En los últimos 10 años el Estado español ha recibido más demandas de arbitraje de inversión que cualquier otro Estado. Con 50 casos en total, es hoy el segundo país en el mundo con más demandas en tribunales arbitrales internacionales. Cada vez hay más dinero de las arcas del Estado en juego; no solo para pagar a los inversores las cantidades resultantes de los laudos, sino los costes de abogados y expertos, los gastos de administración del centro de arbitraje y los honorarios de los árbitros. Todas las demandas contra el Estado español se acogen a un acuerdo internacional de comercio y de inversión llamado Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
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El caso español es particular porque todas las demandas las inician inversores extranjeros atraídos por los incentivos generosos a las inversiones en energías renovables que el Gobierno español aprobó en 2007 y que revisó a la baja en los años siguientes. Pero esto no significa que las demandas por las renovables sean un argumento a favor del TCE, ni que este tratado vaya a promover la transición energética. Un examen detenido de las demandantes en el caso español muestra que casi la totalidad son inversores especulativos financieros o sociedades pantalla radicadas en Luxemburgo y Países Bajos, que poco o nada tienen que ver con una transición energética sostenible.
Más bien, los casos contra España ponen sobre la mesa algunos de los principales problemas del TCE, como la incertidumbre en torno a la interpretación de los estándares de protección a las inversiones, el trato privilegiado a los inversores en los tribunales de arbitraje y la posibilidad de aumentar la deuda pública o desviar recursos del Estado para pagar demandas millonarias a fondos especulativos por sus “expectativas legítimas”.
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