Plantas Prohibidas Justicia Ambiental en las Políticas de Drogas

El papel del cultivo ilícito de drogas en relación con estas fuentes de perturbación ambiental es un terreno inexplorado. Sin embargo, como se sostendrá en el presente informe, las drogas, al igual que las respuestas políticas a ellas, son una cuestión ambiental. Esta desconexión entre las políticas de drogas y medio ambiente es en gran medida consecuencia de limitar la cuestión de las drogas al ámbito del delito y la aplicación de la ley, sin que se amplíe su alcance a otras esferas relacionadas con el medio ambiente o el desarrollo sostenible. Las referencias al medio ambiente en las políticas de drogas siguen siendo aisladas y de alcance limitado

Esa situación está cambiando lentamente. Una resolución sobre el desarrollo alternativo adoptada en marzo de este año por la Comisión de Estupefacientes –el principal órgano de elaboración de políticas de drogas del sistema de las Naciones Unidas– dedicó atención especial a la protección del medio ambiente al alentar a los «Estados Miembros a que, en el marco de las actividades de desarrollo alternativo, examinen y hagan frente a los efectos dañinos en el medio ambiente del cultivo ilícito de plantas utilizadas para la producción de estupefacientes, que puede causar deforestación y contaminar el suelo y el agua, y aprovechen las oportunidades que ofrece el desarrollo alternativo con respecto a la conservación y la utilización sostenible del medio ambiente y la protección de la biodiversidad»6. El Informe Mundial de Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2022 incluirá por primera vez un manual especial sobre el vínculo entre las drogas ilícitas y el medio ambiente. Esto ocurre después de que la Dirección contra los Estupefacientes con sede en Viena ha organizado en los últimos años un creciente número de eventos paralelos oficiales sobre el tema de drogas y medio ambiente.

El presente informe, que se basa en investigación, trabajo de campo, entrevistas originales y una amplia revisión de literatura del TNI, procura aportar a este debate cada vez más importante de las siguientes formas:

• Examinar el nexo entre las drogas y el medio ambiente en relación con las trayectorias del cambio agrario y las repercusiones para la clase trabajadora rural, especialmente en el Sur global. Se reconoce que los que actualmente se consideran cultivos ilícitos en virtud del sistema de fiscalización internacional de drogas, a menudo tienen una larga historia de cultivo y uso tradicional por las comunidades rurales y los pueblos indígenas de todo el mundo. Además de los usos tradicionales desde hace mucho tiempo, muchas comunidades dependen de cultivos ilícitos para sus actividades de producción económica y reproducción social. Al mismo tiempo, estas comunidades rurales suelen correr un mayor riesgo de pobreza, marginación, discriminación y criminalización, y son las menos representadas en los espacios de elaboración de políticas y adopción de decisiones que les afectan. Es así que elevar las voces y puntos de vista de estos productores de cultivos ilícitos (o productores de plantas prohibidas) y de las comunidades de las que forman parte es un objetivo fundamental del presente informe.


• Cuestionar las políticas de drogas y las respuestas en materia de desarrollo en relación con el nexo entre drogas y medio ambiente. De las campañas de erradicación de los tóxicos que rocían la tierra con químicos, a los intentos de prohibición, que desplazan los cultivos ilícitos a ecosistemas más frágiles, las políticas de fiscalización de drogas han sido responsables, directa o indirectamente, de una serie de daños ambientales graves. Además, los programas de sustitución de cultivos, que ignoran que para millones de campesinos, pequeños productores, poblaciones sin tierra y trabajadores migrantes los cultivos de drogas son el desarrollo alternativo a los sistemas de comercio e inversión de los cuales o bien son excluidos o a los que han sido incorporados con resultados negativos, terminarán fracasando.


• Proporcionar materiales académicos y literatura del ámbito de la ecología política y los estudios agrarios críticos, entre otros, y aplicarlos al tema de las drogas y el medio ambiente para estimular un mayor intercambio entre estas dos esferas de investigación que, hasta hace poco, estaban separadas. Las drogas son un tema ambiental. Al defender este argumento, se espera que los responsables de la elaboración de políticas, los investigadores, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de ambos campos participen en un proceso de aprendizaje mutuo y de intercambio de conocimientos. A través de esta labor de trazar puentes, pueden confluir nuevas formas de solidaridad, activismo académico y cambio de políticas en torno a, por ejemplo, los movimientos por la justicia climática, la agroecología o los derechos campesinos e indígenas.

• Los impactos de las llamadas «plantas prohibidas» o cultivos ilícitos -fundamentalmente de coca, adormidera y cannabis- en el medio ambiente son motivo de preocupación. Según el contexto específico, han sido asociados en diferente medida con la erosión del suelo, la degradación de la tierra, la desertificación, el agotamiento de los recursos hídricos, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación y los desechos.


• A pesar de ello, las drogas no suelen considerarse un problema ambiental. No se las menciona en los acuerdos recientes sobre clima o biodiversidad, y en los círculos de políticas de drogas las cuestiones ambientales hasta hace muy poco solamente se debatían como un tema marginal. Esta desconexión se debe a que a nivel institucional se limita a las drogas al ámbito de los delitos y la aplicación de la ley.


• Una mayor coordinación entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), así como el papel destacado del equipo de tareas en apoyo de la aplicación de la posición común del sistema de las Naciones Unidas sobre la política de drogas pueden contribuir a fomentar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los compromisos mundiales para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.


• Se pueden forjar mayores sinergias al evaluar la política de drogas con respecto a un conjunto de indicadores transversales sobre clima y medio ambiente, además de los indicadores desarrollados en torno a los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo sostenible, entre otros. La introducción de instrumentos de gobernanza en materia de recursos naturales y derechos humanos, como las Directrices voluntarias sobre la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, puede resultar muy beneficiosa.


• La elaboración de una política de drogas ambientalmente sostenible debe surgir de un enfoque centrado en la justicia ambiental, que reconozca que las comunidades más pobres y marginadas, a menudo diferenciadas en función de clase, género o raza, son más vulnerables al daño ambiental. Este es especialmente el caso de las poblaciones del Sur global.


• En el ámbito de las políticas de drogas, esto significa que se debe tener especialmente en cuenta a quienes dependen de los cultivos ilícitos para su supervivencia económica y reproducción social, en los procesos de adopción de decisiones que les afectan directamente. También significa que, en lugar de centrarse en la persecución o criminalización de las personas sobre la base de los usos específicos de las plantas, se deben examinar los sistemas políticos y económicos de opresión, discriminación e injusticia que, en definitiva, provocan el daño ambiental.


• Cuestionar en forma crítica las políticas de fiscalización de drogas puede aportar beneficios ambientales importantes. Se debe poner fin a todas las formas de erradicación forzada -ya sea mediante la fumigación aérea o manual. Estas formas de erradicar las drogas han resultado contraproducentes y destruyen el medio ambiente, habida cuenta de las pruebas del conocido «efecto globo», mediante el cual el cultivo simplemente se traslada a otras zonas, a menudo ecológicamente más frágiles. Mientras tanto, la lógica de la prohibición también puede cuestionarse desde un punto de vista ambiental, debido al número de hectáreas que se «desperdician» como consecuencia de la destrucción del producto confiscado y el inevitable re cultivo que ocurre a continuación.


• En definitiva, la mejor forma de enfrentar el poder de las organizaciones narcotraficantes es quitarles la fuente de ganancias que proviene de la prohibición, mientras se fortalecen las formas de acceso y control comunitarios de los recursos para contribuir a contrarrestar la influencia de estos actores no estatales mediante protecciones especiales para los defensores del medio ambiente y los derechos humanos.


• En el ámbito del desarrollo alternativo se debe trazar un límite que deje claro que la sustitución de los cultivos ilícitos con monocultivos industriales u otros grandes complejos de agromercancías no deben ser formulados como programas de desarrollo alternativo. Por el contrario, esos programas deberían intentar promover y fortalecer activamente sistemas de producción sostenible basados en prácticas agroecológicas y regenerativas, combinadas con un amplio programa de reforma agraria que apoye a los mercados territoriales y un acceso y control más equitativos a los recursos naturales (tierra, agua, semillas, bosques, etcétera).


• Si bien en el marco de los programas de desarrollo alternativo hay oportunidades para aprovechar las fuentes de financiación para el cambio climático, también existen riesgos relacionados con los mecanismos de conservación basados en el mercado y la contabilidad del capital natural que promueven una mayor mercantilización de la naturaleza, en detrimento de resultados beneficiosos para la población más pobre. Las políticas públicas deberían recompensar modelos de justicia ambiental agraria y estrategias de conservación comunitarias basadas en principios de cocreación entre los seres humanos y la naturaleza.


• Las reformas en curso de las políticas de drogas, especialmente en relación con el cannabis, abren la posibilidad de elaborar estrategias orientadas al futuro para abordar cuestiones en torno a la sostenibilidad ambiental. La elevada huella de carbono asociada con el cultivo de cannabis de interior implica que, dentro de lo posible, se debería priorizar el cultivo al aire libre, especialmente en productores del Sur global.


• El establecimiento de normas ambientales a través de, por ejemplo, la certificación orgánica (incluidas las formas de certificación entre pares), el etiquetado ecológico, los sistemas de denominación de origen y el comercio justo deben y pueden asegurar la sostenibilidad ambiental en mercados regulados. Además, la investigación pública sobre agricultura y los bancos de semillas deberían procurar conservar la diversidad genética y las especies autóctonas.