clubes cannábicos más grandes y profesionalizados no van a poder seguir funcionando y, si lo hacen, sus responsables se expondrán a la cárcel y a multas elevadísimas, ya que a partir de ahora no va a valer el argumento de “yo no sabía”. Solo las asociaciones de reducido número de socios y estructura horizontal tienen posibilidades de quedar incluidas dentro de lo que el Tribunal Supremo ha llamado “cultivo colectivo” y eludir la represión, y aun así los límites no están nada claros, lo que va a generar inseguridad jurídica.
Por lo tanto, es más urgente que nunca abrir el debate sobre la regulación del cannabis en el parlamento español, dado que los parlamentos autonómicos ya no pueden hacerlo. Se debe crear cuanto antes una ponencia sobre el cannabis en la Comisión Mixta sobre Drogas, mientras se impulsa el debate social a todos los niveles. Además, todos los colectivos implicados en el fenómeno del uso de drogas desde la perspectiva de la reducción de riesgos deberían responder a este salto atrás de más de cuarenta años que acaba de dar el Tribunal Constitucional. De lo contrario, la política española sobre drogas, que en muchos aspectos era una de las más tolerantes y avanzadas del mundo (lo cual tampoco es mucho decir), puede quedar estancada en el más rancio prohibicionismo durante muchos años.