Decriminalization of cannabis

El ensayo (solamente disponible en inglés) ofrece un resumen de las investigaciones pertinentes, y llega a la conclusión de que, si bien el consumo de cannabis no está exento de riesgos, la penalización supone una estrategia muy costosa, que implica una vigilancia y control considerables, una importante actividad procesal y unos significativos niveles de encarcelamiento; que la despenalización no se traduce en una reducción de los precios y un aumento de los índices de consumo, ni en patrones de consumo más severos; que la prohibición y la criminalización están asociadas con daños sociales para el usuario de cannabis; que la despenalización podría reducir la asociación entre uso de cannabis y esquizofrenia, y entre uso de cannabis y de otras drogas ilícitas; y que la criminalización podría minar la legitimidad del sistema judicial.

Una mayor despenalización – combinada con medidas como el control de la calidad y de los precios, incluido un régimen impositivo, una prevención primaria y secundaria del uso, y reducción de los daños a través de la limitación de la edad y del número de puntos de distribución al por menor–podría aplazar el inicio temprano en el consumo de cannabis y estabilizar o incluso reducir los índices de consumo. Finalmente, se necesitan instalaciones de tratamiento gratuitas para aquellos que – a pesar de las acciones preventivas – desarrollen problemas físicos o mentales. Dados los datos científicos disponibles, las actuales políticas basadas en la justicia penal – represivas, costosas e infructuosas – se deberían sustituir por políticas sanitarias – humanas, eficaces y más eficientes – como las que se están aplicando en estos momentos en muchos países europeos, entre los que se encontrarían los Países Bajos, España y Suiza.

Current Opinion in Psychiatry 2008, 21:122–126
March 2008