El caso de Juan Pablo Iragorri y la desproporción de las penas

La condena a cadena perpetua contra el colombiano Juan Pablo Iragorri en Qatar, la cual ha provocado un escándalo debido a las irregularidades jurídicas y violaciones a los derechos humanos a las que habría sido sometido, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, refleja también una de las crecientes preocupaciones en la política global de drogas: la desproporcionalidad de las penas por delitos asociados a estupefacientes, recurrentes en varios países de Oriente Medio y Asia.

Como indica un informe del Transnational Institute (TNI), “muchos gobiernos imponen penas desproporcionadas, como la pena de muerte, porque están convencidos de que los castigos duros ejercerán un efecto disuasorio y evitarán que las personas participen en actividades relacionadas con drogas. Dado que son cada vez más las pruebas que demuestran que las sanciones duras no disuaden eficazmente del uso de drogas y que no hay evidencias que demuestren que la dureza de las penas desincentive otros delitos relacionados con drogas, se hace cada vez más necesario que los gobiernos revisen las penas desproporcionadas”.

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