A la vez, el gobierno proseguía con la ‘racionalización’ – léase erradicación – de coca por parte de fuerza militar en las ‘zonas rojas’, las que quedaron fuera del ‘cordón tradicional’ acordado entre gobierno y cocaleros de los Yungas en 2008, que divide a las comunidades con registro y catastro de las que son ilegales, y también dentro de las zonas ‘verde’ y ‘amarilla’ en caso de que los productores registrados hayan excedido las extensiones permitidas (una hectárea por afiliado en la zona verde y un cato – 50 metros por 50 metros en este caso8 – en la amarilla). Varios productores resistieron la eliminación de su principal fuente de ingresos sin recibir nada a cambio, culminando en una confusa ‘emboscada’ en agosto 2018, donde resultó muerto un teniente del ejército en circunstancias nada claras; el ejército respondió disparando sobre productores de coca que estaban bloqueando un puente, con el resultado de la muerte de dos cocaleros que estaban trabajando el cocal y no movilizados, siendo uno de ellos no cocalero como tal sino un trabajador migrante de la provincia Muñecas. Franclin Gutiérrez no llegó ni cerca al lugar de los hechos, pero fue requerido por la justicia y se entregó – dijo, para evitar que la policía que rodeaba el Mercado diera lugar a otra intervención – el 27 de agosto 2018. Con esto, el rechazo de la mayoría de los cocaleros yungueños al gobierno del MAS fue sellado. El oficialismo hizo renovar la directiva de COFECAY (Consejo de Federaciones Cocaleras de los Yungas, que supuestamente tiene que imitar la Coordinadora de las Seis Federaciones del Chapare en ofrecer un liderazgo de unidad) en base a la asistencia obligada de carpeteros, y los ‘orgánicos’ respondieron eligiendo su propio COFECAY.
Las bases insistieron que mientras Franclin siguiera en la cárcel, tenía que seguir como Presidente de ADEPCOCA y no aceptar las ofertas del gobierno de liberarlo si renunciaba al cargo, rechazando que su vicepresidente, Gregorio Chamizo, le reemplazara. En consecuencia, Chamizo se unió al oficialismo y las demandas de CONALPRODC, mientras continuaba insistiendo que era vicepresidente de ADEPCOCA. El plan era, primero, armar paralelos en las 17 Regionales (las divisiones locales) de ADEPCOCA donde no existían ya, hasta tener una mayoría de las mismas, y luego ir a una nueva elección. Esto no resultó, ya que por ejemplo en Chulumani el intento de formar una Regional paralelo fue rechazado violentamente, pero otro elemento de la estrategia consistía en abrir un Mercado de Coca paralelo en La Paz e obligar a los carpeteros a asistir allí y no a Villa Fátima, para de esta manera estrangular ADEPCOCA quitándole el ingreso económico. Esto es ilegal bajo la Ley 906, que sólo reconoce un mercado de ADEPCOCA en La Paz, pero el Ministro Cocarico justificaba su resolución a favor argumentando que no era un ‘mercado’ sino ‘un centro de acopio’, en el mismo nivel que los galpones donde se vende la coca al por mayor en los pueblos del Chapare. Este ‘mercado’ iba peregrinando de un local alquilado poco apto o accesible a otro, pero todos con el aspecto fundamental en común: tanto carpeteros como ‘detallistas’, es decir mayoristas no productores de coca, que querían llevar el producto al interior, para recibir el sello de autorización tenían que haber comprado la coca de ese ‘mercado’. Llegando a junio 2019, cuando ADEPCOCA convocó a una asamblea en Villa Fátima, Chamizo con CONALPRODC convocó a otra en la Plaza Villaroel, donde conformaron un Comité Electoral para elegir una ADEPCOCA paralela. Esto se culminó el 31 de julio de ese año, cuando fue elegida – en una elección por aclamación amañada, pero lo mismo se acostumbra hacer en ADEPCOCA orgánica – Elena Flores, afroyungueña y carpetera que no posee cocal ni es afiliada en su comunidad de origen. Esa tarde, sus seguidores tomaron la construcción conocida como el Hospital Cocalero, pues fue construido con ese fin aunque hasta la fecha nunca ha llegado a funcionar, en la Calle 10 de Villa el Carmen, donde procedieron a instalar su ‘mercado’ paralelo.
Otro de los motivos para el ensañamiento del gobierno con Gutiérrez habría sido su anuncio intempestivo, y sin consultar con las bases, de que iba a presentarse como candidato por la Presidencia de la nación en 2019, que habría sido visto como una amenaza al MAS que buscó cómo anularlo. Sin embargo, otros y otras dirigentes de los Yungas no aprendieron la lección, sino varios renunciaron a sus cargos en ADEPCOCA, COFECAY o las Federaciones para candidatear con Comunidad Ciudadana (a la cabeza de Carlos Mesa) u otros partidos de oposición, debilitando el liderazgo.
En septiembre, ADEPCOCA de Flores inició la emisión de sus propios carnets de productor. Obviamente estos carnets, y no los emitidos por el directorio de Gutiérrez, eran exigidos a los carpeteros, y otras personas que pensaban que el gobierno pronto iba a reconocer sólo los carnets oficialistas también los obtuvieron, lo que no era difícil porque a diferencia de los ‘orgánicos’ no se controlaban las listas de afiliados ni pedían avales de la comunidad y la Regional para otorgar el carnet. Pero ya venían encima las cuestionadas elecciones nacionales de 20 de octubre 2019 y los posteriores conflictos a lo largo del país que desembocaron en la renuncia de Evo Morales y su huida del país. Los cocaleros de Yungas sólo participaron de paso en las movilizaciones mal llamadas ‘de pititas’, pues estaban concentrados en defender su Mercado de posibles intervenciones o asaltos por parte del otro bando, pero celebraron con júbilo la salida de Evo. A la vez, en las elecciones el MAS ganó en las circunscripciones de Yungas, con la única excepción de Chulumani que votó para Comunidad Ciudadana: haber renunciado a un cargo sindical para candidatear, lejos de ganar votos en base a una trayectoria de oposición, al parecer fue visto como muestra de oportunismo indigno de ser apoyado, y las agrupaciones o partidos de oposición tampoco tenían propuestas coherentes, sino seguían hablando del ’21-F’ (el referéndum de 2016) como si eso fuera un plan de gobierno.
El gobierno de transición cambió todos los Ministros y Viceministros, y durante un tiempo el Viceministro de la Coca fue ocupado por Franz Asturizaga, en reconocimiento de sus meses de sacrificado labor sin sueldo a la cabeza de las Autodefensas de ADEPCOCA, pero después de unos meses fue reemplazado por alguien sin vínculo con los Yungas (al fin la ‘cuota de poder’ era uso y costumbre, sin una base legal con que cuestionar tal nombramiento). Sí logró que DIGCOIN vuelva a sellar los permisos en la puerta de ADEPCOCA, con que la actividad comercial se normalizó, que era la única cosa que realmente interesaba e interesa a la mayoría de socios y socias. Pero pronto llegó la pandemia, y con eso unos tres meses donde fue suspendido toda salida o entrada a los Yungas excepto con productos de primera necesidad, es decir verduras y abarrotes, entre los cuales no figuraba la coca. La economía local se paralizó completamente. A partir de julio 2020 se reiniciaba el comercio de la coca, primero en base a cupos asignados por comunidad y por Central Agraria, donde unas dos personas tuvieron que salir a cargo de un camión cargado con cientos de taquis (bultos de 50 libras de coca) y ocuparse de su venta en el Mercado, eso para evitar aglomeraciones de gente. En las comunidades, desde noviembre de 2019 hubo una ola de sanciones económicas, a veces módicas pero otras veces cuantiosas, a los – básicamente carpeteros y sus allegados – que habían apoyado a CONALRPODC y a ‘Elena Virus’9, y varios eran depurados por no haber pagado; durante la época de los cupos también surgieron acusaciones de que los que apoyaron al MAS no tenían acceso a la cuota que les correspondía o que se impedía que ellos sacaran su coca. Poco a poco se flexibilizaba las restricciones, y en noviembre 2020 se celebró nuevas elecciones, con una victoria para el MAS aunque no tan contundente que en anteriores años, así que perdieron los dos tercios de los diputados que les daba un control aplastante de la Asamblea Plurinacional.
Pero el plan de tomar el control de las organizaciones sociales no cambió. El que fue dirigente del COFECAY oficialista, Rolando Canceno, pasó a ocupar el cargo de Viceministro de Coca. Autorizó el ‘mercado’ paralelo en otro lugar, el local de un sindicato de transportistas en el barrio de Qalajawira sobre la carretera a Yungas; era totalmente inadecuado para el gran flujo de coca, así que la mayor parte de las transacciones se realizaron en las aceras llenas de barro o en tiendas o locales a medio construir alquilados a los vecinos. Aunque no se atrevió a declarar que los carnets de Flores eran los únicos válidos en el control de la Rinconada para sacar coca de Yungas, hubo una serie de denuncias de funcionarios que – al parecer identificando a esos socios o socias que por su edad avanzada, pinta de ‘humildes’, etc. podrían ser amedrentados, o sino, aprovechando de que procedían de sectores notoriamente divididos – en repetidas ocasiones exigían esos carnets y si no los tenían, les decomisaron su coca. Franclin Gutiérrez fue liberado en noviembre 2019 y muchos consideraban que, dado que ya había sobrepasado su tiempo de gestión, era de ir de inmediato a elecciones, pero él y su directorio persistían en el cargo hasta noviembre 2021; la opinión general era que quisieron quedarse allí hasta recuperar el dinero gastado o perdido estando en la cárcel (no sólo entró Gutiérrez, sino su principal seguidor, Sergio Pampa) o cuidando el Mercado cuando no hubo ingresos, así que querían un año más con funcionamiento regular.
Después de la elección, Elena Flores hizo un intento débil de tomar el Mercado por asalto, repulsado sin dificultades, y luego presentó un amparo constitucional de dudoso fundamento alegando que ella era la Presidenta legal de ADEPCOCA y el recién elegido, Armin Lluta, tenía la obligación de entregar la institución a ella. Esto no prosperó, pero sí dio pie a procesar a Lluta. Hubo una corriente de opinión ‘ni Armin, ni Elena’, que ADEPCOCA debe ir a una nueva elección ‘de unidad’ aceptando candidatos de ambos bandos. Lluta tuvo el suficiente desprendimiento de aceptar esta propuesta y renunció para dar paso (en diciembre 2021) a una nuevo directorio, pero no así el bando de Flores, que organizó por julio de 2021 una elección que su propio comité electoral suspendió a mediodía por conflictos; nunca se publicó el conteo de votos, pero sí se proclamó como ganador a Arnold Alanes, quien anteriormente fue presidente del Comité Electoral que eligió a Flores. No todos los de su bando estaban de acuerdo con este resultado nada claro, e intentaron organizar en septiembre una asamblea para realizar una nueva elección, donde pelearon con los seguidores de Alanes: éstos luego partieron hacia Villa Fátima, con una escolta policial. Las pocas personas presentes en el Mercado – siendo fin de semana, hubo poco movimiento – no se percataron de sus intenciones y pudieron entrar directamente para tomar el control del edificio. Acudió allí el Ministro de Gobierno y expresó su reconocimiento de Alanes como Presidente de ADEPCOCA, aunque uno de los motivos para proponer la ‘elección de unidad’ era que el gobierno supuestamente iba a reconocer el ganador de aquel, dejando atrás el paralelismo. Los ‘verdaderos productores’ reaccionaron acuartelándose en el Hospital de la Calle 10, donde salieron a diario hacia el Mercado para ser recibido con gases por el cordón policial que lo resguardaba. Después de 15 días de enfrentamientos al fin encontraron tácticas como para aprovechar de su superioridad numérica y el 4 de octubre de 2021 ‘recuperaron’ el Mercado. Alanes estaba conduciendo ese día una asamblea en la cercana Plaza del Maestro, pero al ver el río de gente a punto de inundar el Mercado, él y alrededor de 500 personas que le acompañaron abandonaron el lugar sin intento de resistencia. De nuevo se normalizó la actividad comercial, y ya por inicios de 2022 el ‘mercado’ en Qalajawira, al igual que otro que Alanes anunció más arriba todavía en Urujara, dejaron de funcionar, aunque Alanes anunció que iba a abrir otro en un ex colegio alquilado al lado del terminal de donde se parte a Yungas, y recibió el apoyo de una parte de la organización de detallistas de Santa Cruz, quienes conminaron a sus afiliados a comprar exclusivamente de ese mercado y no de Villa Fátima, aunque en el momento de escribir (marzo 2022) aún no se observa movimiento en ese lugar.
En efecto, el mismo CONALPRODC ya ha entrado en el proceso de división, en parte debido a las actuales peleas faccionales dentro del MAS, donde unos apoyaron su ex presidente Freddy Velásquez, actual diputado plurinominal, y otros van con Gladys Quispe, diputada uninominal del MAS por los Yungas, en adición a las eternas quejas sobre el ‘informe económico’, de que los dirigentes salientes no han rendido cuentas de los ingresos – la misma queja con que iniciaron su ataque a ADEPCOCA orgánica. La división también sigue con mayor o menor vigor en algunas Federaciones y Regionales al interior de los Yungas, y no se vislumbra una pronta solución – al menos que el gobierno deje de una vez de reconocer, apoyar y ofrecer beneficios clientelares (acceso a proyectos, puestos para ex dirigentes de las organizaciones paralelas oficialistas) a organizaciones con apoyo minoritario y muchas veces condicionado, sea abiertamente como cuando los carpeteros tenían que ir no sólo a eventos de CONALPRODC sino a visitas oficiales de Evo a los Yungas bajo pena de multa o suspensión, o indirectamente como cuando un Secretario General de una comunidad, que quería ‘dejar obra’ para su gente, vio oportuno dejar de apoyar las movilizaciones para así conseguir ser aceptado por la autoridad municipal. Antes de la salida de Flores, en julio 2021 intentó llevar una asamblea en Coripata, que fue bloqueado por los pobladores con el saldo de la muerte de un policía, otra vez en condiciones nada claras, pero bastó para encarcelar al Presidente de la Regional Coripata, Daynor Choque, sin que haya sido enjuiciado hasta la fecha. Hay otros factores coyunturales, como la bajada del precio de la coca en meses recientes,10 que para muchos se debe a que existe una sobreproducción de coca debido a la ‘autorización’ de zonas por encima de la demanda, mientras otros lo atribuyen a la entrada de coca peruana debida al poco o nulo control que el gobierno ejerce en las fronteras (donde de hecho es notoriamente incapaz de suprimir el contrabando de todo tipo de mercancías, desde latas de sardina hasta autos indocumentados). Durante la pandemia se suspendió las acciones de racionalización de cultivos en Yungas, pero en 2022 se anunció que se iban a reiniciar, que apunta a una nueva ola de conflictos.
Creo que este resumen de los hechos basta para aclarar por qué los cocaleros de los Yungas, en su mayoría, se oponen a las políticas respecto a la hoja de coca implementadas por el MAS con y sin Evo Morales. Más que todo, rechazan la intromisión del gobierno en sus organizaciones, que ha provocado divisiones a todo nivel, hasta dentro de familias. Si bien hay motivos estructurales, como el desclasamiento de los carpeteros quienes luego se prestaban a los actos dirigidos a desestabilizar las organizaciones mayoritarios, que explican cómo y entre quiénes han surgido estas fracturas, es cierto que sin la promoción del gobierno no hubiera llegan a la división abierta.
El Chapare jamás se ha apartado del MAS, y ha recibido beneficios mucho mayores, desde cargos en el Senado para ex dirigentes del sector hasta la parte del león de todos los fondos de desarrollo alternativo y otros. Sólo un ejemplo: se impulsó la producción de cítricos como alternativa a la coca, y en consecuencia la naranja chapareña ha inundado los mercados de La Paz, causando que los yungueños dejaron sus huertas de cítricos porque no podían competir en la venta, quedando con la coca como único producto rentable. Visto desde los Yungas, esto se debe a que el gobierno tiene fines partidarios y políticos – hacerse del poder a todo costo – aunado a simpatías regionalistas debido a la trayectoria de su máximo dirigente, que según algunos sigue dirigiendo las políticas desde detrás del trono. Nunca era un gobierno cocalero, sino un gobierno chapareño y sólo coyunturalmente cocalero.
Notas:
1 Con la nueva Constitución de 2009, el país fue ‘refundado’ como el Estado Plurinacional de Bolivia.
2 Zona antigua de cultivos de coca en Cochabamba.
3 Plaza céntrica de La Paz, donde se encuentran los edificios de la Asamblea Plurinacional (antes el parlamento) y el histórico palacio presidencial.
4 Organización campesina del Altiplano conocida por apoyar al MAS.
5 Vehículo antimotines que dispersa a manifestantes con fuertes chorros de agua fría.
6 Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu, organización indianista fundada en 1997 con el propósito de reemplazar el sindicalismo agrario supuestamente de corte occidental volviendo a las estructuras de autoridades originarias.
7 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, fundada en 1979, que representa a nivel nacional los sindicatos agrarios que son la forma base de organización de la mayoría de las comunidades rurales, agrupando una diversidad de etnias y regiones.
8 ‘Cato’ es una medida de extensión tradicional que varia según la región, y en los Yungas corresponde a 2.500 metros cuadrados versus 1.640 metros cuadrados en el Chapare, variación que ha sido aceptado en la Ley 906.
9 El apodo que los opositores aplicaron a Elena Flores.
10 El precio de la coca fluctúa de mes a mes y hasta semana a semana, y acorde con la calidad del producto, pero si en 2021 el precio máximo al productor en finca llegaba entre Bs35 y Bs40 la libra, a inicios de 2022 no sobrepasaba Bs25 a Bs28.