El Banco Popular de Costa Rica: un ejemplo de banco democrático, verde y sostenible

Pero no hay que abandonar la esperanza de que surja otro tipo de banco; un banco que esté gestionado de forma democrática y cuya actividad se base en principios de sostenibilidad. El Banco Popular de Desarrollo Comunal (BPDC), una entidad bancaria cooperativa con sede en Costa Rica, ejemplifica una alternativa viable y deseable a la banca privada convencional. El modelo, aunque no esté exento de desafíos, ofrece una serie de lecciones para el resto del mundo.

El Banco Popular fue fundado en 1969 por el Gobierno costarricense para fomentar el desarrollo económico. El banco surgió de una tradición de solidaridad, algo que aún hoy mantiene. Su misión consiste en servir al bienestar social y sostenible de toda la población costarricense.

El BPDC es un banco cooperativo de derecho público cuya propiedad y gestión depende de sus propios trabajadores y trabajadoras. Todo aquel trabajador que haya tenido una cuenta de ahorro durante un año continuo tiene derecho a la copropiedad. La entidad combina funciones comerciales y de desarrollo, con una cartera de clientes que incluye a trabajadores, campesinos, microempresas y pequeñas y medianas empresas, así como asociaciones comunales, cooperativas y de desarrollo municipal.

Desde 2000, el banco se ha convertido en un gran conglomerado financiero (la tercera mayor entidad bancaria de Costa Rica) y oferta una gama completa de servicios bancarios, pensiones, valores bursátiles, fondos de inversión y seguros. Cuenta con 103 sucursales en todo el país y da empleo a 4300 personas. Sus activos totales en 2016 superaban los 5400 millones de dólares estadounidenses, con un beneficio neto de 68 millones de dólares. La rentabilidad de los activos se sitúa en un promedio del 1,5 %, un porcentaje elevado teniendo en cuenta que se trata de un banco minorista.

El banco goza de un sistema único de capitalización permanente: los empleadores aportan el 0,5 % y los trabajadores el 1 % del salario mensual. Después de un año, el 1,25 % de ese “ahorro obligatorio” se transfiere al fondo de pensiones individual de cada trabajador o trabajadora. El BPDC conserva el 0,25 % restante como aportación de capital.

El BPDC muestra diferencias cualitativas con respecto a los bancos privados tradicionales. Su compromiso actual se fundamenta en el equilibrio de tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Lograr una buena rentabilidad financiera figura en el mismo nivel que prestar un buen servicio social y ambiental.

El BPDC es quizás el banco más democrático del mundo. El organismo de máxima jerarquía de la entidad es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, que representa al 1,2 millones de trabajadores y ahorradores a los que sirve el banco (el 20 % de la población). La Asamblea está formada por 290 representantes de un amplio abanico de sectores sociales y económicos, y es la encargada de brindar una dirección estratégica a la Junta Directiva, que está integrada por cuatro miembros de la Asamblea y tres del Gobierno.

La consulta popular representa un elemento fundamental del proceso de toma de decisiones del banco. Su Plan Estratégico 2017-2020 contó con las aportaciones de una consulta nacional desarrollada a lo largo de tres años, que llegó a casi 1500 participantes en 11 regiones.

El banco también pone un fuerte acento en la igualdad de género. Fue la primera organización pública de Centroamérica en establecer la participación de al menos un 50 % de mujeres en sus órganos de decisión. La entidad, además, cuenta con una Comisión Permanente de la Mujer, que vela por que la igualdad de género no deje de ser una prioridad en todo el conglomerado.

La esencia del BPDC está estrechamente relacionada con quienes lo componen.

El Banco Popular no despuntó por su respeto por el medioambiente desde sus orígenes, pero ha hecho de ello un rasgo distintivo desde 2014, cuando subió al poder el Partido de Acción Ciudadana, de tendencia progresista, que se fijó la misión de que la economía promueva el bien social y ambiental, y no solo el lucro.

Desde entonces, el banco ha desarrollado productos crediticios especiales, como ecocréditos para ayudar a las empresas a financiar proyectos más respetuosos con el medioambiente. Por ejemplo, a principios de 2017, la entidad ayudó a financiar la compra e instalación de paneles de energía solar en viviendas.

En lo que respecta al ámbito del desarrollo, el BPDC brinda apoyo a las asociaciones comunales locales para impulsar sistemas sostenibles de abastecimiento de agua. También colabora con cooperativas regionales de energía para financiar todo tipo de proyectos, desde la generación de energía hidroeléctrica a la mejora de la eficiencia energética, pasando por proyectos de conservación ambiental en zonas naturales vulnerables.

El banco también ha empezado a aplicar políticas verdes con respecto a su propia actividad. Controla su consumo de energía, formula estrategias para reducir su huella ambiental e informa de ello anualmente, siguiendo las normas internacionales fijadas por la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes. La división de pensiones del banco ha conseguido el certificado de “neutra en carbono” durante cuatro años consecutivos.

Es evidente que hay muchos aspectos del Banco Popular, como modelo de banca alternativa, que son dignos de elogio. Pero no es perfecto. Desde que se creó, hace casi 50 años, la entidad ha sido objeto de intensas luchas por el poder político y casi quebró en la década de 1980. Los llamamientos para privatizarlo se han convertido en una constante.

La lucha por el control efectivo de la entidad hace estragos. ¿Debería el BPDC avanzar hacia un control total de los trabajadores y las trabajadoras en la Junta Directiva o mantener el sistema de examen por parte del Gobierno, pero con una mayor representación popular? El problema afecta de lleno a la cuestión de cómo se puede y se debe representar democráticamente en el banco el interés general.

Desde el punto de vista operativo, la cartera verde de la entidad se debe ampliar para que sea más sostenible. Para ello, se deberá desplegar un planteamiento innovador con respecto a los proyectos verdes que aseguren algún tipo de rentabilidad financiera. Pero todavía se debe resolver la cuestión de cómo medir en la práctica su impacto ecológico.

Por último, hay cuestiones estratégicas candentes. El BPDC es relativamente rentable. Cabe preguntarse si esto es socialmente justificable desde una perspectiva basada en la solidaridad. Sin embargo, lograr una buena rentabilidad le permite financiar más proyectos sociales a través de su filial Banca Social. Por eso, hay quien considera que todas las operaciones del banco se deberían orientar hacia ese fin.

Estos problemas en materia de gobierno, políticas verdes y carácter social son importantes, pero el atractivo del BPDC es que se pueden solventar en el marco de los procesos democráticos del banco y de la sociedad costarricense. Para quienes buscan alternativas al dogma de maximización de los beneficios que profesan la mayoría de las entidades bancarias, el Banco Popular ofrece una fuente de inspiración.

El TNI publicará un informe completo sobre el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) a fines de 2017.