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Noticiero Universal - Bruselas defiende a capa y espada su remodelado mecanismo arbitral para resolver disputas entre inversores y estados, pero los datos demuestran que su predecesor, con el que comparte ADN, sigue permitiendo que grandes multinacionales fuercen a los estados a gastar millones de euros de dinero público en defenderse de sus demandas ante árbitros privados, y no ante sus respectivos tribunales.
Entre 2016 y 2017 España ha escalado una posición y ya es el tercer país con más procesos abiertos: 36
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Como documenta el estudio Cuando la Injusticia es negocio, elaborado por el Observatorio Corporativo Europeo y el Transnational Institute en noviembre de 2012, el monto de dinero que deben destinar los estados para costear estos procesos se ha incrementado considerablemente, como ocurre con el número de demandas interpuestas.