El Institute for Policy Studies (IPS) y el Transnational Institute (TNI) aplauden que el Departamento de Estado estadounidense haya desclasificado los documentos relacionados con el asesinato en 1976 de dos de sus colegas por orden de la dictadura chilena e instan a que se desclasifique la documentación restante.
Press release de
Wikipedia
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Los dos institutos defienden desde hace mucho tiempo que Pinochet estaba estrechamente implicado en el asesinato del segundo director del TNI, Orlando Letelier, pero los documentos hechos públicos recientemente son la primera declaración oficial que señala directamente al dictador chileno, Augusto Pinochet.
En un a memorándum de 1987 al presidente Ronald Reagan, el entonces secretario de Estado, George Shultz, informó de que la CIA tenía “pruebas convincentes” de que Pinochet había ordenado personalmente los asesinatos. “Este es un ejemplo patente de la implicación directa de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de Estado, un caso particularmente inquietante porque sucedió en la capital de nuestro país y se tiene al Gobierno chileno por un amigo”, escribía Shultz.
El asesinato tuvo lugar el 21 de septiembre de 1976, cuando Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt, del IPS, murieron por el estadillo de un coche bomba en Washington D.C. Letelier, exembajador de Chile en los Estados Unidos y director del IPS, organización hermana del TNI, era uno de los mayores críticos del régimen de Pinochet. Moffitt era estadounidense, tenía 25 años y trabajaba en el IPS como investigadora en el ámbito del desarrollo.
“Los amigos y familiares de Letelier y Moffitt deben saber quién ordenó este acto odioso de terrorismo internacional y quién podía haberlo impedido”, dijo el director del IPS, John Cavanagh. “Estos documentos parecen confirmar nuestro convencimiento desde siempre de que el asesinato hubiese sido inconcebible sin la autorización del dictador chileno, Augusto Pinochet.”
El IPS otorga sus premios de derechos humanos en recuerdo de Letelier y Moffitt desde hace 39 años, y junto con el TNI ha trabajado con abogados, activistas de derechos humanos, familiares, legisladores y otras personas con el fin de que se haga justicia para ellos y para las miles de víctimas del régimen de Pinochet.
En 1995, el investigador del IPS y del TNI, Saul Landau, fallecido en 2013, editó un libro junto con el abogado español, Joan Garcés (Orlando Letelier: Testimonio y vindicación), en el que se acusaba a Pinochet de autorizar el asesinato de Letelier y se citaban declaraciones de un exagente del FBI que ya había muerto.
Cuando Garcés se convirtió en el abogado principal de la causa española en la que se acusaba a Pinochet de crímenes contra la humanidad, el TNI, el IPS y otros colaboraron con él para ayudarlo a conseguir que las autoridades estadounidenses cooperaran formalmente.
Después de la detención de Pinochet en Londres en 1998 a solicitud de España, el IPS se unió al Archivo Nacional de Seguridad y otros grupos para exigir al Gobierno estadounidense que pidiera responsabilidades a Pinochet por sus crímenes, lo que incluía la publicación de documentos clasificados relacionados con el Gobierno estadounidense y la dictadura chilena.
En junio de 1999, el Gobierno de Clinton desclasificó más de 16.000 documentos del Gobierno relacionados con la dictadura de Pinochet. Estos documentos han sido pruebas de cargo en procesos judiciales contra autores de delitos de derechos humanos.
El Gobierno retuvo documentos específicamente relacionados con el caso Letelier-Moffitt sobre la base de que eran parte de una investigación en curso. En efecto, en marzo de 2000, autoridades estadounidenses viajaron a Chile para asistir al proceso que involucraba a 42 potenciales testigos citados por la Corte Suprema de Chile en nombre del Gobierno estadounidense.
El 28 de mayo de 2000, el Washington Post informó de que “investigadores federales han descubierto pruebas suficientes para acusar al general Augusto Pinochet de conspirar para cometer asesinato con ocasión de la colocación del coche bomba en 1976”. Aunque supuestamente el Gobierno de Clinton preparó un borrador de acusación contra Pinochet, el Gobierno de George W. Bush no tomó ninguna acción.
Sin indicio de avance en una investigación, Peter Kornblush, del Archivo Nacional de Seguridad, lideró el llamamiento por la desclasificación de los documentos restantes relacionados con el caso Letelier-Moffitt.
“Esta publicación de documentos es otro paso importante en la larga lucha contra la impunidad”, dijo la directora del TNI, Fiona Dove. “Sabemos desde hace mucho tiempo que nuestro director fue asesinado por orden de Pinochet por impulsar el apoyo popular internacional contra su feroz régimen dictatorial. Ya es hora de que se publiqun definitivamente todos los documentos relacionados con el caso, incluyendo aquellos que desvelen el papel de los funcionarios del Gobierno estadounidense en impedir que se llevara a juicio a Pinochet durante tantos años”. “Aunque a Pinochet no se le llevó nunca a juicio, el caso Letelier-Moffitt ha sido testigo de muchos avances en materia de justicia”, dijo Cavanagh, director del IPS. “Los esfuerzos de familiares, activistas de derechos humanos, abogados audaces y un puñado de funcionarios comprometidos han cambiado el curso de la historia. Han registrado nuevos avances en los derechos humanos internacionales, incluyendo el ‘precedente Pinochet’ que se sentó cuando los tribunales británicos despojaron al antiguo dictador de su ‘inmunidad soberana’ y dictaron que España podía extraditarlo por torturas. Este es sencillamente el último hito en una lucha larga e inspiradora por la justicia.”
FIN
Hitos anteriores del camino hacia la búsqueda de responsabilidades en el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Karpen MoffittEl 10 de septiembre de 1976, el dictador chileno, Augusto Pinochet, revocó la ciudadanía a Orlando Letelier, que había servido como embajador de Chile en los Estados Unidos y como ministro del Gobierno del doctor Salvador Allende antes del golpe de 1973. Esa noche, Letelier llenó el auditorio del Madison Square Garden en una concentración anti-Pinochet en la que dijo “yo soy chileno, nací chileno y moriré chileno. Ellos, los fascistas, nacieron traidores, viven como traidores y serán recordados siempre como fascistas traidores”.
Once días más tarde, el 21 de septiembre de 1976, agentes enviador por Pinochet asesinaron a Letelier de camino a su trabajo en el IPS, junto con su colega, la estadounidense de 25 años, Ronni Karpen Moffitt. El coche bomba que se había colocado en la avenida de Massachusetts en Washington D.C. fue un golpe demoledor para sus familiares, amigos, colegas y la cruzada global por los derechos humanos. Pero en el transcurso de los últimos 30 años, ha habido avances en materia de justicia.
Entre 1978 y 1991, las autoridades de los Estados Unidos procesaron a siete personas en relación con el crimen. Michael Townley, ciudadano estadounidense que trabajaba para la policía secreta chilena, se declaró culpable en 1978 de organizar el asesinato y recibió una sentencia reducida a cambio de testificar contra cinco exiliados cubanos implicados en el atentado. Un capitán del ejército chileno, Armando Fernández Larios, se declaró también culpable por su papel en el asesinato. Una investigación independiente del IPS, liderada por Saul Landau, se plasmó en un libro, “Assassination on Embassy Row,” (escrito en colaboración con John Dinges, que lo ha actualizado recientemente) y ayudó a mantener la presión para conseguir que se hiciera justicia.
En 1995, 19 años después de los asesinatos de Letelier y Moffitt, el exjefe de la policía secreta chilena, Manuel Contreras, y el general Pedro Espinoza ingresaron en prisión en Chile por su papel en el crimen.
En 1978, los abogados estadounidenses Michael Tigar y Sam Buffone presentaron una demanda civil en nombre de los familiares de Letelier y Moffitt contra los asesinos y la República de Chile. Fue la primera demanda por homicidio presentada en los Estados Unidos contra una nación extranjera. Después de la transición democrática en 1997, el Gobierno chileno llegó a un acuerdo extrajudicial.
El 16 de octubre de 1998, la policía de Londres detuvo a Pinochet con una orden de los tribunales españoles. La demanda española había sido presentada por Juan Garcés en nombre de las víctimas. Aunque un magistrado británico dictaminó que España podía extraditar a Pinochet por torturas, en marzo de 2000 el ministro del Interior británico liberó al exdictador por razones humanitarias.
En 1999, el Gobierno de Clinton, bajo presiones del Archivo Nacional de Seguridad y otros grupos de derechos humanos, desclasificó más de 16.000 documentos secretos del Gobierno relacionados con Chile y con los vínculos entre el Gobierno estadounidense y la dictadura de Pinochet. Los documentos desclasificados ayudaron a esclarecer la historia de la intervención estadounidense en Chile y han servido de prueba en casos judiciales contra infractores de derechos humanos.
En marzo de 2000, autoridades policiales estadounidenses viajaron a Chile para asistir al proceso que involucraba a 42 potenciales testigos citados por la Corte Suprema de Chile en nombre del Gobierno estadounidense. El Washington Post informó de que “investigadores federales han descubierto pruebas suficientes para acusar al general Augusto Pinochet de conspirar para cometer asesinato con ocasión de la colocación del coche bomba en 1976”. Aunque supuestamente el Gobierno de Clinton preparó un borrador de acusación contra Pinochet, desde que llegó al poder el presidente Bush no se emprendió, al parecer, ninguna acción.
A las 72 horas de la vuelta de Pinochet a Chile desde Londres, en marzo de 2000, el juez chileno Juan Guzmán inició el procedimiento para despojarle de la inmunidad que impedía que se le procesara; estos procesamientos siguen hoy. Dos veces –en 2000 y otra vez en 2004– Guzmán consiguió acusar a Pinochet. En ambos casos, tribunales de alta instancia declararon a Pinochet mentalmente incapacitado para llevarlo a juicio. Desde la detención de Pinochet en Londres, más de 300 militares chilenos han sido llevados a juicio por violaciones de derechos humanos. Armando Fernández Larios, que reconoció a las autoridades estadounidenses su papel en el asesinato de Letelier-Moffitt, fue considerado también responsable por un jurado estadounidense de crímenes contra la humanidad.
En febrero de 2005, el Riggs Bank llegó a un acuerdo extrajudicial en una demanda presentada por los abogados Juan Garcés y Sam Buffone y pagó nueve millones de dólares a las víctimas de Pinochet por el papel del banco en ocultar y sacar el dinero de Pinochet de Gran Bretaña en 1999. En noviembre de 2005, Pinochet fue detenido bajo arresto domiciliario por cargos relacionados con evasión fiscal, falsificación de pasaporte y otros crímenes relacionados con la titularidad de cientos de cuentas bancarias ilegales, muchas de ellas en los Estados Unidos. En agosto de 2006, la Corte Suprema de Chile despojó a Pinochet de su inmunidad, lo que allanó el camino a otras acusaciones relacionadas con estas cuentas bancarias multimillonarias.
Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006. En aquel momento, alrededor de 300 cargos criminales seguían pendientes contra él en Chile por numerosas infracciones de derechos humanos, evasión fiscal y malversación.
Estos hitos son un testimonio del poder de la perseverancia. En palabras de Martin Luther King, “el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia”.
Para más información: El TNI y el caso Pinochet
Si deseas apoyar nuestro trabajo, considera realizar una donación. Nos comprometemos a que nuestra valiosa investigación esté accesible sin costo, pero para eso necesitamos de tu ayuda. Si todas las personas que leen nuestro contenido realizan una donación de tan solo €12 podremos apoyar nuestro trabajo durante tres años.
