Postconflicto en Colombia (3). La paz, medio siglo después.

En lo que ha significado la guerra de guerrillas más larga de las Américas, tras medio siglo de insurgencia rural, Colombia está a punto de entrar en una nueva fase que podría llegar a convertirse un modelo para otros países que luchan por dejar atrás sus conflictos.

En los últimos meses, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y Rodrigo Londoño Echeverri (nombre de guerra: Timochenko), líder de uno de los dos grupos rebeldes marxistas colombianos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han llegado a dos acuerdos decisivos sobre justicia transicional y el destino de las cerca de 50.000 personas desaparecidas durante la guerra.

El proceso parece haber llegado a un punto en el que ninguna de las partes puede ya dar marcha atrás, y un acuerdo de paz podría alcanzarse en marzo de 2016. Si esto ocurre, el gobierno tiene previsto celebrar un referéndum sobre el mismo en el plazo de dos meses.

Las dos partes iniciaron las negociaciones de paz en agosto de 2012 mediante la firma de un acuerdo para poner fin al conflicto y construir una paz estable. Acordaron negociar sobre cinco temas: desarrollo rural; participación política; fin del conflicto armado y abandono de las armas por parte de las FARC; narcotráfico y cultivo de drogas ilícitas; y derechos de las víctimas del conflicto.

Se negociaron acuerdos sobre las tres primeras cuestiones en el primer año y medio. Su aplicación no será fácil, al tratarse de temas tan sensibles como los derechos sobre la tierra, las minorías, las industrias extractivas y los poderosos narcotraficantes. Pero a pesar de graves crisis políticas, las partes han mantenido su implicación en el proceso de paz, a menudo gracias al papel proactivo de Noruega y Cuba, los dos facilitadores del proceso. Un segundo movimiento guerrillero colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se ha negado a participar, pero siguen los esfuerzos para alentarles a unirse a las conversaciones.

Lograr un acuerdo sobre justicia transicional fue difícil. Las FARC dijeron que no estaban dispuestos a participar en las negociaciones si sus líderes iban a terminar yendo a la cárcel por delitos de lesa humanidad.

Del mismo modo, las fuerzas armadas, aun admitiendo algunas violaciones de derechos humanos durante la guerra contra la insurgencia, insistieron en que obedecían órdenes de gobiernos democráticos y no estaban dispuestas a ver como algunos de "sus oficiales terminaban en la cárcel, mientras los líderes de las FARC iban al parlamento”.

Colombia es parte y ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo que significa que la amnistía para los líderes de ambos lados no es una opción que pueda contemplarse.

Los enfoques 

Las conversaciones de paz en Colombia, habiendo aprendido las lecciones de – entre otras – las negociaciones en El Salvador, Sudáfrica e Irlanda del Norte, han adoptado características innovadoras, en particular la incorporación de las víctimas y la cuestión de género. Las negociaciones se han llevado a cabo sólo entre las dos partes principales, pero las voces y la influencia de otros sectores de la sociedad colombiana y las opiniones de expertos internacionales han tenido un peso importante.

Igualmente importante ha sido la creación de subcomisiones. El gobierno colombiano y las FARC establecieron subcomités para discutir cuestiones como el alto el fuego, la dejación de las armas y la reintegración de los guerrilleros a la vida civil. También establecieron una comisión histórica para examinar los orígenes del conflicto y el sufrimiento de las víctimas afectadas. Un avance importante fue la creación de una subcomisión de género que recibe propuestas de organizaciones de mujeres y de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

La presencia de las víctimas hizo las negociaciones más complejas, pero al mismo tiempo le dieron al proceso más profundidad y creatividad que en otras conversaciones de paz. Delegaciones de víctimas de todas las partes - la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas armadas - estuvieron presentes en La Habana durante seis meses. En paralelo, las Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia organizaron foros que permitieron a las víctimas dar su testimonio. Casi 24.000 fueron las víctimas a las que se les dio la oportunidad de presentar propuestas e ideas a los negociadores. Se calcula que alrededor de 7 millones de personas se consideran víctimas del conflicto.

Las partes negociadoras y los facilitadores consultaron regularmente con expertos legales para encontrar fórmulas para resolver el conflicto. El acuerdo de 23 de septiembre de 2015 sobre justicia transicional incluye los siguientes puntos:

El acuerdo se basa en “decir la verdad”: cualquier individuo (guerrillero, militar o civil) que reconozca su participación en delitos graves recibirá una sentencia de cárcel de entre cinco y ocho años. Si el individuo no reconoce su crimen, la pena puede ser de hasta 20 años.

Pero los crímenes de lesa humanidad, como tortura o asesinatos, no pueden amnistiarse. Vicenç Fisas, de la Escuela de Cultura de la Paz de Barcelona (España) ha estado asesorando a las partes durante muchos años. Él piensa que "la paz siempre tiene un precio. Y ese precio es la magnanimidad en la aplicación de la justicia cuando hay verdad, voluntad de reparar, compromiso de no reincidir y deseo de pedir perdón por los crímenes cometidos." 

Las partes acordaron crear una “Jurisdicción Especial para la Paz" que se ocupará de los crímenes cometidos durante la guerra. Habrá penas alternativas para las FARC (aún por definir). El régimen de justicia transicional se aplicará a todos los actores armados involucrados en el conflicto interno.

Las FARC depondrán las armas, a más tardar 60 días después de la firma de un acuerdo. El gobierno garantizará la plena "reincorporación a la vida civil" de los miembros de las FARC. En cuanto al acuerdo sobre las personas desaparecidas, se establecerán dos mecanismos. El primero pone en práctica 'medidas humanitarias inmediatas para la búsqueda, localización y entrega digna de los restos de personas que se asumen desaparecidas debido al conflicto armado interno o en su contexto'. El segundo conjunto de medidas establece una unidad especial para la búsqueda de personas que se suponen desaparecidas.

Controversias

El régimen de justicia transicional ha dividido a los expertos legales y a los activistas de derechos humanos. Virginia Bouvier, del Instituto Estadounidense para la Paz, considera que: "(E)n ningún otro proceso de paz en el mundo han ocupado las víctimas un papel tan central. Tenemos aquí un diseño de justicia transicional que es histórico e innovador. Da prioridad a decir la verdad, pero no evita la necesidad de justicia. El modelo es innovador en cuanto incluye la justicia restaurativa y se centra en la reparación de los daños infligidos a personas y comunidades a través de un proceso de diálogo y curación. Merece la pena observarse con atención ya que podría proporcionar nuevos modelos para otras zonas de conflicto que intentan salir de la guerra." 

Para Human Rights Watch, sin embargo, el acuerdo 'negaría justicia a miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario al permitir que los agresores se librasen de un castigo sustancial. Mientras que el Fuero Especial para la Paz ofrecería importantes incentivos para que los violadores confesasen sus crímenes, también permitiría que los responsables de atrocidades masivas evitasen la cárcel.'

Por su parte, la Corte Penal Internacional señala "con optimismo que el acuerdo excluye la concesión de cualquier amnistía para los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad" y que está diseñado, entre otras cosas, "para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves”.

El 15 de diciembre las partes alcanzaron un acuerdo sobre un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que se establecerá formalmente una vez alcanzado un acuerdo definitivo.  

Los objetivos y formas de implementación están contenidos en un borrador de 63 páginas en las que se contempla la satisfacción de los derechos de las víctimas; garantizar la no repetición; tener un enfoque territorial, diferencial y de género; proveer seguridad jurídica para los procesados; promover la convivencia y la reconciliación; y que lo acordado tenga legitimidad. 

El sistema incluye una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya máxima instancia será el Tribunal para la Paz,  que será la encargada de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto. El Tribunal para la Paz podrá juzgar a combatientes de las Farc, miembros de las fuerzas de seguridad del estado, y civiles (“colombiano comunes y los empresarios que de alguna forma hayan podido violar la ley en medio de la guerra”).

La Jurisdicción Especial para la Paz, tendrá competencia sobre todos los actores que hayan participado de manera directa o indirecta en la guerra, incluyendo a los agentes del Estado “que hayan cometido delitos graves en razón del conflicto” y a financiadores y colaboradores de los grupos paramilitares. “Para los agentes del estado, en especial militares y policías, el Estado desarrollará un régimen especial, simultáneo, equilibrado y equitativo”, indicó Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno colombiano en La Habana. El gobierno considera que los militares deben recibir un trato diferenciado dado que se trata de “agentes en el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales”. 

El 22 de diciembre Human Rights Watch realizó un nuevo análisis de los detalles del acuerdo, indicando que “el gobierno y las FARC anunciaron en septiembre que las sanciones bajo “condiciones especiales” no supondrían penas de prisión. El acuerdo del 15 de diciembre asegura que “en ningún caso” estas condiciones consistirán en “cárcel o prisión” ni en “medidas de aseguramiento equivalentes”, y limita todas las restricciones a la libertad a aquellas que sean “necesarias” para ejecutar proyectos de reparación y restauración”. 

Por su parte, el comité de representantes de las víctimas presentes en La Habana el 15 de diciembre indicó que serán “atentos observadores del estricto cumplimiento de los acuerdos que se han firmado”.

Nelson Camilo Sánchez León, experto de DeJusticia considera que “Visto en su conjunto (tanto por el procedimiento ya referido, como por su contenido), el acuerdo es robusto y parece tener la potencialidad, si es ejecutado de manera honesta y efectiva, de contribuir a la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas, así como a fortalecer la democracia colombiana. Evidentemente, no es la fórmula perfecta. Tampoco es el ejemplo al mundo que algunos predican. Es un acuerdo con la posibilidad de ser operativo y bien logrado para una realidad específica, con las limitaciones y ventajas de un contexto especial: el colombiano”. 

Los spoilers

Existe una fuerte oposición interna por parte del ex presidente Álvaro Uribe. Durante su mandato reorganizó las fuerzas armadas, con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, y lanzó una fuerte ofensiva que debilitó a la insurgencia. Uribe representa el sector rural conservador que se opone a cualquier reforma en la propiedad de las tierras y a los cambios en un sistema político en el que liberales y conservadores se alternaban en el poder sin cambiar el statu quo. También es popular entre los sectores de la sociedad que no confían en que las FARC mantengan los acuerdos de paz.

Las milicias y los paramilitares han estado presentes sin interrupción en la historia de Colombia por la debilidad de un Estado que nunca ha tenido el control total de su territorio nacional, por el aislamiento de algunas zonas a causa de la compleja geografía del país, y por la herencia de un sistema colonial que concedió las tierras a caudillos locales a cambio de lealtad.

Algunos de estos problemas persisten hoy en día. Un informe de 2014 de DeJusticia, un think-tank colombiano especializado en temas legales, señala que el Estado no llega ni presta servicios en aproximadamente el 60 por ciento del territorio, lo que deja a 6 millones de ciudadanos en una situación de “apartheid institucional" en la que los indígenas y las personas de ascendencia africana son los más marginados. En la periferia, el Estado no está legitimado ni es democrático y es sustituido por "hombres fuertes – jefes mafiosos y guerrilleros, terratenientes y paramilitares”. 

Los sectores empresariales se muestran en general escépticos con el proceso de paz y algunos de sus miembros temen ser considerados responsables de complicidad en crímenes de guerra. Algunas empresas urbanas y rurales ven sin embargo las ventajas de un acuerdo de paz.

Razones para el optimismo 

Ambos partes de las conversaciones de paz necesitan un acuerdo. El presidente Santos representa el sector privado urbano y otros sectores de las clases medias acomodadas que quieren vivir una en un país normal. Sin un acuerdo de paz, es difícil presentar al país como estable. Colombia tiene cerca de 6 millones de desplazados internos y 360.000 refugiados, mientras que 1,3 millones de personas han solicitado reparaciones por parte del Estado por haber sido víctimas de secuestros, amenazas de muerte, lesiones por minas terrestres o desapariciones forzosas.

Las negociaciones

Un pequeño grupo cercano al presidente Juan Manuel Santos y el liderazgo de las FARC celebraron cerca de 50 reuniones entre enero y agosto de 2012. Se decidió que Cuba y Noruega, que formaron parte de esas reuniones, serían los facilitadores del proceso, con Chile y Venezuela como garantes. La Habana fue elegida como sede de las negociaciones.

La presencia de Cuba daba y ofrece cobertura ideológica a los líderes de las FARC. El grupo rebelde nació bajo la influencia de la revolución cubana en la década de 1960. La Habana ha ofrecido su prestigio revolucionario para bendecir el proceso de paz y para mandar una señal a los Estados Unidos de que se está cerrando una época de la que las FARC y el ELN son los últimos supervivientes. En este sentido, el proceso de paz colombiano tiene vínculos directos con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.

Desde la década de 1960, Washington ha estado al frente de las operaciones de contrainsurgencia, liderando el Plan Colombia (1999), una mezcla de ayuda, de asistencia militar y de inteligencia y de guerra contra el narcotráfico. Pero se vio al gobierno Obama intervenir en el proceso de paz hasta casi al final. El secretario de Estado norteamericano John Kerry nombró a Bernie Aronson enviado especial para el proceso de paz en Colombia en febrero de 2015. Los Estados Unidos han estado pidiendo la extradición de unos 70 líderes de las FARC por tráfico de drogas y otros delitos. Si se llega a un acuerdo, es probable que desistan.

En 1995, Noruega ayudó a iniciar las conversaciones en Colombia, como explica Jan Egeland, ex enviado especial de la ONU para Colombia, en su libro A Billion Lives. Su relato describe lo inflexible que se mostraban las FARC en sus demandas en ese momento. Después de que este intento se rompiera en 2002, Noruega siguió con sus contactos con el gobierno y, a través de canales no gubernamentales, con los grupos insurgentes.

El  diplomático que lidera el equipo noruego que facilita las negociaciones junto con Cuba, Dag Nylander, ha dicho en una entrevista con un periódico españolque, para tener éxito, un mediador necesita tener 'la voluntad de entrar en el proceso manteniendo un perfil muy bajo, sin buscar ningún tipo de publicidad, ya sea para el proceso o para Noruega '. 

Adiós a las armas

Los dirigentes de las FARC han llegado a la conclusión de que podían continuar la guerra en la selva, pero que es imposible derrotar el poder del Estado. Las fuerzas armadas colombianas han ido teniendo cada vez más éxito contra la guerrilla gracias a las reformas que han aumentado su flexibilidad y movilidad y la utilización de equipos de alta tecnología.

Las FARC han perdido también el apoyo de amplios sectores de la sociedad. Tras la caída de la Unión Soviética, la decisión de China de unirse al sistema capitalista y la derrota de otros movimientos guerrilleros en América Latina, la idea de una revolución armada al estilo de los años 1960 ha perdido mucho de su atractivo. Los duros métodos de las FARC y sus vínculos con el tráfico de drogas duras han socavado su imagen hasta el punto que las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos y los campesinos que han sufrido la represión estatal y las acciones brutales de los grupos derechistas paramilitares ya no se sienten representados por las FARC.

Mientras tanto, cientos de organizaciones de la sociedad civil están trabajando como si el acuerdo de paz que ya estuviera firmado. Todo esto hace muy difícil para las partes en La Habana dar un paso atrás de las negociaciones, incluso aunque se rompan los acuerdos de alto el fuego.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por The World Today y se reproduce aquí actualizado, con ligeras modificaciones y con autorización. https://www.chathamhouse.org/publication/twt/peace-within-colombia-s-grasp