La ventana que se cierra Crónica política y legal de la cannabis en el México del Siglo XXI

La cannabis llegó por primera vez a lo que ahora es México con los conquistadores españoles, para ser utilizada como cáñamo, a finales del siglo XV. 

Debido en buena medida a la sofisticada relación de los pueblos originales con el mundo natural, así como a sus amplios conocimientos botánicos, la planta pronto fue adoptada –y utilizada– también por sus efectos psicoactivos, incorporándose a la cultura popular. 

Muy pronto, también, esas prácticas fueron notadas y reprobados por la Iglesia católica, si bien las propias autoridades virreinales también impulsaron el cultivo del cáñamo, por lo que durante los siguientes siglos la mariguana no desapareció de la cultura popular, pero el cannabis psicoactivo fue un asunto confinado únicamente a los segmentos más pobres de la sociedad, del submundo criminal, o de algunos artistas díscolos.1

La Revolución Mexicana de (1910-1920) tuvo como resultado un sistema presidencialista y de partido hegemónico –el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que mantuvo relativamente pacífico al país hasta fines del Siglo XX, pero con libertades civiles limitadas en los hechos.

En 1920, la prohibición absoluta de la cannabis llegó formalmente en la ley nacional2, antes incluso que en los Estados Unidos, y si bien el régimen conoció, toleró y gestionó siempre el tráfico y su comercio local, nunca fue asunto de debate público o de interés político. 

A pesar de ello, el Dr. Leopoldo Salazar Viniegra, entonces Jefe  del Hospital Psiquiátrico y el mayor especialista nacional en toxicomanía, logró la despenalización de todas las drogas -cannabis incluida- durante 5 meses de 1940, con el argumento de que la prohibición dificultaba los esfuerzos nacionales en materia de salud pública. Previsiblemente, el experimento fue cancelado por presiones de Estados Unidos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, y de la firma y ratificación de México a la Convención Única de Estupefacientes de 1961, así como los dos tratados posteriores sobre sustancias psicoactivas de 1971 y 1988, la cannabis se inscribió en los artículos 234, 235, 235 bis y 238, 237 y 238 del apartado “Estupefacientes”, en la Ley General de Salud de 1984. 

En ellos se establece la prohibición absoluta del cannabis en todas sus formas, el cáñamo incluido: “Siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga¨.

Para fines del Siglo 20 el sistema político del país se agotaba. Obligado por las circunstancias, el partido hegemónico debió tolerar reformas democráticas que ampliaron paulatinamente el espacio de la oposición política, pero también el de la sociedad civil. Causas antes consideradas como extrañas a la sociedad mexicana, como los derechos de ciertas minorías, comenzaron a ver la luz pública. La cannabis fue una de ellas. 

En el año 2000, por primera vez, el Partido Acción Nacional, -conservador, católico- ganó la presidencia de la república. Y si bien la cannabis jamás fue sujeto de interés para ése o para el gobierno que lo sucedió (Felipe Calderón Hinojosa 2006-2012), fue quedando claro que la necesidad de regulación de la planta no era sólo un asunto de minorías, sino que debía ser considerada, también, en función de su evolución en los Estados Unidos primero, y en Canadá después.  

La primera manifestación pública por la legalización de la mariguana tuvo lugar en la Ciudad de México en el año 2001, y ha continuado hasta el día de hoy en varias ciudades del país. Desde entonces, el activismo por la regulación de la planta ha crecido, y se le han sumado a sectores de la población y de la política. Fueron los usuarios, a quienes el Estado había considerado hasta entonces solo como desadaptados sociales, delincuentes o en el mejor de los casos como “adictos”, irrumpieron en la escena pública del país reclamando sus derechos ciudadanos y ganando para la planta un lugar propio en el debate público nacional. 

Aun cuando la prevalencia del consumo de cannabis en México ha sido históricamente bajo, al menos si se le compara con el de los Estados Unidos o Canadá, su cultura y mercado evolucionaron rápidamente en México en el siglo XXI.3 

No existen datos oficiales actualizados sobre el consumo de cannabis en México. Las últimas dos Encuestas Nacionales de Adicciones se realizaron en 2011, y 2016-17.4 En ambas, la prevalencia en el consumo de la planta, en la población adulta, se mantenía estable a nivel nacional: alrededor de 5% de la población adulta del país había consumido cannabis al menos una vez en el último año.5Es decir, sigue sin representar un problema de salud pública significativo. 

Las dinámicas del mercado de la planta también comenzaron a cambiar. Hasta fines del siglo XX en México no existía otro mercado de la planta más que el de la hierba para fumar. Aun cuando ocasionalmente se producía o se podía encontrar hachís, este era más el resultado de conservar los excedentes, que de la preferencia de los usuarios. 

Sin embargo, la evolución de los mercados, la popularidad y los crecientes movimientos de reforma del cannabis en Estados Unidos, transformaron a su vez las condiciones de la producción y el consumo de la planta en México.  

La tradicional mariguana mexicana de exportación, de producción controlada y traficada por organizaciones criminales, solía ser producida por comunidades campesinas generalmente remotas, pero en regiones con buenas conexiones hacia el norte como Sinaloa, Durango o Chihuahua. Estos cultivos persisten y aún cuando han mejorado la calidad de sus cultivos, su peso relativo en el mercado no es el mismo. 

Hasta fines del siglo pasado, la mariguana producida por comunidades campesinas en estados como Oaxaca, Michoacán, Morelos o Guerrero, fluía principalmente hacia la Ciudad de México; mientras que las de Jalisco, Colima y Michoacán hacia Guadalajara.

Al menudeo, ese producto se comerciaba con medidas que apenas subsisten actualmente, como las “velas”: hierba envuelta de forma cilíndrica en papel periódico, de unos 20 cm de largo y 2 o 3 de diámetro, sin un peso o cantidad específica, pero al alcance de casi cualquier bolsillo.

La producción interna, los mercados y las dinámicas de consumo se ampliaron, influidas en buena medida por las tendencias de Estados Unidos y Canadá. Actualmente, el precio de productos elaborados a base de cannabis, extractos, comestibles, vaporizadores, etc, puede ser sustancialmente mayor al que hasta ese momento conocía el país, así como su mercadotecnia. El resultado es una versión mexicana que imita en mucho las tendencias de los Estados Unidos, aunque a una escala muy distinta, dadas las diferencias de tamaño de ambos mercados.

Por ejemplo, ahora es frecuente que la marihuana se venda por onzas (“mexicanas”, de 25 gramos) o por gramos, y el mercado de extractos, vaporizadores y comestibles ha ganado también su lugar entre los usuarios. 

Es decir, la mariguana en el México del Siglo XXI está tan o más disponible que nunca, para una variedad más amplia de bolsillos, y su cultura ha transitado sigilosamente desde las sombras y la marginalidad, hacia el mainstream de consumo masivo. Todo ello sin que la ley haya cambiado sustancialmente, a excepción de las tres modificaciones legales o jurídicas que a continuación se describen.

En 2006, bajo el nuevo mandato de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) en el que el PAN retuvo la presidencia de la república, el país redobló sus esfuerzos en la “guerra contra las drogas” y contra las organizaciones del narcotráfico. El Estado no sólo destinó más recursos militares y policiacos al conflicto, sino que también se vio en la necesidad de modificar aspectos legales en relación al consumo y al tráfico en pequeña escala (narcomenudeo), que dieron pie, también, a una nueva etapa en el debate de la legalización de la cannabis.

La Ley contra el narcomenudeo, publicada en 2009, fue supuestamente creada para diferenciar al usuario de drogas ilegales de su comercio ilícito, mediante un sistema de “umbrales”.6 En la práctica nunca logró establecer una diferencia significativa entre usuarios y traficantes. Por el contrario, abrió la puerta a nuevas formas de criminalización y extorsión de los usuarios, así como reconfigurar algunas dinámicas del tráfico.7

Las nuevas disposiciones establecieron que la portación de 5 gramos o menos de cannabis no supone una sanción penal, pero la posesión, aun con fines de uso personal, sigue siendo un delito.8 

Sin embargo, dado que las disposiciones de esta ley son confusas para usuarios y policías (también para jueces), se creó la impresión de que México había despenalizado la cannabis para uso personal. Pero al no contar con disposiciones legales que permitieran un canal para poseer la planta sin cometer un delito, la tendencia general, así como la ambigüedad en su aplicación, ha sido que las autoridades hacen pasar a la mayoría de los usuarios como delincuentes (narcomenudistas) para justificar detenciones y metas en materia de seguridad, pero al mismo tiempo, para no enfrentar a los verdaderos delincuentes, quienes se han aprovechado de ella para, dentro de ciertos límites, hacerse pasar por usuarios y así obtener beneficio de la ley cuando son detenidos. 

El cannabis con fines médicos se volvió legal en México en el año 2017. 

De forma parecida a lo que sucedió en Estados Unidos; en México Grace, una niña con una condición discapacitante logró controlar con cannabis sus ataques epilépticos. Adquirió notoriedad nacional, y provocó un debate que culminó con la Ley del Cannabis Medicinal de 2017. 

La ley, sin embargo, se limitó a permitir medicamentos de patente y solo con menos del 1% de THC. 

Sin embargo, hasta la fecha el país no cuenta con reglamentos que permitan producirlos nacionalmente. Deben ser importados y con recetas de prescripción, que sólo pueden ser emitidas por pocas especialidades médicas, y por profesionales de la medicina certificados en cannabis. Cualquier prescripción tiene controles tan estrictos como los de opiáceos.

Con todo, desde entonces el país reconoció su utilidad médica y abrió un espacio para legislaciones futuras. Mientras tanto, la ley sólo creó una nueva oportunidad para el comercio informal de productos cada vez más visibles en la sociedad mexicana. 

La evolución del cannabis en este siglo comenzó a llamar la atención  y eventualmente a crear algún interés en ciertas  fuerzas políticas, generalmente  minoritarias pero con la flexibilidad y la pluralidad suficiente para llevar al Congreso una agenda política con causas ciudadanas. Gracias al activismo, la cannabis comenzó también a ser una de ellas. 

En el año 2008 la diputada Elsa Conde presentó las tres primeras propuestas de ley para regular el cannabis en el país. Una para cáñamo, otra para cannabis con fines médicos, y una tercera sobre uso personal adulto. 

Desde entonces se han presentado alrededor de 20 iniciativas de ley más. A excepción de una, la última, ninguna otra llegó a ser discutida, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. 

La falta de voluntad y de interés político de las fuerzas políticas mayoritarias hicieron de todos ellas meros testimonios legislativos. Sin embargo, el activismo de la Ciudad de México presionó al Senado de forma constante desde 2020, por medio de una manifestación continua que se apropió de un espacio afuera de la Cámara de Senadores, cultivando y consumiendo cannabis por meses. 

La propuesta que sí llegó a ser discutida, fue presentada por Olga Sánchez Cordero en 2022, una importante legisladora del oficialismo (ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). La iniciativa naufragó después de extendidos debates legislativos, y de ser votada en la Cámara de Senadores. Pudo haber sido aprobada sin siquiera el concurso de la oposición. Sin embargo, fue finalmente rechazada por el propio oficialismo que la había propuesto debido a los cambios que se le habían realizado en la Cámara de Diputados.

En octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un quinto y último amparo de forma consecutiva, sobre una serie de litigios estratégicos, promovidos por ciudadanos (no necesariamente de forma individual) quienes como adultos exigían al Estado una vía legal para usar cannabis con fines personales. 

Esos ciudadanos alegaban que el consumo personal de la planta está amparado por el derecho a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad, pero que para ejercerlo no estaban dispuestos a recurrir al mercado ilícito, por lo que solicitaban un permiso para cultivar la planta, en privado y sin fines de comercio. 

Los argumentos centrales y el procedimiento jurídico y administrativo fueron muy parecidos: 

1. Se presenta una solicitud formal a la Comisión Federal de Protección y Riesgos Sanitarios9 (COFEPRIS) para obtener un permiso de cultivo de cannabis con fines de uso personal. Los solicitantes especifican que se trata de acto privado al que como adulto tienen derecho, pero se niegan a ejercerlo recurriendo al mercado ilegal.
2. La COFEPRIS la rechaza, alegando no tener la facultad de otorgar tal permiso, dado que el cultivo de cannabis se encuentra estrictamente prohibido en la Ley General de Salud.
3. El demandante se presenta entonces ante un juez, y solicita un amparo contra la negativa. Considera que viola sus derechos a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad.
4. El litigio termina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en cada caso ordena al juez otorgar un amparo al solicitante para cultivar cannabis de forma privada, sin afectar a terceros y únicamente con fines de consumo personal.
5. Finalmente la Corte crea jurisprudencia, determina que los artículos 234, 235, 235 bis y 238, 237 y 238, de la LGS relativos al cannabis son inconstitucionales, y traslada la obligación de reformarlos al Poder Legislativo.

Al dar la razón a los demandantes, la Corte reconoció que la prohibición absoluta del cannabis en México es inconstitucional, y creó la jurisprudencia correspondiente. 

La Corte dejó en claro que el Estado en México debe garantizar los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía personal en el caso de los adultos que decidan usar cannabis; así como sus límites: siempre y cuando su consumo no afecte a terceros, tenga lugar en el ámbito privado, y no se realice en presencia de menores de edad.

A pesar de ello, y después de tres extensiones concedidas al Congreso para cambiar la ley, en junio de 2021 la Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos  234, 235, 235 bis y 238, 237 y 238 de la Ley General de Salud; pero a 7 años, sin embargo, la ley no ha cambiado, pero surgió un nuevo mercado: la tramitación de amparos por parte de abogados y sus despachos.

Aún así, la Corte abrió la puerta a que los usuarios tengan alguna alternativa al mercado negro; y vale la pena hacer notar que la jurisprudencia no establece que ese cultivo tenga que ser persona, con lo que existiría la posibilidad de formar en el futuro asociaciones cultivo que eviten a sus socios tener que recurrir al mercado negro. 

En el año 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales con un amplio margen. Su oferta de gobierno, sin ser específica, proponía cambios en las políticas hacia las drogas en el país, afirmando en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que “la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública.10

Durante los 6 años de su gobierno, sin embargo, no hubo un solo cambio en las políticas tradicionales hacia las drogas ni hacia la cannabis. Por el contrario, México vive desde entonces una transformación regresiva de su régimen político, en la que parece estar volviendo al viejo sistema de partido hegemónico y autoritario, con lo que los espacios para el disenso político y la participación ciudadana en los asuntos públicos es cada vez más reducida. 

Lo que a principios del siglo XXI parecía perfilar una nueva etapa del país en relación a las drogas en general, y al cannabis en lo particular, ha devenido en un nuevo desdén, evasión o rechazo hacia cualquier tipo de reforma. 

El gobierno insiste en sus banderas políticas “progresistas”, pero por el momento la cannabis no parece ser una de ellas, y la ventana de oportunidad para regular parece cerrarse. 

Las sentencias de la Corte han impedido que esa ventana sea cerrada por completo. El reto de los próximos años será, por lo tanto, hacer que este o cualquier gobierno futuro, reconozca su omisión de reformar la ley y actúe en consecuencia. Porque aun cuando no tenga voluntad alguna para regular cualquier mercado de la planta deberá reconocer, en algún momento, que los usuarios de cannabis en México son ciudadanos de plenos derechos, que siempre han sido parte del país, y que lo seguirán siendo.