Reforma de los servicios públicos de agua Preguntas y respuestas básicas

Índice

1. El agua es esencial para la vida
2. ¿Qué se entiende por un suministro público de agua?
3. Entonces, ¿por qué no privatizar el agua?
4. El agua es un derecho humano y ecológico
5. ¿Por qué la gestión pública del agua suele ser mejor para suministrar agua para todos?
6. ¿Por qué es necesario reformar el sector público del agua?
7. ¿Qué supone una gestión del agua buena y progresista?
8. Dame un ejemplo de gestión progresista del agua
9. ¿Qué está haciendo el Transnational Institute sobre los modelos públicos de agua?
10. ¿Qué son las asociaciones público-públicas (PUP)?
11. ¿Basta entonces con reformar los servicios públicos?
12. Así que, al final, no sólo estamos hablando de agua, sino de democracia
13. ¿Dónde puedo seguir informándome?

El agua es esencial para la vida

Según la Organización Mundial de la Salud, 884 millones de personas carecen de acceso a agua potable. Esta cifra representa en torno a una octava parte de la población mundial. Además, 2.500 millones de personas no disponen de acceso a un saneamiento adecuado.

La falta de acceso al agua es una violación de los derechos humanos con consecuencias catastróficas. Se calcula que unos 1.400 millones de niños mueren cada año por la diarrea que les provoca beber agua no potable y un mal saneamiento.

La comunidad internacional reconoció la importancia del agua cuando se comprometió, a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso a agua potable y saneamiento básico.

¿Qué se entiende por un suministro público de agua?

El 90 por ciento de los servicios de agua y saneamiento dependen en la actualidad del sector público. El suministro público de agua y saneamiento significa que los servicios se gestionan sin ánimo de lucro, que pertenecen a una autoridad pública o municipal y que funcionan basándose en el principio ético de proporcionar un bien común considerado de interés público. Los servicios públicos de agua y saneamiento son propiedad de autoridades estatales y/o locales o bien de colectivos o cooperativas.

Durante los años noventa, los Gobiernos donantes y las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial fomentaron la privatización de los servicios de agua y saneamiento, ya fuera promoviendo la participación del sector privado en distintas áreas del suministro de los servicios u otorgando concesiones para la gestión de todo el servicio.

Entonces, ¿por qué no privatizar el agua? 

La promesa de las privatizaciones era que, con ellas, llegarían unas inversiones en infraestructuras muy necesarias y que los servicios serían más eficientes, tendrían mejor calidad y se reducirían los costes. La realidad, sin embargo, es que todas esas promesas han caído en saco roto.

Incluso el Mecanismo consultivo sobre infraestructuras público-privadas (PPIAF), el organismo del Banco Mundial que se ha dedicado a fomentar las privatizaciones durante más de una década, no ha podido encontrar pruebas de que los precios hayan bajado o de que las inversiones hayan aumentado: “El operador privado puede cosechar todos los beneficios con sus ganancias y no repercutir el ahorro de los costes en los consumidores”.

Las encuestas demuestran que un importante sector de la sociedad considera que el agua no se debería privatizar. Por lo general, cuando salen a la luz nuevos planes de privatización, partidos políticos, movimientos sociales y sindicatos pueden construir rápidamente una resistencia fuerte –y a menudo fructífera– a dichos planes.

Esta oposición pública y política a la privatización del agua está tan extendida que la propia ciudad de París, capital del país cuna de las multinacionales del agua, va a volver a municipalizar su servicio de agua a partir de enero de 2010.

El agua es un derecho humano y ecológico

Además de la indiscutible evidencia de que las privatizaciones no han cumplido con lo que se esperaba de ellas, hay también un importante motivo ético para que el agua se mantenga en manos públicas: el agua es un recurso excepcional porque es esencial para la vida y la salud de los ecosistemas en los que vivimos. Por lo tanto, es imprescindible que no se trate como cualquier otra mercancía que sólo pueden conseguir aquellos que se la pueden costear, un hecho inevitable en cualquier proceso de privatización.

Muchos activistas del Sur, sobre todo las comunidades indígenas, consideran que el agua es también un recurso sagrado que no se puede “poseer” y mucho menos ser objeto de venta por parte de las grandes empresas.

La lucha por que el agua sea reconocida como un derecho humano se ha llevado a las Naciones Unidas y al Foro Mundial del Agua, un espacio dominado por las grandes empresas. En 2009, más de 25 países declararon que “el acceso a agua y saneamiento es un derecho humano” y se comprometieron a emprender “todas las acciones necesarias para la aplicación progresista de este derecho”. Las constituciones nacionales de Uruguay, Ecuador y Bolivia consagran ahora el agua como un derecho humano y prohíben que se venda a actores privados.

¿Por qué la gestión pública del agua suele ser mejor para suministrar agua para todos?
 

1. Las compañías públicas de agua pueden establecer políticas que favorezcan el acceso a aquellas personas con menos poder adquisitivo. En la ciudad brasileña de Porto Alegre, por ejemplo, los usuarios con más renta pagan más por el agua que consumen, con lo que se puede subvencionar el agua de los usuarios más pobres. En Phnom Penh, Camboya, funciona la política de no desconectar del servicio a ningún usuario, especialmente a los que viven en las comunidades más pobres.
    
2. Los beneficios retornan a la empresa y no van a parar manos de accionistas privados. En Uganda, la empresa pública, tras ser reformada, consiguió un aumento espectacular en la cobertura del servicio, que pasó del 48 por ciento en 1998 al 70 por ciento en 2006. Además, en esos ochos años, la compañía pasó de ser deficitaria a triplicar sus beneficios y a generar un superávit que se utiliza para financiar la ampliación de la red y para programas de mantenimiento.
    
3. Un código ético “público” puede conducir a una mayor transparencia y responsabilidad. Tras la reforma de la empresa pública del estado indio de Tamil Nadu, los trabajadores dejaron de verse a sí mismos como meros ingenieros que debían encargarse de las infraestructuras, las tuberías y los grifos a pensar en las personas que los utilizan, en sus necesidades y en sus demandas.
    
4. Las empresas públicas pueden conseguir financiación más barata que las compañías privadas. Incluso los Gobiernos de países con rentas bajas pueden conseguir financiación con condiciones favorables de los bancos de desarrollo (por ejemplo, solicitando créditos al Banco Mundial), lo cual se traduce en una mejor relación entre calidad y costes para los contribuyentes y para los usuarios que pagan por el servicio.
    

¿Por qué es necesario reformar el sector público del agua?

Que una empresa conserve su titularidad pública no significa automáticamente que esté haciendo bien su trabajo. En las compañías públicas encontramos también problemas de mal servicio y autoridades torpes, corrupción y altos niveles de fugas de agua.

Tras décadas de reestructuración neoliberal y de falta de apoyo al sector público, hay muchos operadores públicos de agua que carecen de la fuerza institucional, los recursos humanos, los conocimientos técnicos y los equipos o la capacidad financiera o administrativa para garantizar las instituciones públicas honestas y responsables que son necesarias para alcanzar un servicio universal.

El hecho de que aún estemos tan lejos de lograr el acceso universal a agua potable y saneamiento demuestra que las autoridades públicas de agua, en sus circunstancias actuales, no están funcionando lo bastante bien.

A pesar de ello, hay empresas públicas que están haciendo un buen trabajo y conformando los mejores modelos de gestión pública. En palabras de Ryutaro Hashimoto, ex primer ministro japonés: “Más del 90 por ciento del suministro de agua del mundo depende actualmente de servicios públicos. Toda mejora de los operadores públicos de agua, por modesta que sea, tendrá un enorme impacto en el suministro global de servicios”.

Debemos descubrir las mejores prácticas desarrolladas por las empresas públicas de agua y compartirlas e integrarlas en la gestión pública de todo el mundo.

¿Qué supone una gestión del agua buena y progresista?

No hay un único modelo ejemplar de lo que representa una gestión pública del agua ‘buena’ o ‘progresista’, ya que la cantidad y la calidad del agua, las necesidades de cada población e incluso las distintas culturas sobre el agua en el mundo varían mucho. Sin embargo, hay algunos elementos que se destacan por su importancia:

• Buena calidad: para los consumidores y para los ecosistemas frágiles.
• Servicio universal: igual acceso para todos y ninguna desconexión de los hogares privados.
• Eficacia en la cobertura de necesidades de las personas: evaluadas a través de procesos democráticos participativos.
• Social: el acceso no debe depender de la situación social; las tarifas se deben adaptar a las circunstancias económicas de cada usuario.
• Solidaridad: las empresas públicas de agua deberían intentar mejorar las capacidades de los servicios de agua y saneamiento en otras regiones.
• Sostenibilidad: es necesario garantizar la protección del ciclo natural del agua; por ejemplo, utilizando el agua de forma responsable, no contaminándola y devolviéndola al ciclo del agua con una buena calidad.
• Buenas condiciones laborales para los empleados, que además deberían participar plenamente en los debates públicos sobre el desarrollo de sus servicios.
• Estructuras y control democráticos: que permitan una plena participación pública en los procesos de toma de decisiones mediante un proceso participativo que vaya más allá de los mecanismos formales –pero a menudo indirectos– de la democracia representativa.
• Legislación progresista: que garantice un respaldo jurídico y financiero a las empresas públicas de agua reactivadas.
   

Dame un ejemplo de gestión progresista del agua

Seguramente, el ejemplo más conocido de gestión participativa del agua es el de la empresa pública de la ciudad brasileña de Porto Alegre, DMAE.

La estructura de DMAE permite un gran nivel de participación pública y control democrático sobre sus operaciones e inversiones. La labor cotidiana de la compañía no sólo está supervisada por un consejo de representantes de la sociedad civil local, sino que sus decisiones en materia de operaciones e inversiones están sujetas a un proceso de presupuesto participativo.

Este modelo participativo explica, por ejemplo, que las comunidades pobres de Porto Alegre hayan conseguido acceso a agua potable: sus necesidades son prioritarias porque participan directamente en las decisiones sobre los nuevos proyectos. En torno al 99,5 por ciento de los residentes de Porto Alegre dispone de acceso a agua potable, un porcentaje muy superior al de cualquier otro lugar de Brasil.

Además, el precio del agua de DMAE es uno de los más bajos del país y, gracias a las campañas de concienciación medioambiental y a la estructura progresiva de los precios, el consumo general ha disminuido.

¿Y en otros lugares?

  Desde 2001, el agua de la ciudad de Grenoble, situada en el corazón de los Alpes franceses, está administrada por una empresa pública. Hasta esa fecha, y durante 12 años, la gestión del agua dependía de una empresa privada. La decisión de privatizar el servicio se explica en gran medida por una corrupción del más alto nivel. Tras un cambio de la fuerza mayoritaria en la cámara municipal, una sólida campaña organizada por el movimiento local en defensa del agua y una serie de procesos judiciales, la ciudad decidió finalmente poner el servicio en manos públicas.

La ‘remunicipalización’ condujo a una estabilización de los precios del agua y a un aumento significativo de las inversiones. En la nueva compañía, además de los seis representantes de la cámara municipal, hay cinco expertos de la sociedad civil que forman parte de la junta, designada por el consejo de la ciudad. El acceso a la información relevante por parte de los usuarios y del público general ha mejorado de forma sustancial, ya que ahora se celebran consultas periódicas con un nuevo comité de usuarios y se publican los documentos relativos a la gestión.

La ‘remunicipalización’ en Grenoble es un buen ejemplo de cómo se puede reestructurar una compañía para que no opere con ánimo de lucro, sino en interés de los ciudadanos y bajo el control de éstos. El libro del Transnational Institute Por un modelo público de agua presenta muchos otros ejemplos.

¿Qué está haciendo el Transnational Institute sobre los modelos públicos de agua?

El proyecto Derecho al Agua del Transnational Institute actúa como núcleo de la red Por un modelo público de agua (RPW en inglés), una red internacional en constante aumento formada por activistas, sindicalistas, personas del mundo académico, así como administradores e ingenieros de empresas públicas de agua, que colaboran para fomentar un modelo público de gestión democrática encaminado a cubrir las necesidades de las personas como forma de conseguir que el derecho humano al agua sea una realidad en todo el mundo.

Una de las piezas clave de la red RPW pasa por un trabajo práctico de solidaridad y por el apoyo a campañas locales de la sociedad civil.

El proyecto Derecho al Agua elaboró el libro Por un modelo público de agua: triunfos, luchas y sueños (traducido a 13 idiomas) como una especie de guía de diversos casos de sistemas públicos de agua que funcionan con muy buenos resultados en todo el mundo. El proyecto dispone también de un centro de recursos por internet y trabaja en la incidencia política y en diversas campañas para mejorar el reconocimiento y la financiación de la reforma de la gestión pública del agua.

El proyecto desarrolla también actividades de incidencia política a favor de las asociaciones público-públicas (PUP) y promueve y facilita su creación.

¿Qué son las asociaciones público-públicas (PUP)?

Las asociaciones público-públicas (PUP por su sigla en inglés), también conocidas como ‘hermanamientos’, aprovechan los conocimientos del propio sector público y son un medio rentable, eficaz, práctico y seguro de dar respaldo a operadoras públicas, cooperativas o entidades comunitarias de agua con dificultades.

Las PUP mejoran la capacidad y la eficacia del suministro de servicios de agua o saneamiento de una de las entidades participantes. Esa mejora se puede centrar en cuestiones como la formación y el desarrollo de recursos humanos, el apoyo técnico, la eficiencia o el fortalecimiento de la capacidad institucional, la financiación de servicios públicos y la participación.

Las PUP son iniciativas de colaboración entre dos o más autoridades públicas u organizaciones comunitarias, ya sea a escala nacional o internacional, basadas en la solidaridad, puesto que no entrañan ningún beneficio comercial directo ni indirecto.

Actualmente hay más de 130 PUP en unos 70 países. Un buen ejemplo de PUP es la establecida entre la empresa pública de agua peruana Huancayo y ABSA (Aguas Bonaerenses S.A), una operadora pública de agua de propiedad y gestión sindical del estado argentino de Buenos Aires. Las dos empresas han desarrollado, juntas, un plan serio y viable para la reforma y la mejora de la empresa peruana con el objetivo de reducir costes, mejorar el mantenimiento y las inversiones, orientar el suministro del servicio hacia las necesidades de la población y llevar adelante una reforma institucional para democratizar la empresa y hacerla responsable ante el público.

Desde 2006, las PUP reciben cierto apoyo de la iniciativa Asociación de operadores del sector agua (WOP) de la ONU. Sin embargo, el hecho de que la ONU haya incluido en el proyecto a empresas privadas de agua hace temer que dichas empresas utilicen la WOP como una oportunidad de marketing más para su propio lucro y no a favor del desarrollo.

¿Basta entonces con reformar los servicios públicos?

No, aunque es un factor fundamental. En las luchas para conseguir el acceso universal al agua, se ha hecho evidente que los modelos públicos de agua, para dar buenos resultados, necesitan un entorno favorecedor. Ese entorno pasa por una legislación progresista en materia de agua y por más fondos públicos para ampliar las infraestructuras de agua y saneamiento en el Norte y en el Sur.

Así que, al final, no sólo estamos hablando de agua, sino de democracia

La lucha por el agua forma parte integral de otra lucha, igual de importante, por un nuevo modelo de poder ciudadano y de responsabilidad del Estado. A Oscar Olivera, portavoz de los movimientos populares que expulsaron a Bechtel Corporation de Bolivia en 2000, le gusta decir que “tras la batalla por el agua, está la batalla por la democracia”.

Además, se trata de profundizar la definición de la democracia de forma que no se trate sólo de la elección de una serie de cargos cada cierto tiempo, sino de la participación activa y permanente en la toma de decisiones sobre unos recursos que son fundamentales para la vida y el planeta. Como nos recuerda Saúl Atanasio Roqué Morales, representante de varias comunidades indígenas que defienden su derecho al agua en México: “La nación somos nosotros, el pueblo”.

¿Dónde puedo seguir informándome?

• Noticias: www.tni.org/waterjustice and www.waterjustice.org
• Por un modelo público de agua: triunfos, luchas y sueños
• Asociaciones público-publicas (PUP) para el suministro de agua
• Gestión pública y progresista del agua en Europa – En búsqueda de casos ejemplares
• Water Remunicipalisation Tracker (en inglés)
• Pipe dreams-The failure of the private sector to invest in water services in developing countries (en inglés, PDF)
• Artículos sobre los mitos de la eficacia y las inversiones asociados a la privatización (en inglés): http://www.psiru.org/