Inversiones mafiosas contra Honduras Demandas de empresas transnacionales y la lucha por la democracia y la dignidad del pueblo hondureño

Una avalancha de demandas en contra de Honduras

(publicado en Septiembre 2024)

En 2023 y 2024 Honduras ha recibido el total de diecinueve demandas en el arbitraje internacional por parte de inversionistas extranjeros y nacionales. Solamente entre 2023 y 2024 (hasta agosto) recibió catorce demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. Durante los últimos dos años, las demandas se orientan principalmente a enfrentar algunas de las medidas tomadas por el Gobierno de Xiomara Castro.
Es importante señalar que la mayor parte de estas tienen su base en demandas de empresas cuyas inversiones fueron realizadas de manera irregular, durante el periodo conocido como la narcodictadura en Honduras, después del golpe de Estado del año 2009. Además, más de un tercio de ellas corresponde a inversiones que han generado resistencia por parte de las poblaciones más afectadas.
Este conjunto de demandas constituye un asalto corporativo en contra de los esfuerzos de la administración de la presidenta Xiomara Castro y de las luchas sociales del pueblo hondureño por salir de las secuelas del golpe de Estado de 2009. Recientemente, el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue sentenciado a cuarenta y cinco años de cárcel en el distrito sur de Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión y uso de armas.

El sistema de protección de inversiones: justicia para las corporaciones, no para los pueblos

Las demandas de arbitraje supranacional son posibles por la existencia de un conjunto de cláusulas en los tratados de libre comercio (TLC), tratados bilaterales de inversión (TBI), leyes nacionales de inversión y contratos. El mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS por su sigla en inglés), incluido en legislaciones y tratados internacionales, permite a los inversionistas extranjeros saltarse los tribunales nacionales y presentar sus demandas contra los Estados directamente en tribunales de arbitraje internacional sobre inversiones. Se genera internacionalmente un sistema de “justicia paralela” que desconoce, y muchas veces desautoriza, a la justicia nacional.
En efecto, el sistema de protección de las inversiones extranjeras es asimétrico y unilateral, ya que es una herramienta exclusiva para inversionistas transnacionales que, a pesar de ilegalidades, abusos, corrupción, represión y falta de justicia para las comunidades afectadas, les permite llevar demandas en contra de Estados soberanos. Al mismo tiempo, da oportunidad a las empresas y sus representantes, de una manera oscura y tras puertas cerradas, de usar la amenaza de posibles demandas para tratar de influir sobre el alcance o aplicación de políticas importantes para el bienestar público, el respeto de los derechos colectivos y el cuidado del medio ambiente. Los árbitros no están obligados a considerar los derechos humanos de los pueblos afectados por las inversiones, sino que dictaminan sobre vulneraciones de los derechos de los inversionistas.
 

En Honduras, cuatro vías jurídicas permiten a los inversionistas extranjeros demandar al Estado:
 

1. Ocho tratados bilaterales de inversión
2. Doce tratados de libre comercio, incluyendo el Tratado de Libre
   Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR)
3. La Ley para la Promoción y Protección de Inversiones de 2011
4. Los contratos celebrados por el Estado con inversionistas extranjeros y nacionales

Desde 1999, Honduras ha enfrentado diecinueve demandas, quince de las cuales siguen pendientes, tres fueron resueltas a favor del inversionista y una fue arreglada fuera del arbitraje. Las fuentes de las demandas han sido diez veces los TBI y TLC, tres veces la Ley Nacional de Inversiones, y seis veces los contratos. Todas las demandas contra Honduras han sido presentadas en el CIADI. En nueve de las diecinueve demandas, los inversores son asesorados por la firma de abogados norteamericana White & Case.

Las demandas mafiosas

Recurrimos al término “mafioso” para describir estas demandas, dado que las inversiones involucradas están, en general, plagadas de irregularidades y actos administrativos corruptos. Además, muchas de estas inversiones han sido impuestas en contra de la voluntad del pueblo o han sido dañinas al interés público, a la vez que fueron realizadas en el contexto del gobierno represivo de Juan Orlando Hernández (2014-2022). Muchas veces, los inversionistas han tenido vínculos directos o indirectos con redes criminales.

Según nuestro análisis, la primera demanda “mafiosa” en contra de Honduras fue en 2018 por mil millones de dólares estadounidenses en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Centroamérica. La realizó Inversiones Continental (Panamá) S.A. que pertenece a la poderosa familia Rosenthal. Refleja una disputa entre poderes fácticos hondureños y los sesgos del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH). El Gobierno de JOH incautó 60 propiedades y bienes de la familia Rosenthal después de que la Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) designara a varios miembros y negocios de la familia como Narcotraficantes Especialmente Designados en 2015. Ahora la familia busca recuperar lo que perdió.

Demandas en contra de reformas legislativas

Entre 2010 y 2022, en el periodo post golpe, se declaró que Honduras estaría “abierta a los negocios” (Honduras Is Open for Business) y se profundizaron las políticas neoliberales. Por ejemplo, se logró imponer políticas anteriormente resistidas, como la mayor privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el impulso de contratos de Alianza Público-Privada (APP), para proyectos de infraestructura y transporte extraordinariamente favorables a los intereses privados. Lo más emblemático de las reformas fue la creación de la figura de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) como una extensión del concepto de las inversiones de enclave o las zonas francas. Se trata de territorios que gozan de un grado máximo de autonomía en términos de regulación legal, tributaria y administrativa. Según los promotores de las ZEDE, estas ayudarían a atraer inversiones privadas y promover un entorno empresarial favorable.

La demanda más costosa en contra de Honduras ha sido interpuesta para tratar de contener los esfuerzos de la actual administración de desmontar el andamiaje normativo que dio vida a las ZEDE después del golpe de Estado. El grupo de inversionistas estadounidenses representado por Honduras Próspera Inc. y otros, reclama 10,775 millones de dólares, equivalente a casi tres veces el Plan de Inversión Pública aprobado para 2024. Próspera no cumple los requisitos legales para desarrollar una ZEDE, pero aun así ha interpuesto esta demanda para presionar al Gobierno a que permita su existencia.

La mayoría de las demandas que hoy toman al país como rehén provienen de inversiones realizadas durante el periodo del narco-Estado. Siete demandas fueron presentadas en contra de los esfuerzos del Gobierno hondureño para renegociar los contratos sobre el costo de la electricidad y como parte de los esfuerzos para rescatar a ENEE. Sólo cinco de estos inversionistas exigen a Honduras más de 1,260 millones de dólares. Se han interpuesto tres demandas con base en contratos de Alianza Público-Privada, incluido uno de los casos en el sector de energía. Las otras dos demandas, por 190 millones de dólares, se refieren a contratos negociados en condiciones altamente perjudiciales para el erario.

Demandas en contra de las resistencias socioambientales

De la misma manera que el golpe de Estado de 2009 y la imposición de la narcodictadura generó mucho rechazo de la población, también ha habido procesos importantes de resistencia a las inversiones que terminaron en demandas en contra del Estado. Por lo tanto, estas demandas son también en contra de los pueblos que se levantaron para resistir proyectos dañinos, violatorios a sus derechos e impuestos con represión. Constituyen una muestra de la razón por la que amplios sectores populares rechazaron la firma del CAFTA- DR que entró en vigencia en 2006.

Por los términos altamente desfavorables para el pueblo hondureño y las resistencias que generaron muchos de ellos, estas inversiones han tenido altos índices de ilegitimidad en el país. Es injusto que el pueblo hondureño tenga que pagar más dinero para “compensar” a las corporaciones transnacionales por su incansable necesidad de ganancia. Estos inversionistas son los que realmente tienen una deuda con el pueblo, y no al revés.

En seis de las demandas ha habido resistencias por parte de las poblaciones afectadas en contra de estas inversiones, empezando por las ZEDE, que despertaron resistencia de las comunidades directamente afectadas, como Crawfish Rock en la isla de Roatán, y además a nivel nacional por su trascendencia para todo el país. A pesar de amenazas y procesos de criminalización, la resistencia comunitaria persiste en contra del proyecto de energía solar Los Prados de los inversionistas noruegos Scatec, Norfund y KLP, por los impactos que pueden tener en sus recursos hídricos, medio ambiente y su soberanía alimentaria. Estas tienen dos demandas en contra de Honduras por un total de 400 millones de dólares bajo la Ley Nacional de Inversiones, y las comunidades temen que influyan en las renegociaciones de estos contratos para permitir la expansión del proyecto en contra de su voluntad. 

La privatización de la distribución de energía eléctrica y el cobro de pagos por la Empresa Energía Honduras (EEH) generó muchas quejas por facturas eléctricas arbitrarias, irregulares y desorbitadas. Esto llevó a protestas, inclusive que gente colocara cajas metálicas cerradas con llave sobre sus contadores de energía o que las pintaran para evitar los cobros irregulares. Ahora, inversionistas colombianos demandan al país bajo el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras por 500 millones de dólares. 

Pobladores de San Pedro Sula y El Progreso se levantaron por 421 días en contra del pago de peajes en carreteras (construidas con sus propios impuestos) dados los impactos negativos que la privatización de la movilidad tendría en la economía familiar. A pesar de haber completado sólo el 10 % de las obras acordadas en el contrato, las autoridades hondureñas permitieron a la empresa seguir adelante con el cobro de peajes en 2016, los cuales fueron conocidos como “el monumento a la corrupción”. Autopistas del Atlántico y un grupo de financieras, incluyendo JP Morgan Chase Bank y dos fondos de Goldman Sachs, ahora demandan al Estado bajo un contrato de Alianza Público-Privado por 180 millones de dólares, por este proyecto que fracasó en 2018. 

Los hermanos Ernesto y Juan Carlos Argüello, de Miami, están demandando a Honduras bajo el CAFTA-DR por 100 millones de dólares más 2 millones en “daños morales”. Construyeron una unidad residencial privada conocida como «Los Castaños de Choloma» que se vendió a trabajadores de maquiladoras en el Valle de Sula como un lugar seguro donde vivir para sus familias y una oportunidad de convertirse en propietarios de una vivienda cuando, de otro modo, no podían obtener préstamos bancarios. Con base en este proyecto, Ernesto Argüello se labró una reputación de filántropo bien intencionado dedicado a la construcción de viviendas socialmente responsables en América Latina. 

Pero, pobladores denuncian que las viviendas eran de mala calidad y han interpuesto un reclamo administrativo para la cancelación de las licencias ambientales de la empresa de los Argüello y la reparación de daños, debido a carencias graves en su aprobación. La comunidad lucha ahora por tomar el control de la administración de sus propias vidas y viviendas.

Efecto disuasorio de las demandas

Estas demandas buscan influir en las decisiones sobre políticas públicas en el país, que es un fenómeno conocido como “el efecto disuasorio” o de “congelamiento” de las regulaciones y políticas públicas. Por ejemplo, buscan frenar los esfuerzos de la administración del actual gobierno para desmontar la figura de las ZEDE, de rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y de retomar el control de la infraestructura aeroportuaria. Además, representan un impedimento en contra de una respuesta efectiva a las exigencias de las comunidades afectadas que rechazan los proyectos energéticos y mineros que amenazan con su despojo y desplazamiento. La lógica de las empresas es simple: Si el gobierno de Honduras o las comunidades no les permiten realizar sus negocios, demandan al país una compensación multimillonaria, no sólo por lo que supuestamente invirtieron, aunque sea de forma irregular, sino por sus expectativas de ganancias futuras.

Salidas del sistema de protección de inversiones transnacionales

En febrero de 2024, Honduras firmó la retirada del CIADI. Salir del CIADI es un paso importante, pero no suficiente. Honduras cuenta con cuatro mecanismos jurídicos que avalan que los inversionistas demanden al Estado en cualquier centro de arbitraje internacional, no sólo el CIADI. Es decir que el próximo paso de Honduras debería ser avanzar en el camino de revisar todo su andamiaje jurídico que otorga privilegios a los inversionistas: los tratados comerciales, los tratados de protección de las inversiones, la Ley de Inversiones del 2011, así como todos los contratos que incluyen el arbitraje.

Frente a esto, ¿qué podemos hacer?

Podemos conformar una coalición nacional no partidista contra el sistema de protección de las inversiones mafiosas, donde los movimientos sociales y otros sectores de la sociedad hondureña pueden compartir información, organizarse y defender sus comunidades de las demandas actuales y futuras. Esta coalición puede nutrirse de las redes globales compuestas por organizaciones internacionales que también buscan eliminar este sistema injusto.

Esta coalición podría exigir al Gobierno actual y todos los que vendrán:

• No firmar nuevos tratados de libre comercio (TLC) ni tratados bilaterales de inversión (TBI) ni contratos con cláusulas de protección de inversiones. Por el contrario, dar primacía a tratados internacionales de derechos humanos, indígenas, ambientales y laborales.
• Terminar los TBI existentes que contienen el mecanismo ISDS. Salir de los tratados no sólo es posible, sino que es imprescindible si el objetivo de los gobiernos es llevar a cabo planes de desarrollo que respeten los derechos humanos, indígenas, laborales y ambientales.
• Comenzar el urgente proceso de reforma de la Ley Nacional de Inversiones de 2011.
• Transparentar la información en torno a las demandas en curso en contra de Honduras, lo cual permite democratizar el conocimiento sobre las demandas y habilita la participación por parte de las poblaciones y organizaciones afectadas.
• Hacer públicos todos los contratos con inversionistas extranjeros y nacionales, y que sean anulados o renegociados, según el caso, de modo urgente dado que muchos se firmaron sobre múltiples irregularidades.
• Fortalecer los sistemas de justicia nacionales: allí es donde los inversionistas deben resolver sus disputas con el Estado, no en el arbitraje internacional.
• Realizar una auditoría integral y ciudadana de todos los instrumentos jurídicos con protección de inversiones y de las demandas arbitrales y de sus impactos económicos, sociales y ambientales.
• Promover que en la auditoría exista una activa participación de las poblaciones afectadas por proyectos con empresas extranjeras de acuerdo con sus derechos colectivos.
• Suspender la posibilidad de que los inversionistas utilicen el ISDS mientras dure la auditoría y seguir sus recomendaciones una vez que concluya.
• Exigir a contrapartes la exclusión de ISDS de los TLC con protección de inversiones, y la reducción sustantiva de los derechos de los inversionistas incluidos en los capítulos de inversión de dichos tratados.
• Apoyar activamente la creación de un Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos que se discute en el nivel de las Naciones Unidas y combatir la impunidad de las empresas transnacionales y nacionales en términos de derechos indígenas, económicos, sociales, culturales y ambientales.