Este informe contiene una sistematización de estadísticas en base a un análisis de las demandas de inversores extranjeros contra Estados de América Latina y el Caribe (ALC) hasta el 31 de diciembre de 2021.
Este informe contiene una sistematización de estadísticas en base a un análisis de las demandas de
inversores extranjeros contra Estados de América Latina y el Caribe (ALC) hasta el 31 de diciembre de 2021.2 Los principales resultados incluyen:
Durante los años 90, los países de América Latina y el Caribe (ALC) firmaron cientos de tratados internacionales que protegen a la inversión extranjera y otorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, incluyendo el de demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que sus ganancias han sido afectadas de alguna manera por las acciones de los gobiernos. Los países de la región tenían la expectativa de que la firma de estos Tratados bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) fueran decisivos en la atracción de inversión extranjera. Sin embargo, 30 años después la evidencia muestra que los TBI han estado lejos de ser un instrumento que contribuya a atraer inversiones y mucho menos a promover el desarrollo; por el contrario, han tenido efectos nocivos para los países de la región.
Los impactos negativos de los TBI son poco conocidos y debatidos, tanto en los círculos de políticos/as y parlamentarios/as como en la sociedad civil, la academia y los movimientos sociales.
Este informe pretende poner en evidencia los costos sociales y monetarios que deja el sistema de protección de inversiones y los arbitrajes internacionales como mecanismo de resolución de disputas entre inversores extranjeros y Estados.
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