Elecciones en Colombia La posibilidad de un cambio en la política de drogas

El próximo 19 de junio los colombianos asistirán a las urnas para definir, en segunda vuelta, al presidente de Colombia para el periodo 2022-2026. Luego de cuatro años de la administración de Iván Duque, que cierra su periodo presidencial con una desaprobación superior al 70 por ciento[1], hay una sensación de que las cosas no andan bien y, por tanto, es necesario un cambio. Así quedó demostrado en los resultados de la primera vuelta el pasado domingo 19 de mayo, en los que los candidatos Gustavo Petro – de la Coalición Pacto Histórico –y Rodolfo Hernández, - de la Liga de Gobernantes Anticorrupción – fueron elegidos para disputarse la presidencia en segunda vuelta, con un 40,32 por ciento y un 28,15 por ciento de votos, respectivamente.

Los candidatos, aunque desde orillas diferentes, son vistos como la posibilidad de renovar la política colombiana: por un lado está Gustavo Petro, quien lleva una trayectoria como senador de izquierda, desde donde ha mantenido un discurso de inclusión y apoyo a las minorías, con énfasis en la protección del medio ambiente, y ha sido pieza clave para desmantelar la relación entre el Estado y las mafias del narcotráfico; por otro lado, el ingeniero Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, encarna la figura del ‘outsider`, de centro, un hombre de negocios que ha acumulado un capital cerca a los 100 millones de dólares, y sus seguidores ven en él a una persona con mano dura para los criminales, cuyo capital es garantía de honradez, que habla sin tapujos, y se erige como un bastión de la lucha contra la corrupción.

En medio de las promesas de cambio de Petro y Hernández, la política de drogas aparece como un tema clave en esta campaña presidencial. Desde que inició la llamada “guerra contra las drogas” a nivel mundial, Colombia le ha apostado a la confrontación armada y a la prohibición como herramientas para la reducción de la oferta y el consumo. A pesar de las ingentes cantidades de dinero destinadas a la erradicación y la lucha contra el narcotráfico, y la constante presión de Estados Unidos por reducir los cultivos ilícitos, Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína en el mundo, según el 2021 World Drug Report[2]. Además, el narcotráfico es la fuente de financiación de grupos al margen de la ley, y los dineros de esta actividad han permeado varias esferas institucionales, en desmedro de la democracia y contribuyendo al desplazamiento y la perpetuación del conflicto interno.

Tanto Petro como Hernández coinciden en abordar el consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque de salud pública y proponen un cambio en la estrategia para combatir el tráfico ilegal de sustancias, a través de la regulación y programas de sustitución de cultivos. Sin embargo, existen diferencias sustanciales en la forma en que se entiende el origen del narcotráfico en el país; mientras Petro propone soluciones que atacan las causas estructurales detrás de los cultivos de uso ilícito, el candidato Hernández reduce el problema a un tema de oferta y demanda y propone la regulación como solución para acabar con el negocio ilegal.

A continuación, se plantean las principales propuestas de los dos candidatos en materia de políticas de drogas. Luego se presenta un panorama general de la política de drogas actual en Colombia, así como los avances y retrocesos del gobierno de Iván Duque en esta materia.  Por último, se analizan los cambios propuestos por Hernández y Petro para determinar si verdaderamente apuntan a un cambio del paradigma de prohibición.

Rodolfo Hernández y su apuesta por un país libre de drogas

“Hasta en Estados Unidos ya se comprobó que lo más peligroso de las drogas es la prohibición”, dijo en su cuenta de Twitter el candidato Rodolfo Hernández. A lo largo de su campaña, el ingeniero Hernández ha repetido que el tráfico de cocaína es la principal fuente de ingreso de las bandas criminales y para acabar con éstas basta con quitarle el control de la oferta a los carteles del narcotráfico, a través de la regulación. Sin embargo, su programa de gobierno no tiene un punto dedicado exclusivamente a la política de drogas, y las medidas para la lucha contra el narcotráfico, así como la producción, comercialización y consumo regulado de sustancias psicoactivas, son políticas complementarias de otras propuestas.

El consumo, por ejemplo, hace parte de su política de salud en la que propone “desarrollar un censo de adictos a sustancias alucinógenas”[3], para que los consumidores reciban una atención integral. Entendiendo la adicción como una enfermedad crónica, Hernández propone crear centros de atención para adictos con acompañamiento de expertos y suministro controlado de sustancias, como una estrategia para que el Estado tenga el control de la oferta. La idea con su plan de gobierno es quitarle “los consumidores a la droga y a las mafias del negocio”[4]. Esta propuesta, según su plan de gobierno, es también un “aporte diferencial y novedoso en la lucha contra el narcotráfico”, aunque no profundiza cómo aportaría esto al desmonte de los carteles. 

Aunque su programa no menciona explícitamente el tema de la regulación, el candidato aborda el tema desde la política industrial cuando menciona, por ejemplo, el cannabis medicinal como un producto de gran importancia para el país, atractivo para la inversión extranjera y que puede actuar como herramienta de sustitución de cultivos ilícitos. La coca y la amapola también se mencionan como parte de su política industrial que, junto al cannabis medicinal, son productos agrícolas que pueden transformarse y generar industria, con el efecto colateral de contribuir a la erradicación de cultivos de uso ilícito y afectar la financiación de los grupos armados al margen de la ley.

Gustavo Petro, hacia un cambio de paradigma

Contrario al candidato Hernández, el programa de gobierno de Gustavo Petro sí dedica un apartado especial al tema de drogas y menciona explícitamente un cambio de paradigma en la lucha contra lo que él llama “las economías ilegales”. El programa[5] menciona el fracaso del prohibicionismo y propone una agenda basada en derechos humanos para avanzar en un cambio de enfoque. En lo referente al narcotráfico, Petro habla un sometimiento judicial de las organizaciones criminales, a través de espacios de negociación judicial a cambio de la verdad, el desmonte de las actividades ilegales, y el uso de dichos recursos para la reparación de población. Al mismo tiempo propone la no criminalización de los cultivadores, ni su desplazamiento ni fumigación aérea. El programa explícitamente prohíbe el uso de glifosato.

Su política también da continuidad y cumplimiento al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), como parte del Punto 4 del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. Además, propone una política de sustitución de tierras para que el campesinado partícipe de los procesos de regulación como dueño del predio y de la cadena de producción, y otorgar ingresos seguros a los campesinos para eliminar la dependencia de la economía asociada a la producción de cocaína.

En su programa también habla de regular las plantas como la coca y sus usos derivados, a través de la investigación de sus propiedades medicinales, alimenticias e industriales. Asimismo, potenciar el desarrollo de la industria del cannabis, a través de un marco legal que privilegie y acompañe al pequeño productor para asegurar su participación en el mercado.

En cuanto al consumo, Petro habla de una política de educación, prevención, tratamiento y atención a las personas que usen sustancias psicoactivas, con un enfoque de reducción de riesgos y daños. También menciona la actividad física y la recreación como herramientas de prevención y apoyo de trastornos mentales y de consumo de sustancias.

El gobierno Duque y su apuesta por la guerra contra las drogas

La política de drogas a nivel nacional continúa con un enfoque prohibicionista y de confrontación armada. En 2018, con la llegada de Duque a la presidencia, se lanzó la Ruta Futuro[6], definida como la política integral para enfrentar el problema de drogas durante los cuatro años de gobierno. La política contiene cinco pilares fundamentales: reducir el consumo de sustancias psicoactivas, reducir la disponibilidad de droga, desarticular las estructuras criminales, afectar las economías y rentas criminales, y un último pilar denominado transversal, referido a la transformación del territorio y el tránsito hacia economías lícitas.

A pesar de que la Ruta Futuro contempla enfoques de derechos humanos, desarrollo humano y salud pública, un reciente informe de Elementa[7], organización que trabaja con políticas de drogas en Colombia y México, revela que la administración de Duque se ha centrado mayoritariamente en la reducción de la oferta, a través de la disminución de los cultivos de coca por medio de operativos de la Fuerza Pública. De los 4,4 billones del presupuesto destinado a la Ruta Futuro, dice el informe, el 95 por ciento de los recursos, es decir, 4,2 billones, se ejecutaron en el segundo pilar de la política: la reducción de la disponibilidad de droga. La mayoría de estos esfuerzos estuvieron centrados en operaciones de erradicación forzada y fumigación terrestre de cultivos que, según el ministro de defensa, Diego Molano, han sido erradicadas 350.000 hectáreas durante los cuatro años de Duque.

Por otro lado, el informe menciona que del total del presupuesto, 1,4 billones fueron destinados al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), contemplado en el Acuerdo de Paz y en el que estaban inscritas 188.000 familias que manifestaron su voluntad de sustituir los cultivos de coca[8]. Durante el gobierno Duque, sin embargo, se limitó el número a 99.097 familias, de las cuales el 81 por ciento recibió el total de los pagos pactados a cambio de la erradicación manual de sus cultivos, que suman 44.294 hectáreas. Además, sólo el 9 por ciento de las familias tienen un proyecto productivo en marcha y un 80 por ciento de las familias sobreviven con proyectos de pancoger[9].

Por lo anterior, la Agencia de Renovación del Territorio señaló que, luego de cuatro años, el PNIS se ha cumplido en un 56 por ciento, a pesar de que el cumplimiento de las familias inscritas en la erradicación voluntaria ha sido del 98 por ciento y la resiembra es de solo 0,8, es decir, familias que luego de la erradicación han vuelto a sembrar coca. Mientras tanto, el porcentaje de resiembra luego de las erradicaciones forzadas está entre el 50% y el 67 %, de acuerdo con el Alto Comisionado para la Paz.

El gobierno de Duque, además, ha insistido en retomar las fumigaciones aéreas con glifosato, a pesar de la negativa expresada por las comunidades y ha priorizado las jornadas de erradicación forzada, que han terminado en enfrentamientos con las comunidades, sobre todo en durante la época de pandemia[10]. El informe de Elementa da cuenta de 18 incidentes entre la fuerza pública y las comunidades, en los que murieron tres personas. Por eso llama la atención, según consta en el documento, que a pesar de que el PNIS reporta tales cifras de éxito, “no sea la estrategia en la que se centren los esfuerzos orientados a no solo reducir el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca, sino a asegurar alternativas económicas para las familias que han expresado su voluntad e interés de sustituir sus cultivos”.

Por último, Elementa advierte que las acciones de este gobierno en la lucha contra las drogas van en contravía del Acuerdo de Paz, “donde se estableció que la erradicación forzada sería la última medida ante la imposibilidad de llevar a cabo la sustitución voluntaria”.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir los cultivos de coca, el informe de 2021 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI)[11] para Colombia muestra que, si bien hubo una disminución de las hectáreas sembradas, los carteles han desarrollado métodos de procesamiento y nuevas variantes de tal modo que se puede producir más pasta de coca con los mismo insumos. Así las cosas, la producción de pasta base de coca pasó de 1.137 toneladas métricas en 2019 a 21.228 en 2020, aun cuando hubo una reducción del 7 por ciento de plantas de coca. Una prueba más de que las vías de facto no están solucionando el problema.

Aires de cambio en la política de droga en Colombia

En los últimos años, Colombia ha tenido cierto protagonismo en la discusión sobre drogas a nivel mundial, no sólo por ser uno de los mayores productores de estupefacientes en el mundo, sino por impulsar discusiones tendientes a buscar una estrategia distinta a la prohibición. En 2016, Colombia, México y Guatemala solicitaron a la Asamblea General de la Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS), una revisión al enfoque al tema de drogas de la comunidad internacional. La posición del gobierno colombiano en UNGASS fue la de proponer políticas de drogas basadas en la evidencia científica, enfocadas en el ser humano, el respeto a los derechos humanos y la salud pública, y el reconocimiento del fracaso de la guerra contra las drogas[12].

Entonces el país tenía un liderazgo en los debates internacionales sobre políticas de drogas, al tiempo que concretaba en el Acuerdo de Paz con las FARC un punto dedicado a la solución del problema de drogas[13], como elemento clave para la terminación total del conflicto armado interno. Además, en 2019 el ex-presidente Santos se posesionó como miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, y ha sostenido en varias ocasiones que a pesar de llevar años “luchando contra las drogas, estamos peor que antes”.

Algunas fuerzas políticas se han alineado con este mensaje y fue así como en 2016 se expidió la ley 1787, que regula el uso y la comercialización de cannabis medicinal en el país. Además, en los últimos cuatro años se han presentado 32 proyectos de ley o actos legislativos relacionados con políticas de drogas. De estos, el 66% han tenido un enfoque reformista y de derechos humanos, mientras que el resto tienden a continuar el enfoque prohibicionista. Lo anterior muestra una disputa de fuerzas de un sector empeñado en continuar con la confrontación armada en la lucha contra las drogas, y posturas que tienden a la regulación y a enfoques de derechos humanos y salud pública.

A continuación, se analizan las propuestas de los candidatos a la próxima presidencia de Colombia, para determinar cuál de los dos candidatos realmente propone un cambio de enfoque que permita acabar con décadas de confrontación o si, por el contrario, se trata de medidas que perpetúan la ineficaz “lucha contra las drogas”.

Cambio o sofismas de distracción

Como se ha dicho a lo largo de este documento, Petro y Hernández son los candidatos elegidos para disputarse la presidencia de Colombia en segunda vuelta, bajo la promesa de ser el cambio que la sociedad demanda. Y el tema de drogas, recurrente en toda campaña presidencial, también requiere un viraje que se aleje de posturas prohibicionistas que no han dado resultado.

En cuanto al consumo de sustancias, si bien la política de los dos candidatos tiene un componente de salud pública, en el caso de Rodolfo Hernández esta aparece como un apéndice de su política de salud más que una política robusta sobre el consumo. Su visión del consumidor es generalizadora y promueve la estigmatización al afirmar que “todos los consumidores son enfermos”, como dijo en una entrevista, en la que añadió que es el Estado el que debe suministrar la cocaína gratuita, hasta que su consumo desaparezca.

En primer lugar, el candidato supone que la cocaína es la única sustancia consumida por los colombianos, y que todos los que la consumen deben ser atendidos en un centro de atención especializada. Esta afirmación también deja ver el desconocimiento del candidato sobre los patrones de consumo en Colombia, que de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Consumos de Sustancias Psicoactivas[14], la marihuana es la sustancia ilegal más consumida por los colombianos, con un 8,3% de los encuestados, seguido por la cocaína, con 2,1%. Además, al tratar a los consumidores como enfermos está reforzando el estigma que ha recaído en los consumidores, desconociendo que no todo el consumo es problemático. De hecho, en la Encuesta del Dane, sólo el 2,6 % de las personas encuestadas informó que en el último año sintieron la necesidad de recibir ayuda para dejar de consumir alguna sustancia psicoactiva, que incluye también al tabaco y el alcohol.

En el caso del candidato Petro, su política sobre el consumo se enmarca en los principios de reducción de riesgos y daños, y propone la descriminalización de los consumidores. El candidato propone la ampliación de los CAMAD, Centros de Atención Médica a Drogodependientes, un modelo que implementó durante su mandato como alcalde de Bogotá entre 2012-2015, que buscaba la asistencia, acompañamiento y suministro controlado de drogas a consumidores problemáticos o en situaciones de riesgo. Este enfoque supone una visión más humana y menos represión policial al consumo[15]. 

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, sorprende la falta de una política clara por parte del ingeniero Hernández, a pesar de los impactos que ha tenido el tráfico ilegal de sustancias en el recrudecimiento del conflicto, la violencia, el desplazamiento y el medio ambiente. La propuesta de Hernández de atacar las bandas criminales quitándoles los ingresos de la venta de cocaína, simplifica el problema y desconoce las causas estructurales que han llevado al campesinado colombiano a sembrar coca o cannabis como única fuente de ingreso. En sus más recientes declaraciones sobre el tema, Hernández dijo: “Si a los drogadictos les entregamos la droga gratis, sea intravenosa, sea por aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda. Nadie vuelve a comprar”. Estas declaraciones dan cuenta del desconocimiento del candidato, quien limita el negocio del narcotráfico al consumo nacional, ignorando que sólo el 2% de la producción de cocaína se queda en Colombia.

Además, Hernández aún mantiene la idea de un mundo “libre de drogas”, cuando dice: “¿Para qué compro si me la regalan? Y si no compran, porque se la regalan, la oferta se acaba y se acabó la droga”. Esa idea de un mundo libre de drogas recuerda al discurso de Richard Nixon, en 1971, cuando declaró la “guerra contra las drogas”, y que ha sido la base en la que se ha fundamentado el enfoque represivo de la política de drogas en el mundo.

Por otro lado, la propuesta de Petro de ofrecer espacios de negociación judiciales a las estructuras criminales se aleja de la perspectiva represiva, y no sólo se dirige a los pequeños eslabones de la cadena del narcotráfico sino a los financiadores y las estructuras con gran capital. Su política también habla de verdad y reparación en este proceso, un aspecto clave para la no repetición de delitos. Además, su propuesta entiende las raíces estructurales que han llevado al campesinado a dejar las economías legales por las ilegales y enmarca la lucha contra el narcotráfico dentro de su propuesta de reforma agraria. “La primera condición para ser eficaz en la lucha contra el narcotráfico es que Colombia debería industrializarse y empoderar su agricultura ya que ambos conceptos están ligados”, ha dicho Petro en reiteradas ocasiones. Por esto ha insistido que más allá de una sustitución de cultivos, se requiere una sustitución de tierras en la que el campesinado sea titular del predio y de los medios de producción. “La reforma agraria, vista como sustitución de tierras, como priorización de campesinado y como modelo de desarrollo agrario sustentado en los alimentos, es una forma de debilitar al narcotráfico”, expresó Petro en una entrevista para el periódico El Espectador.

Aunque los dos candidatos han hablado de la regulación como un mecanismo para la sustitución de cultivos, en el caso de Rodolfo Hernández no hay indicios de cómo se haría esa regulación, si contempla otras plantas más allá de cannabis, y cómo sería la participación de los pequeños y medianos campesinos en este proceso. Tampoco habla de mecanismos de protección del campesinado y, por el contrario, ve la regulación más como un negocio ideal para la llegada de capitales extranjeros y multinacionales. La propuesta de Petro, en cambio, sí habla de un marco legal en los procesos de regulación de distintas plantas, en las que se privilegie a las familias productoras para asegurar que los pequeños cultivadores participen del mercado, y evitar la cooptación de este por parte de las multinacionales. También habla de procesos de capacitación y apoyo técnico para volver al campesinado competitivo en los mercados que resulten de la regulación.

Uno de los errores de la regulación del cannabis medicinal es que dejó por fuera a miles de pequeños y medianos campesinos, pues las condiciones de acceso, los costos de financiación y los altos estándares de producción y manufactura, fueron impedimentos para acceder a una licencia. Hoy, el 70 por ciento de las licencias de cannabis medicinal están en manos de las grandes compañías extranjeras[16].

Por otro lado, mientras Petro ha repetido que el campesinado no será fumigado, ni desplazado, y apoya la sustitución voluntaria, Hernández mantiene la erradicación de cultivos de uso ilícito. Asimismo, en su defensa del medio ambiente, el programa de Petro es categórico al afirmar que durante su gobierno no habrá glifosato ni ninguna otra sustancia tóxica que tenga un impacto en la diversidad o las fuentes de agua. “Ni por el chiras” dijo Petro en un foro, una expresión coloquial que denota su posición categórica sobre no usar este herbicida. Hernández, por su parte, aunque ha dicho que no usaría glifosato, en otras entrevistas ha condicionado su uso a los costos que este tenga. Esto genera dudas sobre la posición del Hernández sobre el uso de este herbicida, suspendido en 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes. En 2017, la Corte Constitucional impuso seis condicionamientos para reanudar las fumigaciones aéreas, al considerarla una práctica con potenciales daños para la salud humana y el medio ambiente.

Y es que una de las falencias del candidato Rodolfo Hernández es la falta de coherencia en su discurso. Hernández habla, por ejemplo, de dar pleno cumplimiento al proceso de paz, a pesar de haber votado No al plebiscito que daba legitimidad a los acuerdos de Paz de La Habana. Luego en una entrevista reciente dijo que había votado Sí al plebiscito, lo que siembra dudas de la veracidad de sus intenciones. Su discurso también es ambivalente, y parece que cambiara al vaivén de los sondeos de opinión como sucedió con los comentarios machistas, en los que evidenció una mirada patriarcal de las relaciones con las mujeres, y ante la avalancha de críticas, Hernández dijo que había sido malinterpretado y que sus afirmaciones habían sido sacadas de contexto.

En cambio, el programa de gobierno de Gustavo Petro insiste en un enfoque de género diferenciado, primordial a la hora de hablar de los impactos de la guerra contra las drogas, en la que muchas mujeres han terminado en la cárcel por delitos relacionados con el tráfico de sustancias.

También dice mucho los apoyos que han recibido los candidatos, en relación con la política de drogas. En el caso de Hernández, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez expresó desde el momento mismo de su derrota en la primera vuelta su respaldo a Rodolfo Hernández, así como la mayoría del partido Centro Democrático, partido del presidente Iván Duque y seguidores de las ideas del expresidente Álvaro Uribe. Aunque Hernández aún no reconocido una unión con el Uribismo, y ha repetido que su candidatura representa el discontinuismo del gobierno Duque, la cercanía de este partido puede ejercer presión para continuar con el enfoque prohibicionista que ha caracterizado a ese partido político y que ha .

Por el contrario, algunos personajes políticos que manifestaron su apoyo a Petro, han promovido también proyectos de ley con miras a la regulación y a enfoques más humanos. Es el caso de Iván Marulanda, actual senador y ponente del proyecto de ley 236 de 2020, que propone un marco regulatorio para la producción, comercialización y consumo de la hoja de coca y de sus derivados, incluyendo la cocaína. También está Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud en la administración de Juan Manuel Santos, y quién ha insistido en la regulación como herramienta de salud pública. Además, Gustavo Bolívar, miembro del Pacto Histórico, es uno de los ponentes del proyecto de ley que busca establecer un marco de regulación y control del cannabis de uso adulto[17].

Una falla de ambos candidatos es que no han tenido en cuenta el ámbito internacional en las discusiones sobre drogas. Si bien Petro ha hablado de establecer negociaciones con Estados Unidos para establecer una agenda de cooperación distinta en la lucha contra las drogas, los compromisos de Colombia van allá de las relaciones con EU. Colombia es parte de los tratados de drogas de la ONU, así como de otros mecanismos multilaterales. Parte de la legislación colombiana se rige por los convenios internacionales de control de sustancias, y por eso la regulación debe tener en cuenta estos compromisos.

Ninguno de los candidatos habla, por ejemplo, de establecer enmiendas a los tratados multilaterales o la modificación Inter se, una opción contemplada en la Convención de Viena para revisar los tratados entre algunos Estados, lo que abriría la posibilidad de comercio internacional entre los estados partes, y en los que los pequeños agricultores pueden tener una participación en el mercado[18].

De acuerdo al análisis de las propuestas, Petro tiene una mejor compresión del narcotráfico y la regulación de toda la cadena de producción de sustancias consideradas ilícitas. También se rescata la importancia que da Petro en su programa de gobierno a los saberes y usos ancestrales. Este componente es imprescindible a la hora de diseñar políticas de drogas, que históricamente han partido de miradas colonialistas, negando los usos tradicionales de plantas en distintas comunidades del Sur Global. Hoy estos procesos de colonización también se ven en las iniciativas de regulación, que privilegian el capital extranjero y ven a los países productores como simples abastecedores de materia prima.

Por todo lo anterior, la política de drogas debe ser, y ha sido, un componente primordial en las campañas presidenciales y los programas de gobierno de los candidatos. Por eso llama la atención la simplificación que hace Hernández del tema y la falta de propuestas concretas y conocimiento sobre el tema. En términos de políticas de drogas, Petro aparece como un candidato con mayor entendimiento del asunto, y su programa contiene propuestas claras que tienden, según sus propias palabras, a un cambio en el paradigma de prohibición.

Las votaciones del pasado 29 de mayo fueron un claro rechazo a los partidos que han gobernado Colombia en los últimos 20 años, en especial al gobierno de Duque, del que se percibe un retroceso en términos de seguridad, luego de la firma del Acuerdo de Paz. La sensación es que los mecanismos contemplados en el Acuerdo de Paz para la mitigación del conflicto, no fueron implementados, y la renuencia del gobierno a cumplir con los compromisos de La Habana se han traducido en aumento de líderes sociales asesinados, aumento de cultivos de uso ilícito, y fortalecimiento de bandas criminales.

  De allí la importancia de adoptar un enfoque distinto, que dé soluciones a un problema que lleva más de 50 años y que, como quedó consignado en el punto 4 del Acuerdo de Paz, es un asunto clave para la terminación total del conflicto colombiano.