Barcelona, 22 de marzo, Día Mundial del Agua – Frente a las carencias de la privatización, ciudades y ciudadanía en Cataluña se han movilizado para recuperar el control público y democrático de los servicios del agua, mejorando la calidad y accesibilidad de estos.
En Terrassa, ciudad catalana de aproximadamente 200 000 habitantes, más de 4000 personas tomaron las calles para celebrar el cambio de tendencia en los servicios de agua en vísperas del Día Mundial del Agua. Terrassa encabeza el movimiento de remunicipalización del agua de Cataluña. Es la mayor ciudad de la región que ha retomado el control público de sus servicios de agua.
La compañía privada Mina-Agbar ―del grupo Agbar, subsidiaria del gigante francés del agua Suez― controlaba los servicios del agua en Terrassa desde 1842. Agbar, de hecho, controla el 90 % del mercado privado del agua en Cataluña y le preocupa que Terrassa se convierta en un ejemplo para otros municipios. El 9 de diciembre de 2016, a pesar de una campaña de acoso por parte de Mina-Agbar para impedir la remunicipalización, 20 de los 27 concejales municipales votaron a favor de esta.
La ciudad se dispone a parar los recientes incrementos de precio y reinventar la titularidad y gobernanza del agua pública en los meses venideros. El control directo debería permitir a la ciudad conseguir sus objetivos de estabilizar las tarifas, mejorar la calidad y eficiencia del agua, y aumentar las inversiones en infraestructuras.
La capital catalana, Barcelona, está a la vanguardia del debate sobre cómo democratizar los servicios públicos y la gobernanza local. El 21 de marzo se celebró la conferencia ‘El agua, un bien común’, organizada conjuntamente por Enginyers Sense Fronteres, el Gobierno de la ciudad de Barcelona y Barcelona en Comú, una plataforma ciudadana que gobierna la ciudad de Barcelona desde 2015 y que prioriza la justicia social, los derechos comunitarios y la democracia participativa.
Concejales, miembros de la sociedad civil y de la academia, y operadores del agua discutieron temas básicos como posibles formas de promover una participación social real y efectiva. Por ejemplo, ¿qué información debería ser pública con el fin de que se pueda exigir responsabilidades a los cuerpos directivos de las empresas? ¿Cuáles deberían ser los criterios para elegir a los representantes civiles en un observatorio independiente? ¿Cómo puede influir la participación social en la toma de decisiones? ¿Y cómo podemos desarrollar un debate de base relevante más allá de la representación elegida?
El Día Mundial del Agua de este año coincidió también con el lanzamiento de una red catalana de operadores públicos y organizaciones de la sociedad civil. Terrassa y Barcelona son dos de las siete ciudades que impulsarán esta red, que pretende apoyar a las ciudades que tienen la intención de remunicipalizar los servicios del agua, aprender de otras experiencias y desarrollar buenas prácticas de gestión pública y participativa del agua.
Durante la conferencia, el Ayuntamiento de Barcelona ―a través de la compañía municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. (BCASA)― se adhirió a la Asociación Europea de Operadores Públicos de Agua, Aqua Publica Europea. Esta medida sirve de advertencia a la compañía privada del agua Aigües de Barcelona ―parte del Grupo Agbar―, puesto que está obstaculizando todos los esfuerzos civiles y municipales para remunicipalizar los servicios del agua de Barcelona. Agbar ha disfrutado de su posición dominante y ha suministrado los servicios del agua en Barcelona desde 1867.
Como en Terrassa, Barcelona en Comú tiene a la población de su parte, junto con cada vez más ciudades vecinas. Ocho de nueve municipios vecinos han aprobado ya mociones a favor de la remunicipalización de los servicios del agua, gobernados en el ámbito del área metropolitana. El apoyo creciente a la remunicipalización del agua da aún un mayor impulso a la tan esperada decisión de los tribunales. El veredicto debería determinar si la falta de una licitación pública prueba la ilegalidad del contrato de Agbar, lo cual allanaría el camino para la remunicipalización.
El agua no es el único servicio que Barcelona remunicipaliza. En 2016, el Ayuntamiento remunicipalizó la asistencia domiciliaria, ya que el servicio privatizado no proporcionaba un servicio bueno, estable y de calidad. Después de la remunicipalización, aunque los costes no variaron, los cuidados y la tecnología se coordinaron mejor y se crearon 40 puestos de trabajo. El Ayuntamiento también ha remunicipalizado tres guarderías y el servicio de atención a las mujeres que son víctima de violencia doméstica.
Aparte de la remunicipalización, Barcelona en Comú está creando servicios públicos locales, como tres nuevos colegios públicos, una compañía municipal de energía y una empresa funeraria de propiedad pública. Esta última ha creado 300 empleos de calidad, una reducción de costes del 30 % y servicios funerarios más accesibles y asequibles. Según el Ayuntamiento, los buenos servicios públicos municipales van de la mano del dispositivo de participación social, con el fin de asegurar que el servicio cubre, ante todo, las necesidades de las personas.
En Barcelona, como en otras muchas ciudades, la remunicipalización de los servicios públicos supone mejorar la calidad la accesibilidad de estos. La participación social es clave para cumplir este objetivo. Como declaró Luis Babiano, de la Asociación Española de Operadores del Agua Pública (AEOPAS): “La participación no es un obstáculo, sino que forma parte intrínseca de un sistema público. Es la manera de mejorar los servicios básicos”.
Al principio del mes de abril, Barcelona en Comú lanzó una iniciativa legislativa con el fin de fomentar la participación pública y la influencia política: la iniciativa pretende promover canales de comunicación entre la población y el Ayuntamiento, y dar a los ciudadanos la oportunidad de participar en las decisiones en torno a los servicios públicos y la política local. Permitirá a los ciudadanos promocionar acciones municipales de interés público. Pronto, cualquier persona que tenga un mínimo de 16 años podría impulsar y presentar consultas populares que cuenten con el apoyo de entre 9000 y 15 000 firmas.
El movimiento a favor de unos servicios públicos sociales y democráticos, en España y Europa, crece a medida que los beneficios públicos reales de la remunicipalización y la democratización de dichos servicios, como la reducción de tarifas y el ahorro de costes, se hacen tangibles en lugares como Terrassa y Barcelona.
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