El sector de la energía en Marruecos Una dependencia permanente

A pesar de que Marruecos obtuvo su independencia en 1956, el sector energético del país sigue dependiendo de los combustibles fósiles y del sector privado. Entre 2017 y 2020, las importaciones de combustibles fósiles en el país representaron alrededor del 90 por ciento del total del suministro primario de energía y el 80 por ciento del suministro de electricidad1, mientras que el sector privado actualmente controla el 84 por ciento de la producción de electricidad2 y casi la totalidad de la distribución de energía.

El ambicioso plan de energía renovable iniciado por el Gobierno marroquí en 2009, que intenta cubrir el 52 por ciento de la capacidad de electricidad instalada para 2030, podría haber reducido considerablemente la dependencia del país de combustibles fósiles, en gran medida importados. Sin embargo, las políticas liberales adoptadas por el Gobierno para todo el sector de la energía, incluida la energía renovable, así como las asociaciones público-privadas, han exacerbado la crisis de la deuda y la dependencia del sector privado.

El presente artículo intenta explorar las causas históricas, económicas y políticas de la dependencia energética de Marruecos, que amenaza lo que queda de soberanía del país y exacerba las desigualdades sociales. Además, demuestra cómo en esta situación la población más desfavorecida del país paga los costos de las elecciones políticas y económicas de una élite colonizada, que funciona como socia de las empresas transnacionales y los bancos internacionales.3

A comienzos del siglo XX, la principal motivación del colonialismo francés con respecto a la producción de electricidad en Marruecos era facilitar la extracción de materia prima, principalmente fosfatos, para mejorar la productividad de las minas y electrificar la red ferroviaria que se utilizaba para transportar esas materias primas a la metrópolis.4 El objetivo era electrificar lo que se consideraba que era «el Marruecos útil».5 Se otorgaron concesiones para la producción y distribución de electricidad. La Société Marocaine de Distribution d’Eau, de Gaz et d’Électricité (SMD) fue reemplazada por la Énergie Électrique du Maroc (EEM), fundada el 30 de enero de 1924 por la Compagnie Générale du Maroc, la cual había sido creada en febrero de 1912 por un consorcio de bancos franceses liderado por la Banque de Paris et des Pays-Bas.6

Si bien Marruecos obtuvo su independencia en 1956, fue apenas en 1963 que el Estado pasó a controlar la gestión del sector de energía y de otros sectores estratégicos, como la agricultura, la industria, el comercio y el suministro de agua potable, tras la creación de la Office National de l’Électricité (ONE). Según su decreto fundacional, este órgano público se encarga del «servicio público, la producción, el transporte y la distribución de energía eléctrica».7

En las décadas de 1960 y 1970, Marruecos decidió que el petróleo fuera su principal recurso energético, a pesar de no poseerlo. En 1980, el petróleo representaba más del 80 por ciento de la combinación energética del país. A partir de mediados de la década de 1980, y tras la crisis del petróleo de 1973, ONE decidió aumentar el porcentaje de carbón en la combinación energética del país.8

A mediados de la década de 1990, a pesar del historial positivo de ONE en ampliar la red de electricidad a zonas rurales y brindar un servicio público de calidad –como quedó demostrado, en parte, por la ausencia de cortes de electricidad en las principales ciudades–,9 el Gobierno decidió adoptar el paradigma neoliberal en el sector de la energía. Alentado por las instituciones financieras internacionales, Marruecos comenzó a desmantelar, privatizar y liberalizar la distribución y producción de electricidad, en beneficio de grandes empresas transnacionales.

Marruecos comenzó a privatizar sus empresas públicas más rentables y a liberalizar sectores estratégicos de la economía, en el marco del programa de ajuste estructural impuesto por las instituciones financieras internacionales tras la crisis de la deuda de la década de 1980, cuando el país era incapaz de pagar sus deudas y solicitó su reprogramación.  En 1983, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial exigieron que el país aplicara el programa de ajuste estructural.10 El sector de la energía fue uno de los más afectados, como resultado de la privatización de la industria de refino de petróleo y la introducción de la producción privada en el negocio petrolero. La Société Anonyme Marocaine de l’Industrie du Raffinage (SAMIR) se privatizó en 1997 para beneficio del grupo sueco-saudí Corral Petroleum Holding, cuyo principal propietario es el multimillonario saudita Mohammed al-Amoudi. En ese mismo año, los servicios de distribución de agua potable y electricidad, captación de aguas pluviales y recolección de aguas residuales y alumbrado público en la región de Gran Casablanca, que cuenta con 4,2 millones de habitantes, se asignaron a una sola empresa, Lyonnaise des Eaux Casablanca (Lydec), subsidiaria de la empresa francesa Lyonnaise des Eaux.11

Un gran conjunto de legislación y propaganda apoyaron esta primera ola de privatizaciones, que se mostró como indispensable para la «modernización» de la economía marroquí y para beneficiarse del apoyo técnico de las empresas transnacionales. Sin embargo, los efectos económicos, sociales y ecológicos de estas operaciones de privatización resultaron ser desastrosos.

Si volvemos a tomar como ejemplo los casos de SAMIR y Lydec, la privatización de la primera empresa tuvo como consecuencia la mayor quiebra de la historia del país,12 que implicó una deuda de 4 000 millones de euros y dejó a más de 800 trabajadores –y sus familias– en la indigencia. Según varios informes, incluidos informes oficiales –como el del Tribunal de Cuentas de 2014– la empresa que tenía la concesión (Lydec) cometió múltiples violaciones de derechos fundamentales, con la connivencia de autoridades locales y representantes electos. Estas violaciones incluían privar a la población de su derecho de conexión a electricidad y agua, y aumentar el costo de estos servicios, en contravención de las disposiciones del contrato de concesión. En términos económicos y financieros, Lydec no cumplió el programa de inversión acordado y transfirió dinero en divisas, algo que estaba prohibido en virtud del contrato. En los primeros 10 años de la concesión, la empresa transfirió 160 millones de euros a accionistas en forma de dividendos y 100 millones de euros en ganancias secretas a su sede en la forma de gastos de «asistencia técnica».13

Durante ese decenio se aprobaron dos leyes importantes que tuvieron un efecto profundo en el sector de la energía, además de la Ley 39-89, que permite la transferencia de empresas públicas al sector privado. Ellas fueron el Decreto legislativo núm. 94 503, de 1994, que puso fin al monopolio de ONE y permitió que productores de electricidad privados ingresaran al mercado, y la Ley núm. 1-95-141, de 1995, que permitió la liberalización del mercado de productos petroleros.

A pesar de que Marruecos cuenta con un programa ambicioso y ha invertido miles de millones de dirhams en el desarrollo de energías renovables –especialmente la energía solar– y de que posee una de las plantas de energía termosolar de concentración (CSP) más grandes del mundo,14 la combinación energética de Marruecos en 2011 seguía estando dominada por los combustibles fósiles, que representan el 92,36 por ciento de la combinación de energía y se utilizan fundamentalmente en el transporte, mientras que el carbón representaba hasta un 57,82 por ciento de la producción de electricidad.15

Además, el sector del transporte era el mayor consumidor de energía de Marruecos, ya que representaba el 38 por ciento del consumo total del país.16 Este sector, que depende casi exclusivamente de combustibles fósiles, fue responsable de alrededor del 50 por ciento del presupuesto de energía del país en 2018, es decir, más de 4.000 millones de euros, y representó el 20 por ciento del déficit de la balanza comercial.

En cuanto a la generación de electricidad, las energías renovables representaban un 19,81 por ciento de la producción nacional en 2021, del cual la energía eólica representaba un 12,37 por ciento, la energía hidroeléctrica un 2,93 por ciento y la energía solar un 4,41 por ciento. El carbón era la principal fuente de electricidad (57,82 por ciento), seguido del gas natural (11 por ciento).17

Un análisis crítico de las principales reformas legislativas e institucionales que apoyan el desarrollo de energías renovables en Marruecos plantea la cuestión de si estas reformas han servido principalmente de excusa para seguir liberalizando y privatizando el sector de la energía.

De hecho, la Ley núm. 13-09, de 11 de febrero de 2010, liberalizó el sector de la energía renovable, al permitir que las empresas privadas compitan tanto en la producción y exportación de electricidad renovable mediante la red nacional.18

La ley sobre las asociaciones público-privadas entró en vigor en agosto de 2015, aunque el modelo de asociaciones público-privadas «[ya] se había puesto a prueba durante mucho tiempo por medios contractuales, como las concesiones fuera de todo marco normativo antes de que la ley consagrara esta orientación».19 Ello permitió a operadores privados posicionarse como productores de energía independientes. Estos acuerdos de adquisición de energía celebrados en virtud de asociaciones público-privadas obligan a la empresa estatal ONE a comprar la electricidad producida a un precio acordado por un período de 25 a 30 años.20

Este modelo y la ley de 2015 que le sucede se derivan de legislación francesa sobre alianzas público-privadas de 2004. Retoman el concepto de «pagos basados en la disponibilidad», mediante los cuales ONE, una institución pública, está obligada a comprar toda la producción generada por las concesionarias privadas, independientemente de las necesidades reales. Por lo tanto, esa energía, ya sea de origen fósil o renovable, tiene prioridad respecto de la generada por las plantas de energía públicas.21 Si se produjera un descenso marcado de la demanda de electricidad, dado que ONE está obligada a consumir en primer lugar la electricidad producida por las concesionarias privadas, las centrales eléctricas públicas deben cerrar para evitar un corte de electricidad, lo cual implica costos adicionales considerables para el Estado (es decir, para los contribuyentes).22

Por lo tanto, este tipo de asociación constituye una estafa que beneficia a los bancos y a los operadores privados. Por un lado, están protegidos de toda posible pérdida, del carácter que sea (fluctuación de los precios de los productos básicos, infraestructura, prestación de servicios públicos, riesgos climáticos, riesgos financieros, etcétera); por otro, la rentabilidad de sus inversiones está plenamente garantizada, dado que el pago está garantizado aunque la energía no se utilice o no sea necesaria. Este es el típico modelo de privatización de las ganancias, en el cual los contribuyentes deben hacerse cargo de las pérdidas y de los riesgos.

¿Quién decide?

El sector de energía de Marruecos se rige en gran medida por instrumentos autocráticos y la adopción de decisiones estratégicas por fuera del control democrático. Un ejemplo de ello fue la creación de la Agencia Marroquí de Energía Sostenible (Masen) en 2010 y el nombramiento de Mustapha Bakkoury, un ex presidente del Partido de Autenticidad y Modernidad (PAM), como su director. El PAM fue fundado por Fouad Ali el Himma, amigo y asesor del rey. En 2015, se otorgó autoridad a Masen respecto de todo el sector de energía y Bakkoury pasó a ser su director ejecutivo, por lo que ONE fue efectivamente marginada.23 Sin embargo, en marzo de 2021 se prohibió a Bakkoury salir del país24 en forma imprevista, en el marco de una investigación de alegatos de mala gestión y malversación de fondos cuando era director de Masen. A pesar de la cobertura mediática del caso, en el momento no se ofreció ninguna explicación oficial al respecto.25

Las comunidades locales y los legisladores, así como ingenieros y técnicos de empresas públicas en el ámbito de la producción, la gestión, el transporte y el mantenimiento de centrales eléctricas siempre han sido excluidos de las discusiones de la Masen sobre proyectos de energía renovable. De haberlos consultado, se habría podido evitar errores técnicos graves y habría sido posible supervisar mejor a los «socios» privados que, por su parte, estaban rodeados de expertos que defendían sus intereses. Un experto del sector, que pidió permanecer anónimo, declaró: «Desde que las energías renovables se han vuelto un sector estratégico, la agencia [Masen] ha acaparado todas las prerrogativas de desarrollo sostenible. Se ha vuelto todopoderosa. Al igual que con cualquier gran proyecto de la monarquía, prevaleció el silencio: todos sabían que los proyectos estaban retrasados y que el costo era demasiado elevado, pero nadie se atrevió a pedir que se rindieran cuentas».26

¿Quién se beneficia?

En 2018, ciudadanos locales llevaron a cabo una campaña para boicotear a tres empresas cuyos propietarios están estrechamente vinculados con la familia real: Danone, Sidi Ali y, especialmente, Afriquia. El propietario de esta última es el poderoso multimillonario Aziz Akhannouch, a quien el rey nombró primer ministro en septiembre de 2021. Tras ese acto de desobediencia civil, en 2019 el Consejo de Competencia (Conseil de la Concurrence) llevó a cabo un estudio exhaustivo del sector del petróleo y halló pruebas de negligencia. El informe concluyó que la liberalización del sector en 2014 no había promovido la competencia –la principal justificación que esgrimían sus defensores–, sino que había dado lugar a un oligopolio a todo nivel: desde la importación hasta el almacenamiento y la venta, pasando por la distribución y el consumo. Encabezados por Afriquia, los cinco operadores principales captaban el 70 por ciento del mercado en 2017 y tres de ellos tenían un 53,4 por ciento de la cuota de mercado.27

Este oligopolio aumentó con el cierre de SAMIR en 2015, a pesar de que la empresa había proporcionado el 64 por ciento de la demanda de productos refinados y tenía una gran capacidad de almacenamiento (dos millones de metros cúbicos). «En consecuencia, la factura de electricidad ha aumentado considerablemente, el déficit de la balanza comercial ha empeorado y las estructuras pequeñas y medianas se han debilitado para beneficio de los actores más grandes».28

El sector privado posee el control absoluto de la electricidad

Según datos oficiales del Gobierno29, si bien no se cumplió la meta de generar un 42 por ciento de la electricidad a partir de fuentes renovables para 2020, se superó la meta de aumentar el porcentaje de concesiones privadas para la producción de electricidad. A finales de 2021, el sector privado controlaba más de dos tercios (71,8 por ciento) de la producción de electricidad en Marruecos.

La élite dominante ha hecho de la producción concesionaria privada, ya sea de origen fósil o renovable, un pilar y elemento fundamental del sistema energético. Ello beneficia más que nada a empresas transnacionales francesas (Engie), españolas (Gamesa), sauditas (ACWA), emiratíes (Taqa) y alemanas (Siemens), generalmente en cooperación con empresas nacionales de propiedad de la familia real (Nareva) o de familias poderosas con conexiones políticas, como las familias Akhannouch y Benjelloun (Green of Africa).

Un ejemplo de ello es el llamado a licitación internacional de energía solar para la concepción, financiación, construcción, operación y mantenimiento del proyecto de 800 megavatios (MW) Noor Midelt I, adjudicado en mayo de 2021 al consorcio encabezado por EDF Renouvelables (Francia) y que incluía a Masdar (Emiratos Árabes Unidos) y Green of Africa (Marruecos).30 Cabe mencionar que Green of Africa es propiedad de tres de las familias más ricas de Marruecos: Benjelloun (Financecom y BMCE Group), Amhal (Omafu y Somepi Group) y Akhannouch (Akwa Group). Antes de que el rey lo nombrara primer ministro en septiembre de 2021, Aziz Akhannouch se había desempeñado como ministro de Agricultura y Pesca durante 15 años.

Por su parte, Nareva, una empresa propiedad del grupo real Al Mada,31 acapara la mayor parte de la producción de energía eólica mediante su empresa subsidiaria Énergie Éolienne du Maroc (EEM). Actualmente posee cinco parques eólicos en plantas comerciales, en virtud de la Ley núm. 13-09, con una capacidad total de más de 500 MW y vende la energía eléctrica allí producida directamente a clientes industriales.32 Nareva también es propietaria del parque Tarfaya, uno de los más grandes de África, en conjunto con la gran empresa francesa Engie. La energía producida en el parque, cuya capacidad es de 300 MW se vende exclusivamente a ONE, en virtud de una asociación público-privada que data de hace 20 años.33 En 2016, Nareva fue la adjudicataria del enorme Proyecto Eólico Integrado de 850 MW, compuesto por Midelt (210 MW), Boujdour (300 MW), Jbel Lahdid (270 MW) y Tiskrad (100 MW), esta última en Tarfaya. Nareva ganó este proyecto tras asociarse con la fabricante de turbinas eólicas Siemens Gamesa Renewables (Alemania y España).

Cabe destacar que, a pesar de que el grupo Al Mada se presenta como líder en el ámbito del desarrollo sostenible, es responsable de la destrucción y contaminación de varios ecosistemas. Como el autor explicó en otra parte: «Además de que su empresa productora de azúcar Consumar ha sido responsable de desastres de contaminación, su brazo minero Managem en la mina de plata Imider, ubicada en el sur de Marruecos, ha sido responsable de la contaminación de acuíferos y aún existe un conflicto con la población local por los recursos hídricos».34

En Marruecos, al igual que en otros países, los beneficiarios de proyectos ecológicos generalmente tienen un largo historial de contaminación y destrucción de ecosistemas. Reorientar parte de sus inversiones hacia la energía renovable es, en realidad, otra forma, a menudo más rentable, de generar ganancias y despojar a las poblaciones locales de sus territorios.

¿Quién paga el precio?

La población, en cuanto contribuyentes y consumidores, paga las consecuencias financieras de un sistema diseñado de manera absolutamente desigual para el beneficio exclusivo de inversores privados. En virtud de los contratos de concesión firmados en la década de 1990 y a comienzos de los 2000, en especial de las asociaciones público-privadas, ONE está obligada a comprar energía a operadores privados en función de la disponibilidad y a precios más elevados que los de venta para distribución y consumo, y debe pagar además el costo de la fluctuación de los precios de las materias primas, especialmente del carbón.

Por consiguiente, ONE se sumió en una crisis financiera estructural sin precedentes, de la que tuvo que ser rescatada por el Gobierno mediante la firma de un contrato que le permitió aumentar los precios al consumidor. Como consecuencia de ello, las facturas de los consumidores aumentaron un 20 por ciento en 2014.35 Dado que todos los proyectos recientes de energía renovable se basan en contratos similares de 30 años, probablemente se reitere esta situación de una enorme inversión pública sin garantías para la población de que se reduzcan los precios de la electricidad. La decisión de Masen de utilizar tecnología de energía solar concentrada (CSP), adoptada sin consultar a ninguna entidad pública, ni siquiera a ONE, ha resultado desastrosa. El costo por kilovatio por hora (KWh) es de 1,62 dirhams para la planta Noor 1, de 1,38 dirhams para la planta Noor 2 y de 1,42 dirhams para la planta Noor 3, mientras que el precio al que se vende cada kilovatio a ONE es de 0,85 dirhams. Por consiguiente, según las estimaciones del CESE,36 Masen tiene un déficit anual de 80 millones de euros por las plantas Noor I, II y III.

La cuestión de la deuda y la financiación es fundamental. Todos los proyectos recientes de generación eléctrica, incluidos los denominados «verdes», son financiados mediante préstamos de bancos privados internacionales, bancos multilaterales, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y las agencias de desarrollo francesa, alemana y japonesa.

En el sector de la energía solar, las deudas de Masen están respaldadas por el Estado. Utiliza estos fondos para construir infraestructura necesaria para el desarrollo de proyectos, como carreteras, infraestructura hidráulica, cercos, líneas y centrales transformadoras para transportar energía. Además, utiliza fondos para financiar su participación en empresas con fines especiales creadas para proyectos específicos (Noor Ourzaztae, Noor Midelt, etcétera).37

Los prestamistas siguen siendo actores clave en estos proyectos y tienen la última palabra respecto de todas las decisiones estratégicas. Por lo tanto, resulta lógico que las nacionalidades de los prestamistas coincidan con las de las empresas que participan en el proyecto, ya sea como operadoras (la francesa Engie y la alemana Siemens, entre otras) o como proveedoras de equipamiento (la francesa Alstom, la japonesa Mitswi, etcétera).

Safi Energy Company, copropiedad de Nareva (35 por ciento), la empresa francesa Engie (35 por ciento), y la empresa japonesa de transacciones comerciales Mitsui (30 por ciento) obtuvieron una concesión de 30 años para la planta de energía térmica Safi, que tendrá una capacidad de 1 369 MW (es decir, el 25 por ciento de la demanda nacional) y una inversión total de 2 300 millones de euros.38 El proyecto fue financiado principalmente por el Banco Japonés de Cooperación Internacional, el Banco Attijariwafa y Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI), la filial marroquí del banco francés BNP Paribas.

Estos préstamos se sumarán a una deuda pública que, a finales de 2021, era de alrededor del 100 por ciento del PIB.39 El servicio de la deuda absorbe más de un tercio del presupuesto estatal y representa casi 10 veces el presupuesto nacional de salud.

El modelo liberal ha fracasado económica y ecológicamente, en particular con respecto a la justicia energética y climática. Informes gubernamentales, incluidos los del CESE, reconocen parcialmente este fracaso, mientras que siguen promoviendo una mayor liberalización, desmantelamiento de empresas estatales y privatización de todo el sector energético.

No se puede lograr una transición justa mientras el sector de la energía siga estando controlado por empresas transnacionales extranjeras y una élite local dominante que saquea al Estado y genera todas las ganancias que desea, en medio de una cultura de autoritarismo y nepotismo. El sistema de la deuda y las asociaciones público-privadas son un obstáculo enorme a la soberanía popular, incluida la soberanía energética.

Un requisito necesario para lograr una transición energética justa es la soberanía de la población local en todas las etapas del proceso de producción: concepción, aplicación, operación, almacenamiento y distribución. El sector de la energía debe considerarse un servicio público, cogestionado por los trabajadores que participan y las poblaciones locales que están de acuerdo en compartir parte de sus territorios (tierra, agua, bosques, etcétera) en aras del interés colectivo. En este marco, las poblaciones locales también deberían beneficiarse de tarifas preferenciales e incluso de servicios de electricidad gratuitos. Es necesario reemplazar las formas de gobierno burocráticas vigentes por formas de gobernanza descentralizadas.

Priorizar soluciones y proyectos descentralizados también implica acercar la producción de energía lo más posible a la población a fin de evitar pérdidas ocasionadas por el efecto Joule41 y limitar los costos de transporte. Ello también implica concebir proyectos de escala más pequeña, para los cuales sea posible obtener los fondos necesarios a nivel local o con ayuda del Estado.

Los programas de integración regional también deben basarse en la solidaridad y el bien común. Dicha integración también estaría mucho más adaptada a la naturaleza física de la electricidad: para que exista un equilibrio necesario entre la producción y el consumo, quienes poseen energía adicional deben tener tanto interés en regalarla como quienes la necesitan en recibirla, a fin de evitar una suspensión general en el suministro de electricidad.

En respuesta a la tiranía neoliberal y el actual desequilibrio de poder que beneficia a las clases dominantes están surgiendo diversas formas de descontento y protesta entre la población local, que intentan construir alternativas a las ganancias privadas obtenidas a expensas de la comunidad y al neocolonialismo, del cual la privatización es un instrumento y un símbolo. Si realmente queremos construir una sociedad más justa y más democrática, es necesario tener en cuenta estas iniciativas, apoyarlas y vincular la transición energética a las cuestiones socioeconómicas.